¿Cuánto dinero perdía Santa Cruz de la Sierra?

La cruzada de Mamen Saavedra por recuperar las recaudaciones municipales

Si hablamos de gestión municipal, las obras visibles son importantes, pero existe algo mucho más profundo:  La importancia de ordenar las finanzas, transparentar la administración, recuperar los recursos públicos y construir sistemas de recaudación confiables. Desde esta perspectiva, los primeros meses de gestión de Carlos Manuel 'Mamen' Saavedra en el municipio de Santa Cruz de la Sierra presentan un elemento que merece especial atención: la decisión de colocar la transparencia administrativa y financiera en el centro de la gestión municipal.

“Mamen” Saavedra recibió un municipio con una administración definida como financieramente compleja.

Durante el proceso de transición, el equipo entrante expresó públicamente dificultades para acceder oportunamente a información suficiente sobre la situación financiera y administrativa de la institución, registrándose cuestionamientos respecto al ritmo y las condiciones de la entrega de datos.

Este aspecto es fundamental: no se puede administrar correctamente una institución si el nuevo gobierno no conoce con precisión sus obligaciones, sus activos, sus pasivos, sus sistemas informáticos, sus contratos y, particularmente, cuánto dinero debería estar recaudando.

1.-La primera decisión importante fue mirar hacia adentro.

Uno de los principales méritos de la nueva administración ha sido no limitarse a continuar con la estructura recibida, sino iniciar un proceso de revisión administrativa y financiera.

En su primer informe de gestión, Saavedra señaló presuntas irregularidades en cinco áreas: recaudaciones, contratación de personal, procesos judiciales, manejo de recursos y trámites municipales. La propia alcaldía informó también que recibió obligaciones y compromisos financieros importantes.

Desde una perspectiva de gestión pública, esto tiene una lectura positiva: antes de comprometer nuevos recursos, primero se intenta conocer dónde están las fugas, cuánto se debe, cuánto se recauda y cuáles son los mecanismos que pueden ser corregidos.

Eso es particularmente importante en un municipio como Santa Cruz de la Sierra, donde cada punto porcentual de mejora en la recaudación puede representar recursos significativos para salud, educación, infraestructura, drenaje, seguridad y servicios públicos.

Número 2. Recaudaciones: el área del cambio más contundente

Probablemente el hecho administrativo-financiero más importante de los primeros meses de la gestión de Saavedra fue la intervención de la Dirección de Recaudación. El 11 de mayo, la Alcaldía intervino físicamente estas oficinas y anunció una revisión técnica y forense del sistema tributario.

Posteriormente, la Alcaldía informó que 411 usuarios fueron dados de baja del sistema anterior: 76 vinculados al módulo de inmuebles y 135 al de vehículos. El municipio indicó que los usuarios habilitados después quedaron sujetos a mayores restricciones, exigiendo autorización y monitoreo para cualquier modificación.

Este cambio tiene una enorme importancia financiera. Un sistema moderno de recaudación debe cumplir tres principios básicos: quién modifica, qué modifica y cuándo modifica; es decir, debe existir trazabilidad. El municipio señaló que el nuevo sistema registra cada modificación, lo que reduce la posibilidad de alterar la información tributaria de forma discrecional y sin dejar huella.

En términos de administración pública, esto representó pasar de un sistema basado excesivamente en la convivencia individual a uno fundamentado en controles institucionales, autorizaciones, trazabilidad y auditoría.

Número 3: la decisión de recurrir a la Contraloría es probablemente uno de los mayores aciertos institucionales.

Otro elemento que merece ser destacado es que la Alcaldía no se limitó a realizar una investigación interna. El 19 de mayo de 2026, la Contraloría General del Estado, a través de su gerencia departamental en Santa Cruz, inició una auditoría al sistema de recaudaciones del municipio. La propia Contraloría confirmó oficialmente que la auditoría tenía como finalidad establecer las causas de las presuntas irregularidades, determinar responsabilidades y cuantificar el eventual daño económico.

Esto es importante porque introduce un tercer control institucional. Desde la perspectiva de las finanzas públicas, cuando existen dudas sobre un sistema de ingresos municipales, lo correcto es que la información no dependa exclusivamente de la autoridad política que administra el municipio. Por eso, solicitar y facilitar la intervención de la Contraloría constituye una señal positiva de apertura institucional. La propia entidad destacó públicamente la predisposición de la Alcaldía para entregar la documentación requerida. En otras palabras, la gestión de Saavedra tomó una decisión que puede resumirse así: que no sea la Alcaldía la que se audite a sí misma, sino que también intervenga el órgano constitucional de control.

El resultado de esta investigación constituye hasta ahora uno de los datos económicos más relevantes de la gestión. El 29 de julio, la Alcaldía informó oficialmente que la auditoría del sistema tributario identificó aproximadamente 22.000 casos de rebajas e irregularidades en bienes inmuebles, con un perjuicio económico superior a los 570 millones de bolivianos, correspondientes al periodo de 2021 a abril de 2026.

Este dato no debe interpretarse simplemente como dinero recuperado; los 570 millones constituyen el daño económico identificado, no recursos que ya hayan ingresado a las arcas municipales.

Tras otorgar un plazo para que los contribuyentes regularicen las diferencias, multas e intereses, y anunciar posteriormente acciones legales contra quienes no cumplan con su obligación, aparece un segundo componente positivo: la administración no solamente está investigando, sino que intenta convertir la auditoría en una recuperación efectiva de ingresos municipales.

El problema no terminó en los inmuebles; la investigación posterior se extendió a otros componentes del sistema tributario. El municipio señaló que una auditoría municipal detectó más de 45.000 modificaciones en impuestos de vehículos y unas 30.000 modificaciones en patentes, con un perjuicio estimado superior a los 170 millones de bolivianos. Los ejemplos difundidos por la Alcaldía muestran por qué el control tributario es tan importante.

Según la información presentada por “Mamen”, vehículos de alta gama aparecían registrados con características correspondientes a motorizados de menor valor e incluso como transporte público, reduciendo significativamente su obligación tributaria.

Esto evidencio la verdadera situación del municipio.

Numero 4.- La transparencia comienza cuando el ciudadano puede controlar la gestión.

Otro cambio positivo es la orientación hacia una administración más abierta: el portal oficial del gobierno municipal ofrece acceso a información sobre estados financieros, informes de auditoría, rendición de cuentas, trámites, denuncias, solicitudes de información y otros mecanismos de participación ciudadana.

Asimismo, el municipio dispone de plataformas para realizar trámites digitales, efectuar pagos mediante QR, iniciar gestiones y hacer seguimiento de su estado. Esto parece una cuestión meramente tecnológica, pero en realidad tiene una enorme importancia administrativa. Cada trámite que se digitaliza reduce la discrecionalidad, disminuye las filas y limita la intermediación innecesaria. Cuanto menos depende un ciudadano de un funcionario para obtener información básica, menor es también el espacio para la extorsión o el cobro irregular.

La digitalización como instrumento anticorrupción no debe verse solamente como una comodidad para el vecino; tiene una función mucho más importante: generar trazabilidad. Si una persona solicita una licencia, paga un tributo, modifica un dato o realiza un trámite, el sistema debe permitir saber quién realizó la operación, cuándo la realizó, qué información modificó, quién autorizó la modificación, cuánto dinero se involucró y quién tenía responsabilidad sobre esta operación. Ese puede convertirse en uno de los cambios estructurales más importantes de la administración municipal

Número 5. perseguir al que evade y facilitar el pago al que quiere cumplir.

La política de recaudación tributaria también debe ser amigable con el contribuyente. Apurar no significa únicamente perseguir al evasor; también significa facilitarle la vida al ciudadano que quiere cumplir.

En abril, la alcaldía implementó un programa de regularización tributaria que permitió la condonación de multas e intereses. Además, facilitó trámites digitales para que los contribuyentes pudieran ponerse al día sin acudir necesariamente a oficinas municipales.

Posteriormente, frente a los resultados de las auditorías, la alcaldía amplió los horarios de atención —incluso durante feriados y fines de semana— para facilitar la regularización. Este es un enfoque financieramente inteligente: una administración tributaria moderna debe tener dos brazos: perseguir al que evade y facilitar el pago al que quiere cumplir.

El objetivo final no es cobrar más por cobrar más, sino ampliar la base tributaria, recuperar recursos que legítimamente corresponden al municipio y generar una cultura de cumplimiento.

Número 6: Ordenar el gasto también es recaudar.

Una buena política financiera municipal no consiste solamente en aumentar los ingresos, sino también en evitar gastos innecesarios. Desde el inicio de su gestión, Saavedra planteó una reducción del tamaño de la estructura municipal señaló que la alcaldía podría funcionar con una cantidad significativamente menor de personas, vinculando el gasto salarial con el servicio efectivamente prestado al ciudadano. Posteriormente, se anunciaron medidas contra funcionarios que no cumplían sus obligaciones laborales, incluyendo descuentos y desvinculaciones en caso de determinarse faltas conforme a las disposiciones laborales y aplicables. Desde el punto de vista financiero, cada gasto que se elimine representa necesariamente un recurso que puede ser destinado a una prioridad pública.

Una conclusión desde la economía pública

Si tuviera que evaluar los primeros meses de la Administración de Saavedra desde la perspectiva de un especialista en finanzas públicas, diría que su principal aporte hasta ahora no es solamente una obra determinada, sino haber iniciado una discusión mucho más importante: ¿cuánto dinero debería estar recaudando realmente Santa Cruz y cuánto dinero se estaba perdiendo por las deficiencias del sistema?

Pero el verdadero éxito de esta política todavía está por delante. Será exitoso si los hallazgos se convierten en más recursos efectivamente recuperados, menos evasión, sistemas imposibles de manipular, funcionarios sometidos a controles, trámites más sencillos y un ciudadano que tenga la certeza de que, cuando paga 1.000 bolivianos de impuestos, esos 1.000 bolivianos llegan realmente al municipio.

Ese es, en última instancia, el concepto moderno de la transparencia pública: no basta con decir que se combate la corrupción, hay que construir sistemas donde sea cada vez más difícil que la corrupción pueda instalarse. Y ese es verdaderamente el aspecto más destacable de la gestión de Manuel Saavedra en estos primeros meses: haber convertido el ordenamiento administrativo, la defensa de los ingresos municipales y la transparencia de las recaudaciones en una prioridad para el gobierno municipal.

*Economista-Abogado