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- 2026-06-20
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La medida de emergencia, plasmada en el Decreto Supremo N° 5636 por conmoción interna, se ejecuta de forma inmediata mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional se reúne de urgencia para evaluar su ratificación de ley.
En su discurso oficial, el mandatario ensayó una retórica tardía al afirmar que la excepción se dicta para que la población recupere sus derechos y acceda al "vivir bien", una frase totalmente fuera de lugar.
Esas palabras de firmeza institucional debieron pronunciarse a los diez días del asedio criminal, antes de que el descontento social y el desabastecimiento generalizado sepultaran la estabilidad del país.
La parálisis y el cálculo político del Órgano Ejecutivo cobraron un saldo trágico de 14 personas fallecidas en las carreteras, vidas que resultaban totalmente evitables si se restablecía el orden público oportunamente.
💸 3.000 millones de dólares es el perjuicio económico irreversible acumulado que pulverizó las reservas estatales y los ingresos del sector privado.
🐔 Cierre de granjas avícolas y una mortandad masiva de pollitos BB interrumpieron la cadena biológica de provisión de carne de pollo y huevo a nivel nacional.
📉 Varios meses de retraso costará normalizar el ritmo productivo habitual de los mercados, desmitificando la falsa normalidad inmediata que promete el Gobierno.
🛑 50 días sin clases presenciales sepultaron el avance escolar, obligando al uso de paliativos virtuales que profundizaron la crisis pedagógica en las regiones afectadas.
El descalabro estructural se extiende al control logístico, debido a que el Estado perdió millones de bolivianos por la recaudación de peajes que quedaron bajo control de los manifestantes.
Asimismo, la infraestructura vial sufrió daños severos tras casi dos meses de fogatas, escombros y destrucción física de la capa asfáltica en las principales rutas troncales.
En el sector externo, las exportaciones nacionales fueron capturadas y congeladas en los puntos de cerco, provocando una pérdida irrecuperable de divisas y la destrucción de la reputación comercial internacional.
La capitulación política se selló previamente en las oficinas de la Casa Grande del Pueblo, donde el ejecutivo cobista Mario Argollo se retiró victorioso proclamando cínicamente tener el poder para bloquear y desbloquear.
El Ejecutivo entregó amnistía de facto a la dirigencia de la COB al finalizar el viernes, demostrando que el Gobierno prefirió premiar a los extorsionadores antes que proteger al ciudadano honesto.
Pocas horas después del pacto sindical, el Ministerio de Defensa ordenó el despliegue de tropas y vehículos militares en las rutas, evidenciando que el acuerdo carece de efectos reales sobre las bases radicales.
Mientras el evismo insiste en mantener la resistencia en el Chapare, el exmandatario Jorge Tuto Quiroga demandó al parlamento ratificar el decreto de emergencia en un plazo máximo de 72 horas.
La tardía reacción oficialista congela los derechos ciudadanos en un intento desesperado por garantizar el abastecimiento mínimo de carburantes y alimentos básicos, en una economía que los propios gobernantes dejaron desangrar hasta su colapso final.
El Dato de Cierre: El estado de excepción entra en vigencia de manera inmediata y, según la normativa constitucional, la Asamblea Legislativa Plurinacional que se encuentra sesionando tiene un límite de 72 horas para ratificar o rechazar el Decreto Supremo N° 5636.
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LA PAZ, SEDE DE GOBIERNO
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