Paz denuncia robo de 100 millones de dólares y anuncia procesos penales contra exautoridades

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El presidente Rodrigo Paz denunció este lunes que el esquema de contrataciones directas implementado en gestiones pasadas facilitó un daño económico al Estado superior a los 100 millones de dólares. Tras la promulgación del Decreto Supremo 5600, el mandatario afirmó que la nueva norma desmantela una estructura normativa diseñada para evadir los controles de fiscalización en la compra de bienes y servicios.

Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, el Ejecutivo identificó que la proliferación de 161 decretos de excepción permitió que ministerios y empresas estratégicas adjudicaran contratos sin licitación pública. Paz señaló que este "modelo de gestión" no fue un error administrativo, sino un mecanismo deliberado para beneficiar a grupos específicos, dejando obras inconclusas y sobreprecios que hoy asfixian las arcas públicas.

El Presidente fue enfático al señalar que la etapa de la impunidad ha concluido con la frase: "Esto se acabó". Instruyó al Ministerio de Justicia y a la Procuraduría General del Estado iniciar de inmediato procesos penales contra las exautoridades que firmaron y ejecutaron dichas contrataciones. El objetivo no es solo la sanción administrativa, sino la recuperación de los activos desviados mediante auditorías forenses.

La nueva norma DS 5600 restablece la obligatoriedad de la licitación pública para cualquier compra que supere las 20.000 UFV. Esta medida anula la vigencia de los decretos que permitían el "dedazo" bajo el argumento de emergencias o prioridades nacionales, obligando a que todas las demandas estatales vuelvan al régimen de transparencia del SICOES y la fiscalización social.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, complementó la estrategia anunciando la normalización de los pagos con tarjetas de crédito y débito en el exterior. Esta acción busca que los ciudadanos y pequeñas empresas dejen de ser víctimas de la escasez de divisas provocada, en parte, por el despilfarro de los recursos que hoy el Gobierno intenta recuperar mediante la vía judicial.

Paz aseguró que el país debe conocer los nombres de los responsables del saqueo de las reservas. Las investigaciones preliminares apuntan a sectores estratégicos como hidrocarburos y salud, donde se detectaron las mayores irregularidades bajo la modalidad de invitación directa. "Tienen que responder ante la justicia por cada dólar que le falta hoy al pueblo boliviano", sentenció el mandatario.

El paquete de decretos también activa el "silencio administrativo positivo", una medida para evitar que la burocracia estatal siga siendo un nido de extorsión. A partir de ahora, cualquier trámite de inversión que no sea respondido en 15 días hábiles se considerará aprobado, quitándole a los malos funcionarios el poder de "cajonear" expedientes para exigir beneficios ilícitos.

Para el Gobierno, la eliminación de los 161 decretos es el primer paso para una reforma profunda del Estado. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que se realizará una revisión exhaustiva de todos los contratos vigentes que fueron firmados bajo el amparo de las normas derogadas, para verificar si cumplen con los requisitos técnicos de solvencia y precio de mercado.

El impacto de estos anuncios ya genera repercusiones en el sistema financiero, que cuenta con 48 horas para adecuar los límites de las tarjetas al tipo de cambio oficial. Paz reiteró que la transparencia en el gasto público es la única vía para devolver la estabilidad económica y asegurar que los recursos del Estado se inviertan en proyectos con rentabilidad social comprobada.

Finalmente, el mandatario advirtió que no habrá "persecución política", sino una fiscalización técnica y jurídica basada en pruebas documentales. La Gaceta Oficial publicará el listado de las normas anuladas, cerrando un ciclo administrativo que, según el Ejecutivo, priorizó el interés de las cúpulas de poder por encima de la sostenibilidad financiera de Bolivia.

El Dato de Cierre: Los procesos penales anunciados por el Gobierno incluyen el congelamiento preventivo de cuentas y bienes de las exautoridades involucradas en las contrataciones observadas.