Lima espera pronto juicio por masacres de Sacaba y Senkata, más de 30 acusados están con detención preventiva

El ministro de Justicia, Iván Lima, reveló que más de 30 personas guardan detención preventiva en diferentes cárceles por las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) de 2019. Se espera que los juicios orales se instalen en el primer semestre de este año.

Ambos casos se procesan por la vía ordinaria. Las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) no viabilizaron en la Asamblea Legislativa Plurinacional el juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta de facto Jeanine Áñez.

“Tenemos ya la confirmación que tanto en Senkata como en Sacaba, se ha informado a los jueces, el inicio de la investigación, y esperamos que en las próximas semanas se dicte las imputaciones y, lo reitero, espero que el primer semestre del año tengamos ya juicios orales públicos y contradictorios instalados”, explicó Lima.

El proceso penal no solo está dirigido hacia la exmandataria de facto, sino también a sus exministros como Arturo Murillo, Fernando López, entre otros, y a “una decena de policías y militares que están con imputaciones y detención preventiva”.

“Entre Senkata y Sacaba hay más de 30 personas con detención preventiva, lo que nos está faltando es que quienes han firmado del Decreto Supremo (4078) de la muerte vayan a brindar su testimonio, espero que no sigan el camino de Jerjes Justiniano de declarar desde Brasil”, cuestionó en alusión al exministro que se fue a Estados Unidos.

En noviembre de 2019, las protestas violentas alentadas por el entonces cívico Luis Fernando Camacho, el motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión acabaron acorralando y obligando a Evo Morales a dimitir, lo que dio paso a la toma del poder por parte de Áñez, respaldada por cívicos y opositores.

Luego de la dimisión del exjefe de Estado, el 12 de noviembre de 2019, Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, se declaró titular del Senado y luego presidenta del país ante un plenario sin quórum. La Justicia estableció que vulneró los reglamentos del Legislativo y la propia Constitución, por lo que fue sentenciada a 10 años.

Apadrinada por las negociaciones extra legislativas, promovidas por la jerarquía de la Iglesia Católica, Áñez formó su gobierno con varios políticos y delegados de los dirigentes cívicos, entre ellos de Camacho, quien pidió “varios ministerios”, según reveló la propia Carolina Ribera, hija de la exsenadora, el 6 de enero.

Luis Fernando López, persona de confianza del excívico Camacho, fue parte del gabinete de Añez como ministro de Defensa. También se conoce que gente de su confianza se hizo cargo de Impuestos Nacionales.

El propio Camacho confesó el 27 de diciembre de 2019 cómo López fue parte de las negaciones, de la que el principal promotor fue su padre, José Luis Camacho, que permitieron “cerrar” con policías y militares su respaldo al movimiento cívico.

López fue uno de los once ministros que firmó, junto a Áñez, el Decreto Supremo 4078, el 15 de noviembre de 2019, que eximía de responsabilidad penal a personal militar y policial por sus actuaciones en operativos de “restablecimiento del orden”. La intervención policial y militar a protestas en Sacaba y Senkata acabó con más de 20 muertos y decenas de heridos de bala.

Además de López, el decreto fue firmado por Karen Longaric Rodríguez (Relaciones Exteriores), Jerjes Enrique Justiniano Atalá (Presidencia), Arturo Carlos Murillo Prijic (Gobierno), José Luis Parada Rivero (Economía), Álvaro Rodrigo Guzmán Collao (Energía), Yerko Núñez Negrete (Obras Públicas), Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo (Justicia), María Elva Pinckert de Paz (Medio Ambiente y Agua), Mauricio Samuel Ordoñez Castillo (Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga Vega (Comunicación).

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó los hechos de la crisis de 2019 y determinó que se cometió una masacre en Senkata y Sacaba. ABI