Miércoles 29 de mayo 2024

Caso Londras: Periodistas luchan contra la impunidad en un proceso con muchas irregularidades



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El Deber.- El 28 de octubre de 2021 marcó un antes y un después en la vida de siete trabajadores de la prensa. Ese día fueron emboscados, detenidos y amenazados de muerte por encapuchados armados con escopetas que los tuvieron secuestrados durante más de siete horas, en la propiedad Las Londras del municipio de El Puente, que pertenece a la provincia cruceña Guarayos.

Percy Suárez, periodista de ATB, aún vive con los traumas que le dejó este terrible hecho que puso en riesgo su vida y vulneró de un modo especialmente drástico la libertad de expresión y de prensa.

“Lo que nos sucedió no se borra, no se borra porque nosotros tenemos memoria imborrable, no es como un teléfono del que podemos eliminar sus archivos. Nosotros somos humanos que vivimos en carne y hueso esos maltratos. Y cuando toco el tema se me vienen a la mente esas siete horas de secuestro”, dice con la voz entrecortada.

Percy hace una pausa e intenta continuar, pero una mezcla de emociones se lo impide. Las lágrimas humedecen sus ojos y dice sentirse impotente porque la justicia no ha actuado de manera imparcial en este caso, pues los cinco acusados de este proceso siguen libres “y son protegidos por el partido del Movimiento al Socialismo (MAS) porque siguen avasallando tierras”.

Además de Percy Suárez, que realizaba la cobertura para la red televisiva ATB, los equipos de prensa de Unitel (Silvia Andrea Gómez López y Sergio Luis Martínez Galarza), de la Red Uno (Mauricio Égüez Simoné y Nicolás Alejandro García Iriarte), de PAT (Róger Ticona) y de El Deber (Jorge Alberto Gutiérrez Ávila) llegaron al predio Las Londras, ubicado en el municipio de El Puente de la provincia cruceña Guarayos. Un día antes se habían registrado enfrentamientos entre trabajadores de las haciendas y avasalladores, dejando un saldo de cuatro personas heridas de bala.

Eran 20 personas las que integraban la comisión que llegó a la hacienda el 28 de octubre de 2021, pero solo Ticona, de la red PAT, y dos empresarios lograron escapar en un vehículo hasta una pista donde abordaron una avioneta que, cuando estaba a punto de despegar, fue atacada por los encapuchados que empezaron a disparar con armas de fuego para intentar derribarla. Esta aeronave llegó al aeropuerto El Trompillo y quienes escaparon pudieron pedir ayudar y hacer público este caso.

Las 17 personas que no pudieron huir, entre ellas seis periodistas, cuatro policías y siete trabajadores de Las Londras, fueron puestas boca abajo y recibieron varias patadas por parte de los encapuchados. A los trabajadores de la prensa les quitaron dos cámaras que las tiraron al suelo y las dañaron con disparos en su afán de eliminar el registro en imágenes de su brutal accionar. Los uniformados, incluido el comandante de la Policía de la Chiquitania, Rolando Torrico, quedaron inconscientes tras la agresión y fueron despojados de sus armas reglamentarias.

“Por un momento creí que no saldría vivo de allá. Fueron horas de mucha tensión y cuando por fin nos liberaron, se me volvió el alma al cuerpo”, dijo Jorge Gutiérrez, fotoperiodista de EL DEBER, tras salir de Las Londras.

La periodista de Unitel, Silvia Andrea Gómez, era la única mujer entre los 17 plagiados, pero para los encapuchados eso no hizo la diferencia: la golpearon con la misma violencia. Luego la llevaron junto a las demás víctimas a un galpón donde había unos 80 interculturales y ninguno de ellos intentó defenderla, más al contrario, la siguieron amedrentando diciéndole que “la iban a quemar viva”.

Solo dos periodistas, de los seis afectados, pudieron ser evaluados por sicólogos de la unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. En las conclusiones de las evaluaciones, se detalla que producto del secuestro sufren de “ansiedad, temor, tristeza y que están en riesgo de padecer sintomatología psicosomática”.

Algunos de los trabajadores de la prensa afectados, que pidieron guardar su nombre en reserva, comentaron que sus propios medios les prohibieron dar declaraciones sobre el secuestro que vivieron en Las Londras por considerar que se “volvió político”. Tampoco acudieron a la evaluación sicológica porque tuvieron que retomar la rutina y su recargado horario de trabajo no les deja tiempo para procesar el trauma.

Otros optaron por el silencio porque fueron amenazados y temen por la seguridad de sus familias, puesto que “gente extraña o vehículos desconocidos” los han seguido hasta sus domicilios en varias oportunidades y la Fiscalía no les ha brindado garantías.

Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es un problema de salud pública y ha establecido que experimentar situaciones de naturaleza traumática conlleva la posibilidad de generar estrés postraumático, ansiedad, depresión, somatizaciones, consumo de alcohol y drogas. De ahí la importancia de una valoración adecuada.
 

Derechos vulnerados

Por este caso, que cumple un año y siete meses el domingo 28 de mayo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía abrieron un proceso, luego de que los afectados presentaron una denuncia formal. Sin embargo, Roberto Méndez, el presidente saliente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, cuestionó que la Policía haya intervenido Las Londras 72 horas después del violento secuestro.

“Nosotros solicitamos inmediatamente que se haga un operativo en Las Londras para capturar a los autores del secuestro, pero este operativo demoró casi 72 horas. Desde luego no encontraron a ningún encapuchado cuando llegaron, pues solamente había un gallo, una máscara y una capucha en el lugar”, lamentó.

Méndez señaló que en este hecho se vulneró principalmente el derecho a la vida de los 17 afectados, seguido del secuestro, que atenta a la libertad y a la dignidad. A esto se suman las vulneraciones contra la libertad de expresión y de prensa.

Además, observó que este secuestro fue planificado por una organización irregular armada, que es respaldada por grupos afines al MAS, que se dedica a avasallar tierras en la Chiquitania.

Agregó que con este mismo modo de operar se cometieron varios ataques, entre ellos el que cobró relevancia en septiembre de 2021, cuando emboscaron a un contingente policial que acababa de desalojar un asentamiento ilegal en el predio Santa María, a 45 kilómetros de Ascensión de Guarayos. En esa oportunidad tres uniformados fueron heridos de bala y se incendiaron vehículos oficiales.

Méndez opinó que en estos casos la Policía “fue rebasada”, por lo que solicitó ayuda a las Fuerzas Armadas para intervenir Las Londras y para ejecutar las dos órdenes de aprehensión que quedaron sin resolver, pero no hubo respuesta pese a que se envió cartas a los ministerios de Gobierno y de Defensa.

“En este caso, existen dos mandamientos de aprehensión que la Policía no ha ejecutado. Si no los ejecuta, incurre en el delito de incumplimiento de deberes (…) Vemos que no hay intencionalidad de la Policía por capturar a estas personas, no se ha hecho un megaoperativo como en otros casos y no sabemos si están buscando a los prófugos”, lamentó.

La violencia contra periodistas afecta los derechos a la integridad personal, a la vida, a la libertad de pensamiento y expresión de los propios periodistas, pero también de toda la sociedad. Asimismo, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de los responsables constituye una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de las personas afectadas y sus familiares.

Captura de los acusados

El 24 de noviembre de 2021, fue aprehendido Hebert Sixto Canaza Sacaca en la localidad de Los Troncos de San Julián, en un dificultoso operativo en el que hubo intercambio de disparos. Canaza es considerado uno de los cabecillas de los encapuchados y es un dirigente del MAS, de acuerdo a las investigaciones policiales y de las víctimas.

De este operativo escaparon Nicolás Ramírez Taboada y Paulino Camacho Vedia, este último estaba enmanillado, pero logró burlar a los policías y abordar un vehículo para escapar y en su fuga casi atropella al fiscal del caso Roberto Ruiz, según informó el fiscal departamental, Róger Mariaca.

“La información que tenemos por parte de los mismos fiscales asignados al caso es que fueron amedrentados, que se habrían hecho disparos al aire y han recibido (proyectiles) sus motorizados. Estos disparos fueron (realizados) por parte de las personas que lograron escapar (…) Paulino es el nombre de uno de los que realizó los disparos”, explicó Mariaca en aquella oportunidad.

Horas después de su fuga, Paulino Camacho lideró un grupo de personas que tomó una comisaría de San Julián y encerró en una celda a un sargento y al comandante de ese municipio, Nicanor Corcuy, para pedir que se libere a Canaza, lo cual no sucedió. Además, dio una conferencia de prensa en la que señaló que "intentaron detenerlo por la fuerza" sin mostrarle un mandamiento de aprehensión, pero no explicó cómo se quitó las manillas policiales.

Paulino Camacho fue capturado por agentes de la Felcc el 11 de febrero de 2022 cuando se encontraba por la Terminal Bimodal de la capital cruceña. Fue identificado por Percy Suárez como el encapuchado que le apuntó con una escopeta para que deje de filmar la emboscada y acusado de ser el cabecilla de la toma a una comisaria por el comandante Corcuy, quien, en su informe presentado al Comando de la Policía de Santa Cruz, lo describe como una persona altanera y reacia a negociar.

“Estoy vivo y la estoy contando porque Dios es grande. El señor que habló hace rato (Paulino Camacho) es el que me apunta y le dispara a mi cámara y no solo eso, otra persona me da un ‘cachazo’ en la cabeza y me hace soltar la cámara”, relató Suárez, entre lágrimas, en la audiencia virtual en la que Camacho fue enviado a la cárcel, el 14 de febrero de 2022.

Nicolás Ramírez Taboada fue capturado y enviado a la cárcel el 24 de julio de 2022. Este fue identificado por las víctimas como la persona que, bajo amenaza de muerte, hizo firmar a los secuestrados un libro de acta en el que se comprometían a no denunciar el hecho, para poder ser liberados el 28 de octubre de 2021.

"El peligro para mí son los periodistas, ellos están favoreciendo a las empresas", dijo el imputado en su audiencia y alegó que no participó de la emboscada en Las Londras, pues señaló que no existe una fotografía que lo compruebe.

Estas tres personas que quedaron detenidas en la cárcel de Palmasola, fueron luego liberadas, con arresto domiciliario, por el juez de Guarayos, Roberto Hurtado, a quien denuncian los periodistas de retardar el proceso por suspender en reiteradas oportunidades audiencias para beneficiar a los acusados.

Martín Tejerina Viillalobos y Nicolás Ramírez Taboada, son los otros dos acusados en este proceso, los mismos que fueron declarados rebeldes porque la Felcc no pudo detenerlos. Ambos son identificados por las víctimas, como los sujetos que desarmaron a los cuatro policías luego de agarrarlos a “palazos”.

EL DEBER intentó tener la versión del abogado de los acusados del secuestro en Las Londras, César Cardona, pero no contestó las llamadas y no se pudo contactarlo. Sin embargo, en entrevistas anteriores negó rotundamente que sus defendidos hayan participado en el violento hecho.

La abogada de los periodistas afectados, Raquel Guerrero, cuestionó que estos dos sindicados hayan brindado una conferencia de prensa para amenazar a Roberto Méndez, expresidente de Asociación de Periodistas, por publicar el libro “Periodismo vs. Terramafia” que relata las torturas a las que fueron sometidas las 17 personas en Las Londras por un centenar de presuntos campesinos afines al MAS.

Impunidad del caso

Guerrero también lamentó la liberación de Nicolás Ramírez Taboada, Paulino Camacho Vedia y Hebert Sixto Canaza Sacaca, pues señala que el juez Hurtado no consideró la “peligrosidad de estas personas para la sociedad y las víctimas, no valoró los elementos presentados por la Fiscalía y las víctimas, ni los riesgos procesales".

“En julio del 2022 Camacho y Canaza fueron identificados por comunarios de la zona como los cabecillas de la toma violencia a la subcentral Pailitas, en Guarayos. Lo hicieron con el mismo modus operandi de Las Londras: armados y dejando heridos de bala a algunas personas. Pese a estos antecedentes, que se le hizo conocer al juez y a la Fiscalía, siguen libres”, comentó.

Además, la abogada de los periodistas dijo que se cometieron muchas irregularidades en el proceso, puesto que se cambiaron a los tres policías investigadores (sargento Juan Carlos P. y los suboficiales Carlos A. y Néstor T.) luego de que la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Fsutc) lo solicitó de manera escrita al Comando Departamental de la Policía.

“Esto provocó que el caso vuelva a cero, porque se demoraron en derivarnos a un nuevo investigador del caso y se perdió la continuidad que se venía haciendo, debido a que los policías que cambiaron ya conocían a detalle el caso y habían identificado a los cinco implicados”, precisó.

Guerrero cuestionó que la Policía haya aceptado el pedido de la Fsutc, por su afinidad con el partido de Gobierno, y lamenta que hasta la fecha no se haya dado curso a varias solicitudes de celeridad en las investigaciones que realizaron los periodistas.

El 8 de diciembre de 2022, la comisión de fiscales, compuesta por Delmy Guzmán, Osvaldo Tejerina y Wálter Cisneros, presentó la acusación formal contra estos cinco sujetos por los supuestos delitos de lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia porte o portación ilícita de armas de fuego, homicidio en grado de tentativa y amenazas.

Sin embargo, el juicio no comenzó aun porque el Instituto de Investigación Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup) demoró cinco meses en realizar la pericia de desdoblamiento de las imágenes registradas en Las Londras, el día del secuestro.

“En primer lugar, se aprecia a un grupo de personas, en su mayoría con el rostro cubierto, rodeando un vehículo patrullero y realizando movimientos coordinados. En la imagen se puede identificar personas armadas con objetos que parecen armas de fuego, palos y piedras”, detalla el informe realizado por la perito del Iitcup, Sonia Cusi Castillo, al que tuvo acceso este medio.

Además, concluye que el grupo armado que emboscó a las 17 personas planificó su ataque tras informarse que policías y periodistas realizarían una visita a los predios avasallados.

“Una vez que la multitud sobrepasa al vehículo patrullero se observa a personas con armas de fuego que salen de los costados apuntando a los vehículos de la caravana. Esta acción parece haber sido coordinada y planeada con anticipación, lo que sugiere que quienes la llevaron a cabo tenían información previa sobre el objetivo”, indica la pericia.

La abogada Raquel Guerrero dijo que esta pericia confirma que el ataque se realizó con premeditación y alevosía, por lo que pedirá al juez que los cinco acusados en este proceso sean condenados por el delito de asesinato en grado de tentativa.
 

“Un día antes de atacar a los periodistas, los avasalladores de las tierras fiscales de Las Londras ya habían herido de bala a cuatro trabajadores del lugar. Esto quiere decir que los acusados ya se habían preparado desde días antes con armas de fuego para emboscar y secuestrar a la caravana que fue a inspeccionar los terrenos, sin importar que entre ellos había periodistas que no tenían interés en los predios en litigio”, explicó a EL DEBER.

Guerrero cuestionó que el Ministerio Público haya decidido acusar a los implicados solo por homicidio en grado de tentativa y no por asesinato en grado de tentativa, que tiene una pena máxima de 20 años de prisión.

“En la acusación particular que presentaremos ante la Fiscalía pediremos a la justicia que los cinco acusados sean sancionados por los delitos de asesinato en grado de tentativa y secuestro, porque eso fue lo que cometieron los grupos armados. Sin embargo, la Fiscalía los acusó de homicidio en grado de tentativa y privación de libertad porque estos delitos tienen penas menores”, agregó la jurista.

Roberto Méndez dijo que se espera una sentencia que siente precedente, pero aseguró que, en tanto no se ponga fin a los conflictos por tierras en Santa Cruz, el trabajo de los periodistas que realizan la cobertura de estos hechos estará bajo riesgo extremo.

En su opinión, el conflicto tiene origen en la mala gestión del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que no resuelve el saneamiento de tierras y se parcializa con movimientos sociales afines al partido del Gobierno nacional.

En noviembre de 2021, el director del INRA de Santa Cruz, Adalberto Rojas, informó que la resolución final del proceso sobre las 18.000 hectáreas en Las Londras que estaban en litigio, establece que el 90% son tierras fiscales no disponibles que pertenecen a la Reserva Forestal Guarayos.

“Esta resolución determina que un 10% se les reconoce a los 16 predios y el 90% se declara tierra fiscal, pero son tierras fiscales no disponibles por encontrarse en la reserva forestal Guarayos”, indicó.

Insistió que tanto los empresarios como los interculturales afines al MAS no tenían autorización para asentarse en Las Londras, sin embargo, la Fundación Tierra develó en el libro Periodismo vs Terramafia, que de las 952 resoluciones de asentamientos que el INRA admitió haber autorizado en la Chiquitania, el 95% corresponde a comunidades creadas con la finalidad de acceder a la tierra y pertenecen a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), a los interculturales o a las Bartolinas.

De las 952 resoluciones aprobadas, el 75.3% fueron para beneficiar a la Csutcb. Mientras que el 16.3% para los interculturales, 2.5% para las Bartolinas, 2.1% para la Cidob y el restante 3.8% para otras organizaciones.

“Estas son comunidades creadas para recibir tierras, la mayor parte de ellos son de poblaciones urbanas, de ciudades intermedias, como San Julián, Yapacaní, Chapare y otros. No es una migración campo – campo, son militantes del partido de Gobierno que para acceder a la tierra tienen que hacerlo a través de las organizaciones sociales afiliadas al MAS”, según el director de la Fundación Tierra, Regional Oriente, Alcides Vadillo, citado en el libro.

CIDH reconoce agresiones a la prensa y abre investigación

Ante la retardación de la justicia boliviana, Roberto Méndez señaló que en octubre de 2022 se envió una carta a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para develar la vulneración de los derechos de las víctimas en el caso Londras.

“En la carta denunciamos la retardación de justicia que existe en nuestro país, pues ya son 15 audiencias que se han suspendido por diferentes motivos, pero con una sola finalidad: la de beneficiar a los cinco acusados en este proceso. Además, hacemos conocer que los afectados están desprotegidos y esperamos que la CIDH se pronuncie sobre este secuestro y que pida al Estado boliviano celeridad en las investigaciones”, indicó Méndez.

Durante la visita in loco de la CIDH a Bolivia, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz se reunió con el comisionado de esta delegación para exponerle todos los casos de violación de derechos humanos y atentados contra la libertad de expresión que se produjeron recientemente, empezando por el caso Las Londras y otras 51 agresiones a periodistas, advirtieron que "la justicia hizo poco o nada y no hay avance en las investigaciones".

Tras esta reunión, la vocera de los delegados y vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, reconoció que en Bolivia faltan condiciones para ejercer la profesión y lamentó la impunidad como consecuencia de la falta de investigación de la Policía y Fiscalía.

“Preocupa la escalada de agresiones a periodistas en los últimos años, particularmente en Santa Cruz, que incluyeron agresiones físicas severas, la retención contra su voluntad, la destrucción de equipos y ataque a infraestructuras de medios de comunicación”, detalló Arosemena.

En sus observaciones preliminares de su visita in loco, los comisionados también afirmaron que “en Bolivia, históricamente, la justicia se ha manejado de manera instrumental, dependiendo de los intereses del poder político de turno”.

Además, la CIDH ha dejado en claro que "la impunidad fomenta la repetición de actos violentos y puede derivar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las periodistas. La violencia sin justicia tiene un efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y sus consecuencias son graves para el conjunto de la ciudadanía y para la democracia".

Méndez informó que por estos antecedentes la CIDH activó la fase “de estudio inicial” con el número de registro MC-296-23 para recibir más información sobre las agresiones contra periodistas, lo que consideró “un paso importante” en la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores de la prensa.

“Este caso abrió la CIDH por la vulneración de los derechos de los periodistas, puesto que nosotros presentamos una lista de 52 casos de agresiones (en Santa Cruz) realizadas desde el 28 de octubre de 2021 hasta inicios de enero del 2023, en tres diferentes eventos: primero en el caso Londras, luego en los 36 días a finales de 2022 y después de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho”, explicó.

Señaló que en todos estos casos se presentó denuncias penales, algunas fueron rechazadas y no ha habido avances significativos en los casos admitidos.

“Solo en el caso de Las Londras, los tres detenidos han sido liberados y ellos aparecen de nuevo en otras tomas violentas de tierras. Y el Estado no hace nada, entonces esperamos que la CIDH pueda pronunciarse en el tiempo más breve posible y decirle al Estado boliviano que debe garantizar y respetar el trabajo de los periodistas”, enfatizó.

Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), dijo que se está exigiendo justicia y reparación para los periodistas, por lo que considera que la investigación de la CIDH ayudará en la lucha contra la impunidad.

“Como representantes de los periodistas, estamos exigiendo la reparación de los daños y la justicia para las víctimas. Estamos pidiendo que cese la impunidad y que se cumpla el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa como derechos fundamentales”, indicó

En el informe sobre el estado de la libertad de prensa en Bolivia presentado por la ANPB a la CIDH  se afirma que: “Pese al amplio marco internacional, constitucional y legal que obliga al Estado boliviano a conceder garantías reforzadas para el trabajo de periodistas, a la fecha, tales compromisos no han sido cumplidos, puesto que se producen de manera cotidiana hechos que vulneran la libertad de prensa, mismos que permanecen en la impunidad por la acción u omisión del Estado en todos los niveles”.

El Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dedica un capítulo completo a la vulneración de los derechos de periodistas, especialmente la violencia física, el amedrentamiento, la censura y los ataques a medios de comunicación.

Pese a las recomendaciones explícitas del GIEI para proteger el trabajo de los periodistas y garantizar la libertad de prensa, según Alanes, el 2022 fue uno de los años más inseguros, hostil y violento porque se registraron más de 200 vulneraciones a la libertad de prensa, en las que se cuentan agresiones verbales y físicas,  detenciones arbitrarias, amenazas –incluso contra la vida–  y hostigamiento, despojo y daño de equipos, vulneración del secreto de fuente, acoso, intimidación y campañas de desprestigio y estigmatización contra periodistas y  medios de comunicación, entre otros.

“El trabajo del periodismo está en situación de riesgo porque, de acuerdo con la clasificación mundial sobre el estado de la libertad de prensa realizado y presentado recientemente por Reporteros Sin Fronteras, Bolivia se ubica en el puesto 117 entre 180 países evaluados. Esto significa que Bolivia forma parte del bloque de 42 países en los que el ejercicio del periodismo enfrenta muchas dificultades y enfrenta también condiciones de riesgo”, acotó.

Por su parte, la representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Santa Cruz, María Inés Galvis, lamentó las irregularidades que se han registrado durante el proceso judicial en el caso Londras, pues aseguró que la “libertad de expresión es sagrada y se debe dar garantías constitucionales a todos los periodistas”.

Señaló que sigue de cerca este caso y que se pedirá que se haga una revisión a los actuados judiciales para conocer los motivos de la liberación de los acusados en este proceso. Asimismo, pidió a las autoridades no dejar en la impunidad este hecho de agresión a trabajadores de la prensa.

Por su parte, la abogada Raquel Guerrero aseguró que con el caso Londras no solo se busca hacer justicia para las víctimas, sino sentar un precedente, pues la impunidad permite la repetición de los hechos de violencia como ocurrió en el caso de agresión al periodista Juan Carlos Fortún en el predio Kim, ubicado cerca de las Lomas de Arena, cuya denuncia fue rechazada.

“El fiscal Limberg Mamani rechazó la denuncia por lesiones leves y graves cometidas contra el periodista de El Deber, Juan Carlos Fortún, por falta de identificación de los agresores. Es decir, los policías no hicieron los trabajos investigativos como se hizo en Las Londras, pese a que en este caso hubo más imágenes registradas”, lamentó.

El clima de hostilidad hacia la prensa y la total impunidad contra los ataques a medios de comunicación y a periodistas, está configurando un cuadro en el que la labor de informar resulta de alta peligrosidad, según el balance realizado por delegados de las asociaciones de periodistas de todo el país durante el XI Congreso Nacional Ordinario de Periodistas realizado los días 3 y 4 de marzo de 2023.

Este reportaje fue realizado en el marco del convenio entre el CEDIB y la ANPB.


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