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- 2026-06-13
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El cabildo de la provincia Los Andes, reunido de emergencia en el municipio de Pucarani, determinó ejecutar un plan de asfixia radical contra la sede de Gobierno mediante el corte deliberado de los suministros de agua potable y energía eléctrica. Las resoluciones aprobadas por las bases campesinas apuntan a la toma violenta de instituciones públicas y a la consolidación definitiva del cerco caminero que sufre la urbe paceña desde hace cuarenta y cuatro días. El ala radical condicionó el cese de las medidas de presión de forma exclusiva a la dimisión inmediata del Presidente Rodrigo Paz.
La escalada de hostilidades se formalizó públicamente mediante la lectura de un manifiesto transmitido de forma directa por la "radio cocalera RKC", medio de difusión afín al expresidente Evo Morales. Los sectores movilizados advirtieron de forma taxativa que endurecerán las acciones punitivas en las carreteras troncales del departamento mediante el despliegue de brigadas de control civil. En el documento leído ante la concentración agraria se sentenció: "Vamos a masificar con los ‘bloqueos secos’ en su totalidad, tomando estrategias drásticas, toma de instituciones, el corte de agua, corte de energía, coordinando con los comités de bloqueos hasta que se logre su renuncia".
El plan de estrangulamiento metropolitano incluye un ultimátum perentorio de veinticuatro horas dirigido a las organizaciones sociales de la ciudad de El Alto para que se plieguen de forma obligatoria al bloqueo de caminos generalizado. Los comunarios de las provincias emitieron un duro emplazamiento a los sectores del magisterio, la minería y las fuerzas del orden público, lanzando amenazas directas de represalias físicas en caso de registrarse neutralidad. La ofensiva busca cortar de cuajo el ingreso de camiones cisterna con carburantes esenciales, agravando el cuadro de desabastecimiento generalizado de alimentos e insumos de supervivencia que ya castiga a la población paceña.
💧 Amenaza de corte vital: El cabildo provincial instruyó interrumpir de forma física los acueductos y las redes de alta tensión que abastecen de servicios a La Paz.
⌛ Ultimátum a El Alto: Las bases de Pucarani otorgaron un plazo forzoso de 24 horas a la urbe alteña para paralizar actividades bajo amenaza de intervenciones.
📻 Difusión desde el Trópico: Los discursos de confrontación y las consignas de derrocamiento político fueron transmitidos por la señal de la "radio cocalera RKC".
🏥 Saldo de víctimas fatal: El asedio caminero a nivel nacional ya registra trece personas fallecidas ante la imposibilidad de recibir atención médica oportuna en las rutas.
Los sectores campesinos de la provincia Los Andes lanzaron una advertencia con tono de purga interna dirigida de forma directa hacia su propio ente matriz nacional, prohibiéndole entablar cualquier acercamiento formal con los delegados gubernamentales en las mesas de negociación. La determinación leída textualmente en la concentración en Pucarani ratificó la posición intransigente de las bases del Altiplano frente a la posibilidad de una concertación social: "Advertimos a nuestro ente matriz, a no negociar ni dialogar con el presidente Rodrigo Paz. Caso contrario, el pueblo organizado de la provincia de los Andes y todas las bases e instituciones vivas nos veremos obligados a tomar sanciones drásticas contra cualquier traición".
La asamblea campesina exigió además la liberación inmediata de todos los manifestantes que fueron capturados en flagrancia cometiendo actos delictivos en las carreteras del eje troncal, demandando la total impunidad legal bajo el paraguas de las normativas de representación sindical. Los dirigentes exigieron el "respeto al fuero sindical, donde protege a los dirigentes de persecución", intentando blindar judicialmente a los promotores de los desmanes que paralizan al sector productivo boliviano. Esta postura radicalizada contrasta con la posición de las Centrales Obreras Departamentales de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Tarija y Chuquisaca, corporaciones que exigen retomar la vía del diálogo.
El Ministerio Público y las fuerzas de seguridad del Estado evalúan los alcances legales de estas determinaciones extremas, debido a que el sabotaje de servicios públicos y el atentado contra la seguridad de los bienes comunes constituyen delitos penales graves de orden público. La escalada criminal promovida desde Pucarani obliga a los mandos policiales a diseñar planes de contingencia urgentes para resguardar las represas de agua y las subestaciones eléctricas frente a intentos de toma violenta. La población civil de la sede de Gobierno se mantiene en vilo ante un cerco criminal que ya no solo amenaza el bolsillo con el encarecimiento de la canasta básica, sino la supervivencia biológica elemental de la ciudadanía.
El Dato de Cierre la determinación del cabildo de Pucarani de privar de agua y luz a los habitantes de La Paz transforma el conflicto civil en una crisis humanitaria provocada de forma intencional por grupos radicales que priorizan el derrocamiento del Gobierno por encima del derecho a la vida de millones de bolivianos.
