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- 2026-06-10
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El secuestro prolongado de las carreteras bolivianas ha dejado de ser una simple medida de presión social para convertirse en una estrategia sistemática donde las propias instituciones estatales operan como el protector legal del desabastecimiento. La alarmante inacción de los brazos jurídicos del poder central ampara de forma directa la crisis que destruye el aparato productivo y asfixia la supervivencia del ciudadano común.
Esta demoledora conclusión se desprende del análisis realizado por el abogado Juan Carlos Carvajal Apaza, magíster en Gestión Pública Judicial, en su columna de opinión publicada este martes en nuestro portal, quien bajo un riguroso examen normativo desnuda la pasividad cómplice de la Procuraduría General del Estado (PGE) frente a los bloqueos criminales.
El jurista sostiene con absoluta contundencia que el país enfrenta un verdadero "chantaje de Estado" ejecutado por facciones radicales que utilizan el estrangulamiento vial como "armas de destrucción masiva contra la población civil", desafiando con total soberbia los decretos y operativos de despeje.
Segñun los datos técnicos expuestos por Carvajal, el daño patrimonial provocado por estas movilizaciones constituye un delito imperdonable que ya supera los 3.300 millones de dólares en pérdidas, arrastrando a la ruina a miles de pequeños productores, gremialistas y transportistas independientes y a la actividad productiva del país.
La inacción jurídica tiene un impacto directo en el estómago del pueblo, pues las capitales sitiadas han quedado a merced de un mercado despiadado donde el precio del pollo se disparó hasta los 120 bolivianos, convirtiendo la alimentación básica en un lujo inalcanzable.
⚠️ Evidencia de impunidad: El senador Nilton Condori y otros legisladores afines han condicionado las mesas de diálogo a la amnistía de los violentos, minimizando el uso de dinamita contra los contingentes policiales en las rutas del país.
🚑 Atentados de lesa humanidad: Los informes de campo confirman el deceso de pacientes críticos debido al bloqueo criminal de ambulancias y al desabastecimiento provocado de oxígeno y medicamentos esenciales en los centros de salud.
📉 Quiebre logístico terminal: El sector agropecuario y la industria pesada reportan la pérdida irreversible de mercados internacionales debido a la imposibilidad de cumplir con los contratos de exportación por el cierre de fronteras.
🛑 Vigilancia selectiva: La Defensoría del Pueblo ha guardado un silencio absoluto ante la vulneración de los derechos de millones de afectados, concentrando sus esfuerzos exclusivamente en exigir garantías para los agresores capturados en flagrancia.
En el centro de la denuncia, Carvajal expone que la PGE está cometiendo una deserción histórica al ignorar los artículos 229 y 231 de la Constitución, demostrando que la institución no es un mero adorno para litigios internacionales, sino el escudo obligatorio del orden interno.
El mecanismo de la impunidad opera cuando la Procuraduría renuncia deliberadamente a su obligación de "constituirse como sujeto procesal de pleno derecho" en las causas penales abiertas por terrorismo, sabotaje y destrucción de bienes del Estado.
Al amparo de la Ley 064 y su modificatoria Ley 768, el Procurador general de la república cuenta con el arma más temida por los delincuentes de cuello blanco: la facultad de activar de oficio la acción civil resarcitoria para congelar la logística de las movilizaciones.
Carvajal es tajante al señalar que la PGE está obligada a "promover el embargo y la ejecución patrimonial de los autores materiales, intelectuales y financiadores", una medida coercitiva que cortaría de inmediato el flujo de dinero que sostiene los cercos. Y quienes son los autores? La COB que tiene bienes que pueden ser ejecutados.
El análisis advierte que al negarse el Estado, a través de acciones legales, a confiscar los bienes de los financistas que pagan los viáticos en los cerros, las autoridades judiciales se convierten en facilitadores directos del desabastecimiento que mantiene paralizado el transporte nacional y la economía del país.
La complicidad no termina en el estudio jurídico del país; el autor señala directamente al Vicepresidente de la República por legitimar el caos al "exigir el cese de los operativos policiales", forjando un cínico escudo político para proteger el vandalismo.
La retórica de los derechos humanos ha sido pervertidamente distorsionada por las altas autoridades para tildar de "represión" al legítimo restablecimiento del orden público, abandonando su obligación constitucional de proteger la vida de los ciudadanos.
Para el jurista, resulta inadmisible que el derecho a la protesta pretenda "opacar ni justificar la anulación de la supremacía constitucional", permitiendo que civiles armados ejecuten un secuestro flagrante contra el libre tránsito y la salubridad pública.
La claudicación institucional de la Defensoría del Pueblo completa este triángulo de desamparo, actuando como un abogado defensor de los asaltantes de carreteras mientras ignora deliberadamente a los millones de víctimas atrapadas en las ciudades del eje.
El Dato de Cierre. La renuncia deliberada a la persecución civil resarcitoria contra los autores intelectuales de los bloqueos condena al país a un ciclo de impunidad total, donde las leyes vigentes han sido sepultadas para garantizar la inmunidad económica de las mafias políticas.
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