Ejecutivo exige levantar bloqueos para negociar

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El vocero presidencial, José Luis Gálvez, oficializó la convocatoria a la Central Obrera Boliviana (COB) para instalar una mesa de diálogo este miércoles a las 9:00 en la Casa Grande del Pueblo. El llamado del Poder Ejecutivo busca neutralizar de manera inmediata la conminatoria lanzada por la dirigencia sindical encabezada por Mario Argollo, en un escenario crítico donde el país ya registra 47 días de bloqueos y movilizaciones continuas que asfixian la economía nacional.

• ⚠️ Asfixia civil: El cerco carretero cumple 47 días ininterrumpidos dejando desabastecidos a los principales centros urbanos del país.

• ⛽ Suministro al límite: La parálisis del transporte pesado impide la distribución regular de carburantes en todas las estaciones de servicio.

• 🛒 Golpe al bolsillo: Los mercados registran un encarecimiento de precios alarmante en los productos esenciales de la canasta básica familiar.

• 🏥 Colapso sanitario: Hospitales públicos denuncian la falta crítica de oxígeno medicinal y la suspensión de tratamientos vitales para enfermos de cáncer.

“Celebramos la posibilidad de que se pueda y se tenga que dialogar. Los esperamos mañana (miércoles) a las 9:00 de la mañana en la Casa Grande para iniciar esta mesa de diálogo y de concertación y de construcción de soluciones en base a la realidad que vivimos”, sostuvo el portavoz oficial. La administración gubernamental intenta abrir una vía de distensión política frente al ultimátum obrero, pero marcando una línea discursiva de extrema firmeza desde el inicio.

Sin embargo, la convocatoria llegó acompañada de un condicionamiento directo contra las medidas de presión que mantienen cercadas las principales carreteras. “Queremos tomarle las palabras literalmente que ha dicho el señor Argollo, que su solicitud es para una pacificación inmediata, para resolver los problemas de manera inmediata; por eso, le pedimos que, de manera inmediata, instruya que se creen las condiciones para atender la emergencia sanitaria que han provocado”, subrayó Gálvez, revirtiendo la presión hacia el sector movilizado.

Desde la perspectiva del Palacio de Gobierno, no existe justificación válida para mantener a la población civil en condición de rehén social, denunciando abiertamente las consecuencias inhumanas que sufren los choferes varados en las rutas y la imposibilidad de recibir atención médica oportuna. “En la mesa de diálogo también tenemos muchas cosas que decir. Hablaremos de todos los puntos, de manera abierta, pero tenemos que también crear las condiciones para que esto no vuelva a suceder. Esto no puede volver a suceder en democracia”, enfatizó la autoridad.

La urgencia del escenario actual obliga al Ejecutivo a buscar un cortafuegos político antes de que el conflicto social degenere en desbordes incontrolables en las capitales. La Casa Grande del Pueblo se convierte así en el epicentro de una negociación al límite donde se juega la estabilidad del país y la restitución inmediata del orden público en los ejes viales estratégicos.

El Dato de Cierre: El estrangulamiento de rutas durante 47 días ha provocado un impacto crítico en el sistema logístico nacional, golpeando directamente el suministro regular de carburantes y acelerando de forma alarmante el encarecimiento de los productos esenciales de la canasta básica familiar.