Guerra frontal a los avasalladores: Comienza el desalojo de tierras en Santa Cruz

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El departamento de Santa Cruz se prepara para una intervención de gran escala. En las próximas 24 horas, la Gobernación, la Policía y las Fuerzas Armadas iniciarán operativos conjuntos para desalojar a grupos irregulares de al menos 60 predios identificados legalmente. El objetivo es desarticular lo que las autoridades califican como una red delincuencial que operó con impunidad durante dos décadas.

Efraín Suárez, asesor de la Gobernación, fue enfático al señalar que no habrá tregua para quienes usurparon tierras productivas. El operativo, denominado "Plan Integral Santa Cruz sin avasallamientos", priorizará inicialmente las zonas del Norte Integrado y la Chiquitania, pulmones económicos de la región que han sido blanco constante de tomas violentas.

El Gobierno departamental detectó que, aunque existen 60 denuncias con documentación perfecta, la cifra real de predios afectados es mucho mayor. Equipos jurídicos están acelerando el análisis de títulos ante el INRA y la justicia ordinaria para que los operativos de expulsión se ejecuten bajo un paraguas legal inatacable.

La ofensiva marca una ruptura con la permisividad del pasado. Según Suárez, este fenómeno delictivo creció bajo el amparo del anterior modelo político, permitiendo que grupos ajenos a la producción se adueñaran de tierras con alto potencial agropecuario, afectando la seguridad alimentaria de todo el país.

Por su parte, el asambleísta Zvonko Matkovic fue más allá al denunciar que Santa Cruz se convirtió en una "cancha libre" para mafias dedicadas a la extorsión y la quema de montes. Aseguró que estas ocupaciones no solo buscaban la tierra, sino la explotación ilegal de áreas protegidas e incluso la siembra de sustancias controladas.

Matkovic lanzó una advertencia final a los grupos que permanecen atrincherados en tierras ajenas: "la orden es clara y esto se acabó". La movilización de tropas y fiscales busca enviar un mensaje contundente de que el derecho a la propiedad privada vuelve a ser la norma y no la excepción en territorio cruceño.

Los sectores productivos nucleados en la CAO han manifestado su respaldo total a la intervención, esperando que esta sea la solución definitiva a un conflicto que alejó inversiones por años. La expectativa ahora se centra en el primer impacto de la fuerza pública en el terreno para medir la resistencia de los avasalladores.

Según datos citados por Matkovic y el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en Santa Cruz existen más de 300 predios productivos afectados por avasallamientos.

La orden de desalojo ya está dada y los avasalladores deben salir por las buenas o conocerán por las malas el peso de la ley.