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- 2026-06-20
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El Comité pro Santa Cruz y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) formalizaron una postura radical tras la emisión del estado de excepción, advirtiendo que no permitirán la impunidad de los promotores de la asfixia nacional. El liderazgo cruceño apuntó con nombre y apellido a los responsables del descalabro económico, exigiendo el procesamiento penal inmediato de los involucrados. Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar.
La demanda de justicia penal por la pérdida irreversible de más de 3.000 millones de dólares se coloca como el verdadero detonante de un quiebre institucional irreversible. Stello Cochamindis, presidente del Comité pro Santa Cruz, sentenció que el Ministerio Público no puede actuar como mediador ni cómplice de quienes utilizaron el secuestro de carreteras para conseguir amnistías políticas de facto.
La dirigencia de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, constató que las pérdidas reales superan cualquier cifra oficial previa y que la cadena productiva nacional ha sufrido un colapso terminal. El exterminio de las cadenas avícola y láctea impide una reactivación automática, dejando al país en desabastecimiento crónico tras cincuenta días de parálisis.
El ultimátum cívico establece que si el Gobierno central retrocede en la aplicación de la fuerza o cede ante la presión sectorial, la ciudadanía organizada asumirá las acciones legales directas. La presencia de las fuerzas del orden en las carreteras es vista como una obligación constitucional tardía que debe erradicar el sabotaje financiado por sustancias controladas.
El aparato productivo regional y las instituciones civiles coordinan un bloqueo jurídico definitivo para evitar que el pacto de la medianoche sepulte la responsabilidad por las muertes en ruta. La impunidad en los mercados y en los tribunales ya no es una opción para el motor económico del país.
El Dato de Cierre: La CAO ratificó que el colapso de la cadena biológica avícola y lechera generará un desfase de precios e inexistencia de productos en la canasta básica familiar por los próximos seis meses, desmitificando la supuesta "normalidad" del desbloqueo gubernamental.
