El espectro de la corrupción

T�ngase en cuenta que todo abuso de poder tambi�n constituye corrupci�n, raz�n por la cual, los expertos en la tem�tica, entienden perfectamente de que el �espectro de la corrupci�n� conduce a la tortura y el maltrato.

Al respecto, en el a�o 2019, el Relator Especial sobre la tortura, Nils Melzer, ha descrito el v�nculo indisoluble que existe entre la corrupci�n y la tortura, en el informe que present� durante el 40� periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En dicho acto, Malcolm Evans, presidente del Subcomit� para la Prevenci�n de la Tortura mencion� que �cuando uno habla con los reclusos en una prisi�n�, dijo Evans, �el v�nculo entre corrupci�n y tortura no es un asunto opinable. Es obvio. Salta a la vista�. �Una de los aspectos que m�s me sorprende es por qu� antes se hablaba tan poco del asunto. Sin duda, la corrupci�n es una de las causas principales de los malos tratos que se perpetran actualmente en numerosos centros de detenci�n�.

Evans a�adi� que el efecto esencial de la corrupci�n es que genera espacios carentes de ley, en los que no puede aplicarse el derecho. �En situaciones en las que las normas no est�n vigentes, las relaciones de poder toman la delantera y se imponen. Y en contextos de reclusi�n y detenci�n, donde existen enormes desequilibrios de poder, uno de los vectores fundamentales de la tortura est� relacionado con la impotencia�. �Por consiguiente�, prosigui� afirmando que, �las estrategias orientadas a la prevenci�n de la tortura deben contener esfuerzos importantes para abordar la corrupci�n�.

A tenor de sus conclusiones, Melzer formul� diversas recomendaciones en su informe, entre ellas afirm� que los Estados deber�an adoptar pol�ticas de �tolerancia cero� hacia la corrupci�n, la tortura y los malos tratos, en todas las ramas del gobierno.

Asimismo, advirti� que los Estados deber�an integrar las normas y pr�cticas relativas a la lucha contra la tortura y la corrupci�n, por ende, deber�an ratificar la Convenci�n de las Naciones Unidas contra la corrupci�n y la Convenci�n de las Naciones Unidas contra la tortura y su Protocolo Facultativo, debiendo obviamente ser aplicadas y no quedar tan solo en letras.

Bolivia ratific� tanto la Convenci�n contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en el a�o 1999) como su Protocolo Facultativo (en el a�o 2006).

El art. 10 de dicha Convenci�n establece claramente la prohibici�n de la tortura de forma general, tanto en la pr�ctica, en la informaci�n completa (que debe existir) como en la educaci�n contra la tortura traducida en la formaci�n profesional del personal encargado de la aplicaci�n de la ley, sea �ste civil o militar, del personal m�dico, de los funcionarios p�blicos y otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detenci�n o prisi�n.

La Constituci�n boliviana (CPE) en sus arts. 15 y 114, establece el mandato obligatorio especialmente para el Estado boliviano que nadie ser� torturado, ni sufrir� tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes ni cualquier forma de violencia f�sica o moral. Las servidoras y/o servidores p�blicos o las autoridades p�blicas que las apliquen, instiguen o consientan, ser�n destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley, sumado a que la vulneraci�n de los derechos concede a las v�ctimas el derecho a la indemnizaci�n, reparaci�n y resarcimiento de da�os y perjuicios de forma �oportuna� (art. 113-I CPE).

La Corte Internacional de Derechos Humanos, en el caso conocido como �Caesar�, defini� trato cruel o inhumano como toda acci�n u omisi�n intencional, deliberada y no accidental, que cause serios sufrimientos f�sicos o mentales o da�os o que constituya un grave ataque contra la dignidad humana, entre ellas, se puede referir por ejemplo, a la condici�n f�sica en que se encuentra una persona, cual si fuese un espectro (persona en grado extremo de delgadez o decadencia f�sica, peligrando su propia vida). Dicha Corte ha adherido a la jurisprudencia europea sobre derechos humanos y ha llegado a la conclusi�n de que el criterio esencial para distinguir la tortura de otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes es la intensidad del sufrimiento.

El Protocolo Facultativo de la referida Convenci�n, tiene por objetivo establecer un sistema de visitas peri�dicas a cargo de �rganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, debiendo el Estado permitir el acceso libre al mismo y prestar todas las garant�as necesarias para dichas visitas de prevenci�n adem�s de acceso a la informaci�n veraz sobre las condiciones en que se encuentran los detenidos o privados de libertad, debiendo en el caso boliviano, cumplirse el mandato constitucional del art. 22, que afirma: �la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado�.

Desde el a�o 2003, existe el Manual para jueces y fiscales para luchar contra la tortura, el mismo que es considerado como un complemento a la Gu�a para la Denuncia de Torturas (The Torture Reporting Handbook) elaborada por la Universidad de Essex. Un segundo manual de la serie ha sido elaborado por el Human Rights Centre, Denuncia de asesinatos como violaci�n de los derechos humanos (Reporting Killings as Human Rights Violations), en las cuales se menciona la funci�n de jueces y fiscales en la protecci�n de detenidos y presuntos autores de delitos, contra actos de tortura y otros tratos crueles e inhumanos.

Como vemos (con todo ello y m�s), existe mucho material nacional e internacional de protecci�n, pero �stas no deben quedar �nicamente en largos cat�logos normativos simplemente te�ricos y aspiracionales que sirven tan solo de apariencia para mostrarse acorde al contexto internacional de protecci�n, sin que ello, en la pr�ctica se vean materializados.

De all�, la importancia, de exigir su cumplimiento, y de que existan visitas peri�dicas y permanentes a cargo de �rganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, y velar por su protecci�n (no tortura, ni tratos crueles e inhumanos) adem�s de que las detenciones preventivas no se conviertan en penas anticipadas, siendo que la Constituci�n y las leyes, disponen que la libertad es la regla y la detenci�n es la excepci�n, debiendo la Defensor�a del Pueblo cumplir con sus obligaciones previstas conforme al dise�o constitucional, entre ellas, velar por la vigencia, promoci�n, difusi�n y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, accediendo libremente a los centros de detenci�n e internaci�n (arts. 218 y 222 CPE). As� como tambi�n, el Estado permitir que la sociedad civil organizada ejerza el control social a la gesti�n p�blica en todos los niveles del Estado, conforme los arts. 241 y 242 de la Constituci�n boliviana.