Cívicos cruceños exigen militarizar las zonas de conflicto

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El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, denunció formalmente que la administración de Rodrigo Paz prolonga deliberadamente la crisis vial mediante una estrategia de desgaste que mantiene secuestrada a la ciudadanía. El líder cívico repudió la insistencia del Poder Ejecutivo en viabilizar un diálogo inexistente con los sectores radicales, cuya única consigna explícita es la dimisión del actual mandatario de la nación.

La posición del movimiento cívico cruceño exige de forma perentoria la aplicación inmediata de un Estado de excepción sectorizado en los puntos de bloqueo para restituir de forma obligatoria el derecho a la libre transitabilidad. La dirigencia empresarial y civil enfatizó que la parálisis de las carreteras nacionales ha quebrado las cadenas de distribución de la canasta básica familiar y el aparato productivo general.

• 🚨 Saldo trágico: El reporte oficial consolidado confirma el deceso de trece ciudadanos bolivianos debido a la imposibilidad de recibir atención médica oportuna.

• ⛽ Asfixia logística: Los centros urbanos de La Paz y El Alto registran un desabastecimiento crítico de carburantes básicos que paraliza el transporte pesado interdepartamental.

• 📉 Fuga regulada: La falta de control efectivo en las rutas facilita el desvío ilícito de insumos críticos hacia actividades vinculadas a sustancias controladas en zonas rojas.

• ⚖️ Persecución nula: Sectores productivos exigen que la fiscalía ejecute de forma expedita las órdenes de aprehensión dictadas contra los promotores del cerco civil.

La persistencia de las protestas radicales cumple cuarenta y dos jornadas consecutivas con impactos devastadores en el suministro de oxígeno, medicamentos y alimentos esenciales para la supervivencia urbana. Cochamanidis fustigó que la inacción del gabinete ministerial configure un escenario de abandono constitucional donde millones de trabajadores sufren las consecuencias directas del sabotaje.

El bloque cívico nacional alinea una estrategia unificada que busca forzar al Gobierno a deponer su postura pasiva antes de consolidar el colapso financiero de la temporada invernal. La advertencia institucional es drástica: la tolerancia oficial frente a los delitos flagrantes de estrangulamiento económico forzará una reacción civil de consecuencias impredecibles en las capitales de departamento.

El Dato de Cierre: Las pérdidas económicas acumuladas por el bloqueo de carreteras ascienden a más de ochocientos millones de dólares, comprometiendo gravemente la adquisición estatal de carburantes para el segundo semestre.