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- 2026-06-17
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El Gobierno nacional y la dirigencia sindical pactaron un frágil cuarto intermedio que no alivia la asfixia vial del país, manteniendo los puntos de bloqueo inalterables tras más de 40 días de conflicto.
La COB radicalizó su postura al advertir que las mesas de negociación solo se reanudarán una vez que el Ejecutivo viabilice la liberación inmediata de los procesados por las movilizaciones.
El conflicto acumula más de 40 días de bloqueos intransigentes en las carreteras principales.
La dirigencia de la COB exige la liberación inmediata de todos los manifestantes.
El Poder Ejecutivo aceptó conformar una comisión jurídica conjunta bajo presión sindical.
Las medidas de fuerza en las rutas del país se mantienen activas de forma inalterable.
Ante la presión del sector movilizado, el ministro del área anunció la conformación de una instancia legal conjunta orientada exclusivamente a revisar la situación legal de los manifestantes bajo aprehensión.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, sepultó cualquier expectativa de normalidad al ratificar que las bases no suspenderán las medidas de presión y sentenció que "nosotros no podemos dialogar con nuestros compañeros detenidos".
Argollo condicionó el retorno a las mesas de negociación argumentando que depende enteramente del cumplimiento oficial: “Creo que es un buen avance que se ha tenido y, si existe la voluntad política, nosotros volvemos a la convocatoria”.
La diputada de Alianza Popular, Claudia Herbas, intentó matizar la capitulación política asegurando que este acercamiento busca pacificar el territorio nacional ante el evidente cansancio de la población civil.
El presidente Rodrigo Paz instaló este escenario de concertación en un intento por frenar un perjuicio que ya destruye el aparato productivo y el abastecimiento básico de las familias bolivianas.
Mientras tanto, Bolivia soporta un bloqueo de carreteras que ya lleva 48 días sin dejar pasar alimentos, remedios ni combustible a las ciudades. La demanda de las instituciones empresariales, gremios y cívicas, demandan la intervención inmediata del gobierno para desbloquear las vías.
El Dato de Cierre: La comisión jurídica instalada por el Ejecutivo representa una claudicación institucional ante el sindicalismo, el cual mantiene cercadas las carreteras del país mientras negocia la impunidad de sus afiliados en dependencias estatales.
