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- 2026-06-11
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El gerente general de la Cooperativa de Telecomunicaciones de La Paz (Cotel), Miguel Ángel Quispe, denunció penalmente que directores sindicales desviaron millonarios fondos institucionales para costear las movilizaciones violentas de la Central Obrera Boliviana (COB). El ejecutivo reveló la existencia de documentación contable comprometedora y órdenes de pago explícitas que prueban cómo el dinero aportado por los socios telefónicos paceños terminó financiando de forma directa el sabotaje de la transitabilidad urbana.
La succión descontrolada de las arcas de la cooperativa se ha ejecutado de manera continua durante los últimos sesenta días, consolidando un desfalco millonario en favor de la Central Obrera Departamental (COD). La administración central advirtió que la masa societaria de la sede de Gobierno está costeando involuntariamente a los grupos de choque que destruyen el aparato productivo y desestabilizan el país.
💸 Desvío documentado: El reporte financiero oficial detalla el desfalco sistemático de dieciocho millones de bolivianos retirados de las cuentas de previsión de la operadora paceña.
⛽ Logística subversiva: Las investigaciones preliminares apuntan a que los fondos ilícitos costearon el transporte pesado y la provisión irregular de carburantes para los movilizados.
🚨 Actos de terrorismo: La gerencia general tipificó el uso del patrimonio de los socios como un financiamiento abierto a facciones radicales que convulsionan la urbe paceña.
⚖️ Mandatos inmediatos: Los asesores jurídicos de la cooperativa exigieron a la fiscalía general activar órdenes de aprehensión contra los cabecillas de la red sindical.
El secuestro físico e institucional de la empresa telefónica por parte de los directorios sindicales impidió cualquier fiscalización interna durante semanas de parálisis administrativa. Quispe fustigó que la inacción oportuna del Ministerio Público haya permitido que los recursos de los trabajadores paceños operen como la caja chica de las marchas que desabastecen los mercados locales.
Los antecedentes recopilados fueron remitidos formalmente a los despachos del Poder Ejecutivo para exigir el congelamiento inmediato de las cuentas bancarias manejadas por las cúpulas gremiales. Los analistas alertan que el descubrimiento de esta red de financiamiento ilegal evidencia que la crisis vial no responde a una demanda social orgánica, sino a un esquema criminal de sabotaje económico.
La indignación de los usuarios de telefonía fija e internet escala a niveles críticos tras confirmarse que las tarifas mensuales se desviaron hacia la logística de los bloqueadores. La masa social de la cooperativa exige auditorías forenses externas inmediatas y el procesamiento penal de todos los funcionarios implicados en la firma de las órdenes de desembolso.
El Dato de Cierre: El desvío de los dieciocho millones de bolivianos de las cuentas de Cotel compromete severamente el pago de salarios de la planilla operativa y amenaza con interrumpir los servicios básicos de telecomunicaciones en la sede de Gobierno.
