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- 2026-01-27
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Este martes, una comitiva de alto nivel integrada por la Gobernación de Santa Cruz y la Policía Boliviana fue blanco de un ataque violento mientras se dirigía a la zona de conflicto en Las Londras. Los agresores utilizaron piedras de gran tamaño y troncos atravesados en la vía para detener el convoy, logrando impactar varios vehículos oficiales en las cercanías del municipio de San Pedro.
Ante la gravedad del hostigamiento y el riesgo de una emboscada mayor, el gobernador Luis Fernando Camacho debió utilizar chaleco antibalas para continuar el recorrido. "Los hemos visto clarísimo; están asustados y por eso atacan, pero esto no nos hará dar ni un solo paso atrás", sentenció el mandatario departamental tras el incidente, reafirmando que el operativo de recuperación de tierras sigue en marcha, según declaró a Unitel.
Por su parte, el asambleísta Zvonko Matkovic denunció que la sociedad civil y los productores están agotados por el "abuso sistemático" de estos grupos irregulares. Matkovic enfatizó que la presencia estatal en la zona no es negociable y que las tácticas de amedrentamiento, lejos de dispersar a las autoridades, confirman la urgencia de desarticular estas células que operan al margen de la ley.
La respuesta del Estado será contundente. Fuentes del Gobierno nacional confirmaron que se ha ordenado el despliegue inmediato de más de 200 militares hacia la provincia Guarayos. Este contingente tiene la misión específica de asegurar el área de Las Londras y brindar el soporte logístico necesario para que la Policía ejecute los mandamientos de desalojo contra los avasalladores que mantienen en vilo al sector productivo.
Este operativo conjunto representa el primer esfuerzo de gran escala tras el plan presentado la semana pasada. La tensión en la zona es máxima, mientras la columna oficial avanza resguardada por fuerzas especiales, decidida a restablecer el orden en una región donde la propiedad privada ha sido vulnerada repetidamente bajo la mirada de grupos que hoy intentan resistir por la fuerza.
Cuando los troncos y las piedras reemplazan a la ley, el despliegue de 200 militares deja de ser una opción para convertirse en la última frontera del Estado de Derecho en el agro cruceño.