Droga y armas: El oscuro destino del equipaje que burló Viru Viru

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El caso de las 31 maletas "fantasma" que ingresaron por el aeropuerto internacional de Viru Viru ha dejado de ser un incidente aduanero para convertirse en un expediente de crimen organizado. Lo que comenzó con el arribo de un lujoso jet Gulfstream G550 desde Los Ángeles, ha terminado con un juez anticorrupción aprehendido y el hallazgo de armas y sustancias controladas en un galpón de la Villa Primero de Mayo.

Según una nota de El Deber, la cronología del escándalo sitúa a la exdiputada Laura Rojas Ayala en el ojo de la tormenta. Los registros audiovisuales son demoledores: la exlegisladora fue captada ingresando a zonas restringidas del aeropuerto el pasado 3 de diciembre. Con gorra y gafas para intentar pasar desapercibida, logró retirar el equipaje que permaneció cuatro días en depósitos aduaneros sin ser fiscalizado por ninguna autoridad.

Para lograr este acceso privilegiado, la investigación fiscal sostiene que Rojas utilizó el pasaporte diplomático N° DE01266. El dato agravante es que dicho documento había sido anulado de oficio por la Cancillería el 13 de noviembre de 2025, tres semanas antes del incidente. La impunidad con la que se movió en el aeropuerto sugiere una red de complicidades que va mucho más allá de una simple omisión administrativa.

El destino final de los bultos fue el galpón de una empresa de seguridad, inmueble que la Fiscalía ha identificado como propiedad del juez anticorrupción Hebert Zeballos. Lo que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) encontró al allanar el lugar transformó el caso: no solo eran divisas, sino droga líquida, marihuana y armas de fuego ocultas en el predio.

La magnitud del operativo logístico es asombrosa. El costo del vuelo chárter privado se estima en $us 150.000, una cifra que no coincide con el perfil económico declarado por la exlegisladora. Este despliegue de recursos refuerza la tesis de que las 31 maletas, de aproximadamente 25 kilos cada una, formaban parte de un engranaje de tráfico de alto nivel.

El papel de la Aduana Nacional y de Migración está bajo fuego cruzado. El Formulario N° 189 confirma que las valijas fueron registradas como "equipaje rezagado" el 29 de noviembre, pero nadie activó las alertas a pesar de que el vuelo contaba con una advertencia previa de organismos internacionales de seguridad. El equipaje simplemente esperó a que su dueña fuera a recogerlo.

Por su parte, la defensa de Laura Rojas, liderada por el abogado Ernesto Giraldes, intenta una estrategia de negación total. Sostienen que ella viajó en vuelo comercial y que no utilizó el pasaporte diplomático desde octubre. Sin embargo, los reportes de Inteligencia y las cámaras de seguridad del aeropuerto contradicen cada una de sus palabras, situándola físicamente en el jet privado.

El juez Hebert Zeballos, quien debía velar por la transparencia y combatir la corrupción, ahora se enfrenta a una audiencia cautelar que definirá su futuro inmediato. Su vinculación directa con el inmueble donde se halló el cargamento ilícito pone en duda la integridad de los fallos emitidos en su juzgado y genera una crisis de legitimidad en el sistema judicial cruceño.

La Cancillería ha sido enfática: usar un documento anulado para evadir controles es un delito penal. La advertencia no es menor, ya que apunta a los funcionarios de Migración que permitieron el paso de Rojas sin verificar la validez del pasaporte en el sistema. La cadena de errores parece haber sido aceitada por una influencia política y judicial de gran alcance.

Este lunes a las 10:00, la exdiputada deberá presentarse a declarar ante la Fiscalía. Se espera que su comparecencia arroje luces sobre quién financió el vuelo desde Estados Unidos y cuál era el propósito real de trasladar 31 maletas hacia un galpón custodiado por un guardia de seguridad y vinculado a un magistrado.

El caso ha escalado a nivel diplomático y policial, involucrando a la Interpol debido al origen del vuelo y la naturaleza de las sustancias halladas. La sociedad civil observa con indignación cómo las estructuras del Estado —desde el Legislativo hasta el Judicial— parecen haberse alineado para facilitar el tránsito de un cargamento que hoy huele a pólvora y narcóticos.

La investigación sigue abierta y las autoridades no descartan más aprehensiones en las próximas horas. Lo que es seguro es que el "caso de las maletas" ha abierto una caja de Pandora que amenaza con arrastrar a más figuras públicas del eje central, exponiendo la vulnerabilidad de nuestras fronteras aéreas ante el poder del crimen organizado.

El hallazgo de armas y droga en el galpón de un juez es la prueba final de que las maletas de Viru Viru no contenían ropa, sino un esquema criminal que ahora exige culpables con nombre y apellido.