Decreto de Presidencia a distancia viola la Constitución

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Las declaraciones del Fiscal General del Estado abrieron una profunda brecha institucional que pone en tela de juicio la legalidad del Decreto Supremo 5515 promulgado por Rodrigo Paz para gobernar a la distancia. Las máximas autoridades del área legal recordaron que la norma suprema del país fija la línea de mando y que nada está por encima de la Constitución.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, coincidió con la postura de la Fiscalía sobre la sucesión y afirmó que: "La Constitución así lo establece, puede haber disposiciones que interpreten aquello, pero, mientras eso no exista, la Constitución así lo establece". Al consultarle si un decreto supera la Carta Magna, el jurista enfatizó: "De ninguna manera".

La posición unánime de los operadores de justicia acorrala la validez jurídica del decreto gubernamental durante la ausencia de los primeros mandatarios.

📌 CLAVES DETERMINANTES DEL HECHO

⚠️ EL HECHO: El Fiscal General del Estado y el Presidente del TDJ de Santa Cruz cuestionan abiertamente el Decreto 5515 de Presidencia a Distancia.

⚖️ LA CLAVE: Roger Mariaca reconoció públicamente al titular del Senado, Diego Ávila, como "Presidente Constitucional el día de hoy en Bolivia".

💣 EL TRASFONDO: El TDJ de Santa Cruz ratificó que la línea vertical de mando constitucional no puede ser modificada ni alterada por un decreto supremo.

📉 EL IMPACTO: El cuestionamiento judicial fractura la legitimidad de las decisiones ejecutivas tomadas fuera del territorio nacional.

Por su parte, el fiscal general Roger Mariaca declaró de forma textual: "No estando el presidente y el vicepresidente, quien asume es el presidente del Senado. Para mí... allá los comentarios". La autoridad judicial saludó en un acto público a Diego Ávila bajo esa condición de jefe de Estado interino.

Sumándose al rechazo institucional, el gobernador cruceño Juan Pablo Velasco sentenció de forma breve que "nada está por encima de la Constitución" y demandó un estricto respeto a las leyes vigentes.

El Dato de Cierre: El pronunciamiento conjunto de la Fiscalía y el Poder Judicial despoja de blindaje legal al decreto de gobierno a distancia.

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