Protejamos la privacidad digital y la libertad de expresión

Vivimos en la �poca de los datos. Actualmente, muchas empresas con el prop�sito de mejorar los procesos de comercializaci�n, toman decisiones basadas en informaci�n recolectada a trav�s de sistemas y aprovechan lo que saben sobre los usuarios y clientes; y, a su vez, cada vez es m�s importante evaluar todos los factores que conlleva el entorno, como variables econ�micas, indicadores de mercados y tendencias de consumo. Todo ello, porque aspiran ahorrar esfuerzo, tiempo y dinero para llegar a sus consumidores o compradores y hacerles saber el mensaje deseado, lo cual implica optimizaci�n del presupuesto, inmediatez de acciones, y mayores posibilidades de venta.

En ese sentido, las compa��as que buscan informaci�n personal, la utilizan para conocer mejor a sus clientes potenciales y, tambi�n, comunicarse con ellos a trav�s de canales m�s directos y personalizados. As� tambi�n, las empresas, al disponer de datos de inter�s sobre un determinado usuario, cuentan con muchas m�s probabilidades de atraerlo. Por ejemplo, mediante el an�lisis de las redes sociales de una persona es posible saber, en la mayor�a de los casos, a qu� se dedica, qu� piensa sobre determinados temas p�blicos y cu�les son sus preferencias y perspectivas de consumo.

Siempre y cuando, sea el usuario quien comparte voluntariamente sus datos, no existe vulneraci�n alguna a su privacidad digital; sin embargo, cuando no es as�, es decir, se accedi� a informaci�n personal sin que exista consentimiento ni voluntad de decirlo, mostrarlo, exhibirlo, o si en un grupo privado cerrado, un tercero mediante el uso de tecnolog�a accede a husmear y extraer informaci�n de forma desautorizada, podemos considerar que se trata de una vulneraci�n (existen varias empresas que han sido sancionadas, como ser: Cambridge Analytica, Equifax, Quora, Target, entre otras m�s).

La privacidad digital es un derecho que busca garantizar la protecci�n de los datos personales de los usuarios que acceden a un servicio a trav�s de Internet.

Cuando se trata de privacidad digital, las empresas de tecnolog�as suelen ser las m�s cuestionadas, dado que ellas realmente tienen o pueden tener en la palma de su mano nuestros datos.

En ese sentido, resulta a�n m�s peligroso cuando son los gobiernos, quienes bajo el pretexto de luchar contra la criminalidad, utilizan de forma totalmente arbitraria y abusiva, la tecnolog�a de filtro para bloquear el acceso a internet, redes de telefon�a celular o protocolos y servicios en l�nea espec�ficos para restringir la capacidad de las personas de reunirse pac�ficamente, restringiendo las libertades de reuni�n y de asociaci�n.

Advi�rtase que las redes sociales, por ejemplo, realzan la libertad humana de congregarse en torno a los temas sociales, pol�ticos y econ�micos, construir asociaciones y redes, y convocarse para promover y defender los Derechos Humanos, por lo que es de suma importancia, que exista protecci�n de la privacidad digital de las personas.

La constituci�n boliviana (CPE), proh�be tales extremos (atentar derechos), conforme al art. 130, no se debe afectar el derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputaci�n; y, toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminaci�n o rectificaci�n de los datos registrados por cualquier medio f�sico, electr�nico, magn�tico o inform�tico, en archivos o bancos de datos p�blicos o privados, tiene que ser protegida.

Asimismo, el art. 25 de la CPE, establece claramente el secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorizaci�n judicial, siendo inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte, �stos no podr�n ser incautados salvo en los casos determinados por la ley para la investigaci�n penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente. Ni la autoridad p�blica, ni persona u organismo alguno podr�n interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalaci�n que las controle o centralice. La informaci�n y prueba obtenidas con violaci�n de correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas no producir�n efecto legal.

Cabe tambi�n recordar que, en noviembre del a�o 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Relator especial sobre la promoci�n y protecci�n del derecho a la libertad de opini�n y de expresi�n, Frank La Rue, public� una resoluci�n sobre el Derecho a la Privacidad en la Era Digital, en la cual se reafirma que los derechos de las personas, incluido el derecho a la privacidad, deben ser debidamente protegidos en Internet. La Resoluci�n especifica puntos como: a) el respeto y protecci�n a la privacidad, incluso en el contexto de las comunicaciones digitales; b) la necesidad de adoptar medidas para poner fin a las violaciones de esos derechos y creen las condiciones necesarias para impedirlas; y c) examinar los procedimientos, pr�cticas y legislaci�n relativos a la vigilancia y la interceptaci�n de las comunicaciones y la recopilaci�n de datos personales.

En cuanto a las implicaciones de la vigilancia e interceptaci�n extraterritoriales de las comunicaciones realizada por los Estados, existe un informe que fue mencionado por Frank La Rue, mediante el cual, examina el impacto de los avances tecnol�gicos significativos en comunicaciones; y, como tambi�n, se�ala la investigadora y consultora hondure�a, Hedme Sierra Castro: �dicho informe pone de relieve la urgente necesidad de estudiar m�s a fondo las nuevas modalidades de vigilancia y de revisi�n de las leyes nacionales que regulan estas pr�cticas en consonancia con los est�ndares internacionales de Derechos Humanos, asimismo identifica los riesgos que los nuevos medios y modalidades de la vigilancia de las comunicaciones suponen para los Derechos Humanos, incluido el derecho a la privacidad y la libertad de opini�n y de expresi�n�.

Con todo ello, amerita que los gobiernos de los Estados cumplan con sus obligaciones constitucionales y convencionales de protecci�n efectiva y eficiente de la privacidad digital, la intimidad, la libertad de opini�n y de expresi�n; y, al mismo tiempo, exista un permanente control social, prestos a salir en defensa de dichos derechos (que son de todo ser humano), cumpli�ndose lo mencionado por Thomas Jefferson, hace muchos siglos atr�s, quien afirm� textualmente: la �eterna vigilancia es el precio de la libertad�.