Jueces y secretarios bajo la lupa: La red de palos blancos en el caso narcomaletas

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La justicia cruceña se enfrenta a un terremoto institucional tras revelarse que al menos cinco funcionarios judiciales actuaban como presuntos "palos blancos" en una red de narcotráfico. La investigación, que ya mantiene en prisión a un juez y bajo custodia a una exdiputada, apunta ahora a secretarios y auxiliares que figuran como propietarios de empresas de fachada.

El caso explotó tras una alerta internacional sobre un jet privado, contratado por la exdiputada Laura Rojas, que aterrizó en Viru Viru con 32 maletas cargadas de divisas. Este movimiento sospechoso activó a la Felcn, que tras seguir el rastro de las maletas, terminó allanando la empresa Ebose S.R.L., donde el hallazgo fue devastador para la credibilidad judicial.

En los galpones de dicha empresa de seguridad, los agentes no solo encontraron 80 kilos de marihuana, sino también maquinaria industrial para el acopio y refrigeración de la droga. Lo más alarmante fue el documento de constitución de la firma, donde el juez Hebert Zeballos figura como principal dueño capitalista, vinculando directamente el estrado judicial con el narco.

La red se extiende hacia el Tribunal Departamental de Justicia, donde un secretario y una auxiliar judicial también aparecen como socios capitalistas en los testimonios de constitución. Las investigaciones policiales detectaron que estos funcionarios, con salarios modestos, circulaban de forma sospechosa en vehículos de lujo valorados en hasta 80.000 dólares.

La exdiputada Laura Rojas, pieza clave en este engranaje, habría utilizado un pasaporte diplomático caducado para burlar los controles aduaneros en el aeropuerto y retirar el cargamento de maletas. Según la Fiscalía, este jet privado proveniente de Estados Unidos fue el inicio de una cadena de transporte que terminó en los depósitos de la empresa del juez.

Actualmente, el Ministerio Público alista la imputación formal contra Rojas por delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa. La defensa de la exautoridad intentó frenar el proceso alegando una descompensación de salud que obligó a su traslado a una clínica privada, bajo estricta vigilancia policial.

Este operativo, ejecutado inicialmente el 20 de enero, ha dejado al descubierto una estructura donde el poder político y judicial se fusionaron para el lavado de dinero y el tráfico de drogas. La fiscalía asegura que los elementos secuestrados, incluyendo armas de fuego y documentos personales, son pruebas irrefutables de una organización criminal de alto nivel.

El dato de cierre: Mientras los ciudadanos buscan justicia en las salas del Tribunal, los dueños de las maletas parecen haber comprado no solo silencios, sino también las firmas de quienes deben impartir la ley.