Bajar el pie al formal y luchar genuinamente contra la informalidad

Recientemente, como asesor legal empresarial, fui entrevistado por el Diario �El Deber�, concerniente al perjuicio que causa el contrabando, misma que fue publicada, el d�a domingo 12 de noviembre del presente a�o, en el informe central del �mbito "Econ�mico" del referido medio de prensa.

En Bolivia, convivimos en una paradoja, pues al formal (aquel que se encuentra presente y activo en el sistema), se lo trata bajo sospecha, por cuanto est� sometido a una serie de seguimiento, investigaci�n, control e invasi�n a su propiedad privada adem�s de las cargas impositivas y sociales, tambi�n est� sujeto a irrupciones a su privacidad, mientras que, al informal, resulta casi todo lo contrario, se les tiene poco control, se les exige menos y hasta se es m�s permisivo (Ej.: el contrabando).

Referente a la poca protecci�n de privacidad, en el sector formal, cabe mencionar la Resoluci�n Administrativa N� UIF/15/2023 de fecha 14 de abril de 2023, por el cual se emite el Instructivo Espec�fico para Actividades y Profesiones no financieras (APNFD), donde se establece como sujetos obligados a dar informaci�n de sus clientes a las empresas de actividad inmobiliaria �Grandes Contribuyentes- (GRACO) y empresas con actividades legales jur�dicas o de contadur�a- GRACO.
En ese sentido, es menester entender el valor de la �transparencia� empresarial de los �propios actos� de la empresa, como algo sin duda alguna positivo, pero, sin que ello implique bajo el pretexto de transparencia, incitar de forma abusiva y arbitraria, a violar la privacidad entre privados (informaci�n y datos de sus clientes). - Son dos cosas muy distintas: Transparencia y violar privacidad de terceros.

La confianza de los clientes es vital en la productividad, m�xime en la Era de los datos y de la informaci�n, se deber�a impulsar la �tica y la privacidad; sin embargo, se est� induciendo a todo lo opuesto.
El verdadero protagonista, en realidad, es quien invierte con integridad, el que produce y puede realmente generar y dar empleos, m�s a�n, en estos tiempos, donde tambi�n se adolece de un serio problema de desempleo.

Desde mayo del presente a�o, los expertos indicaron sobre la reducci�n de liquidez en el sistema financiero, la cual se ve acentuada por varios factores, como ser: la falta de d�lares, caso Fassil, el desempleo, entre otros m�s, y �stos a su vez van asociados hacia un mayor empleo informal. Incluso, en agosto del a�o pasado, ya informaban los medios de comunicaci�n que aproximadamente el 90 % de los bolivianos tiene empleos informales y carecen de seguro de salud.
En esas simbiosis de lo formal e informal se acrecienta la falta de �tica en los negocios, por cuanto dicha informalidad laboral, a trav�s del aprovechamiento desvergonzado, se convierte en funcional para el sector formal, es decir, estamos hablando de una informalidad funcional para el formal inescrupuloso, dado que �ste saca tajada y se provee de bienes y servicios baratos, permitiendo eludir la legislaci�n (Ej.: promoviendo la dispersi�n de los trabajadores, los subcontratos, la creaci�n de un c�rculo vicioso de pasant�as sin poder adquirir un contrato, etc., situaci�n que ya fue a�os atr�s advertido por la propia OIT bajo el r�tulo: alerta sobre abuso de sistema de pasant�as laborales).

Ahora, en el tema del contrabando, advi�rtase que antes del a�o 2009 se consideraba delito contrabando cuando el valor de los tributos omitidos de la mercader�a decomisada era superior a 10.000 Unidades de Fomento de la Vivienda (UFVs) pero mediante Ley Financial del a�o 2009 (siendo que la naturaleza de dicha ley, no es para cambiar o crear delitos; y, peor a�n sin tener siquiera una base t�cnica o justificaci�n de motivos con an�lisis especializado), dicha ley financial 2009, modific� el contrabando, indicando que ser� delito cuando el valor de los tributos omitidos de la mercader�a decomisada sea superior a 200.000 Unidades de Fomento de la Vivienda (UFVs), con lo cual, se abri� un margen mayor de ilicitud, esto es, m�s permisivo al contrabando, conllevando a una falsa guerra del mismo, pues dicha disposici�n m�s adelante se vio ratificada y consolidada mediante la ley financial 2013 hasta la actualidad.

Es decir, que si el valor de los tributos omitidos de la mercader�a decomisada es por debajo de los 200.000 UFVs no es delito sino contravenci�n, el autor del hecho, no ser� investigado ni procesado penalmente.

Aquel discurso sobre la tesis abolicionista que pretenda usarse a los Estados a favor de un contrabando (que no sea punitivo) o se pretenda alegar la tesis de un Derecho Penal M�nimo en este tema del contrabando (cuando ni siquiera existe una real presencia del Estado en determinadas zonas de Bolivia que son peligrosas por el contrabando, no existe un eficiente y verdadero control de fronteras �en lugares desolados-, existen mafias del contrabando mezclado con narcotr�fico operando seg�n las noticias), termina siendo tan solo pura hipocres�a y excusas, pues les resulta totalmente contradictoria, dado que, por un lado, a) se pregona una ley anticorrupci�n con fuertes matices del Derecho Penal del Enemigo, totalmente represivo, desproporcionado y abusivo; y, por el otro, b) en temas de contrabando (el cual transita por la corrupci�n: corrupci�n aduanera, cohecho, etc.), resulta que desea beneficiarlo ampliamente siendo que afecta a la econom�a nacional (bien jur�dico protegido).

El criterio de fronteras abiertas es una tesis a�n no consolidada y mientras tanto, se sigue cometiendo competencia desleal y contaminaci�n total delictiva entre contrabando y corrupci�n, incluso muchas veces de forma totalmente descarada.

Lamentablemente existe un sector de la sociedad con angurria de conseguir dinero de forma il�cita y ven a la corrupci�n como un medio de vida y un factor que les permite mejorar su econom�a de forma totalmente desvergonzada. Esta situaci�n provoca una inversi�n de valores. La econom�a informal e il�cita considera a la corrupci�n como: Rentable (porque logra enriquecerse � il�citamente -), Impune (a trav�s del soborno, de la retardaci�n de justicia, etc. consiguen no ser sancionados y � en algunos casos- menos a�n llegan a ser investigados) y Favorable (consideran que el potencial econ�mico que pueden obtener producto de la corrupci�n, les ayuda a camuflarse como personas pr�speras, alcanzando un supuesto prestigio �nicamente por el dinero que ostentan).

Por lo tanto, no se debe premiar al informal como tampoco al ferviente codicioso inescrupuloso que aparenta decencia y formalidad pero que en realidad no lo es, dado que vive de la mentira y del enga�o, es decir, aquella persona que considera que no estamos aqu� para cambiar el mundo, sino �nicamente para ganar dinero, quien lleva por mentalidad de que la �tica es tan s�lo un estorbo para alcanzar su objetivo, que es ser rico y que pobres sean los santos, confundiendo �ser� con �tener� y la riqueza material con el alma, pues se puede tener mucho pero ser pobres con dinero, esto es, puede tener mucho y �ser� muy poco. Y esto, exactamente lo mismo ocurre, con aquellos sinverg�enzas facinerosos, que alegan que el contrabando es necesario para no ser pobre.

Entre las sugerencias, para bajar la intensidad del pisot�n de los gobernantes hacia los formales �ticos (no a los emprendedores prebendarios y/o empresaurios corruptos), alent�ndolos a mayor inversi�n, teniendo en cuenta que son ellos, quienes son capaces de generar sanos empleos, podr�a se�alar las siguientes:

Previo an�lisis de especialistas serios, reducir la brecha de arbitrariedad e ilicitud en el contrabando, por ejemplo, retornando a su redacci�n original del art�culo 181 del C�digo Tributario antes del a�o 2009, esto con el fin de que la lucha contra este delito sea aut�ntica. Al mismo tiempo, bajar el costo de los impuestos, dado que es evidente que muchas personas no pueden cumplirlos; muestra de ello es que se ha proliferado en magnitud la informalidad y a quienes actualmente se los agobia en sobremanera y de forma permanente son a las minor�as formales. Ej.: el valor del IVA cuya tasa efectiva es aproximadamente del 15% bajar al 5%. De esta manera todos podr�an y estar�an obligados a pagarlo, debiendo ser eliminado el r�gimen simplificado, adem�s que se le brinda la oportunidad al informal que cambie de proceder, es decir, el actual delincuente informal (contrabandista) ver�a los beneficios de la legalidad, puesto que gracias a ella, podr�a acceder a una serie de beneficios como: acceso a cr�ditos, expansi�n legal de su negocio, establecer una empresa, posicionar una marca, etc.; por lo tanto, cambiaria de bando por el costo de oportunidad que ella le ofrece. El Estado deber�a ofrecer suficiente seguridad jur�dica y oportunidades para que existan cada vez m�s formales y menos informales en el pa�s.

As� tambi�n, entender que la lucha contra la corrupci�n administrativa no ser� eficaz creando m�s burocracia. La corrupci�n administrativa o p�blica (Ej.- Corrupci�n en Aduana), la cual emerge de la burocracia no se reducir� generando, alimentando y potenciando m�s burocracia (con nuevas direcciones p�blicas, unidades de lucha contra la corrupci�n, nuevas formas de administraci�n p�blica que involucre nuevos y m�s cargos, etc.). En ese sentido, el contrabando deber�a ser considerado como delito vinculado con corrupci�n y en consecuencia, estar dentro de dicho cat�logo en la ley de lucha contra la corrupci�n, estableci�ndose responsabilidad penal tanto a personas naturales como jur�dicas.

Es menester achicar el tama�o del Estado, porque genera m�s gasto p�blico que agrava el d�ficit fiscal; y, lo peor que puede suceder, en el sector p�blico, es que gente arribista, camufle "programas de inversi�n" bajo el pretexto de mejoramiento de gesti�n p�blica, pero que en los hechos sean destinados a programas con sueldos pero que enmascaradamente ingresan como inversi�n.

Y de esta manera perversa, tambi�n podr�an emerger muchas otras malas pr�cticas, como ser: pretender manejarlos como votantes por sueldos, efectuar m�s gastos en publicidad medi�tica direccionada a su favor, pago en publicidad a los due�os de medios, difundi�ndose un discurso �nico polarizado donde el criterio distinto no sea escuchado, bombardeando medi�ticamente al electorado, siendo �sta una sofisticada represi�n a la libertad de expresi�n ya que no consiste en impedir la palabra, sino en organizar que nadie la oiga, sumado al marketing pol�tico, la prebenda, etc., todo eso y m�s, a costa del sacrificio, del dinero y del flagelo del formal, quien debe tributar, ser transparente; y, que ahora, se suma la obligaci�n para los grandes contribuyentes, a violar la privacidad de sus proveedores o clientes, todo a espaldas de �stos �ltimos y sin tener siquiera procesos judiciales instaurados en su contra.