Estado de excepción: Cabildo exige militarización inmediata contra bloqueos

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Kliver Pérez, presidente del Comité Cívico de Defensa de Chuquisaca (Codeinca), afirmó de forma contundente que el cabildo masivo de Sucre exige al Gobierno central declarar el Estado de excepción para intervenir militarmente las carreteras. El dirigente civil formalizó las resoluciones de la capital ante la paralización económica que asfixia al departamento.

La resolución cívica demanda de manera inmediata la aprehendida reclusión y cárcel para Evo Morales, a quien la ciudadanía congregada en la plaza 25 de Mayo identifica como el principal promotor del estrangulamiento de los mercados urbanos. La presión popular obligó a los líderes de la movilización a incluir este punto penal de forma taxativa en el documento final.

En declaraciones recogidas por el diario local Correo del Sur, los representantes organizadores confirmaron que se blindaron los acuerdos evitando temas sectoriales que los bloqueadores radicales pudieran utilizar como justificativo para recrudecer las medidas de presión. La estrategia busca neutralizar cualquier contraataque político de las facciones campesinas ligadas a los cortes de rutas.

• 📌 Colapso financiero municipal: Las resoluciones de la capital exigen un pacto fiscal urgente ante la caída crítica de las recaudaciones regionales provocada por el bloqueo logístico.

• 📌 Activación de acción popular: El aparato legal cívico iniciará demandas judiciales simultáneas contra las autoridades que omitieron su deber de resguardo en las carreteras.

• 📌 Resguardo de la capitalía: Las organizaciones civiles se declararon en estado de apronte permanente para evitar el ingreso de columnas de manifestantes hacia el casco histórico de Sucre.

• 📌 Veto a la dirigencia radical: El cabildo aprobó el desconocimiento formal de los representantes de la Futpoch por financiar activamente los cercos viales en las provincias.

Informes de seguridad civil emitidos según despachos locales confirman que la movilización unificó a plataformas ciudadanas, transportistas y gremiales tras determinarse que los mecanismos ordinarios de la Policía Boliviana han sido totalmente rebasados. El pedido de militarización responde al temor generalizado de desabastecimiento crónico de insumos básicos en los centros de abasto.

La exigencia legal obliga de forma directa a la Fiscalía General del Estado a procesar penalmente a los autores materiales del asedio, bajo la advertencia cívica de iniciar desacatos civiles generalizados si el libre tránsito no es restituido en las próximas horas. El documento cuenta con el respaldo de las juntas vecinales de los ocho distritos de Sucre.

El Comité Cívico de Chuquisaca asumirá la representación legal colectiva para obligar al Gobierno a utilizar la fuerza pública del Estado, argumentando que el derecho al trabajo y la salud pública de la mayoría se encuentra bajo amenaza criminal. La dirigencia chuquisaqueña fijó un plazo perentorio para la ejecución de las resoluciones aprobadas en la plaza principal.

El Dato de Cierre en negrita: La exigencia chuquisaqueña del Estado de excepción presiona al Órgano Ejecutivo a militarizar el eje vial del país, abriendo un escenario de confrontación civil de consecuencias reservadas si se ejecuta el uso de la fuerza.

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