Diésel, el principio del fin

El Decreto Supremo 5676 no es una estrategia económica para frenar el contrabando, es la bandera blanca de un Estado quebrado. El presidente Paz ha decidido oficializar la bancarrota del país asfixiando al sector productivo, en un intento desesperado por ocultar el colapso del Banco Central.

El desastre no comenzó hoy en los surtidores, comenzó cuando el Gobierno perdió el control de la economía y disparó el precio del dólar. Pasamos de un tipo de cambio histórico de 6,96 a un demoledor 11,58, destruyendo el poder adquisitivo de todos los bolivianos antes de siquiera tocar los carburantes.

Ahora, el aparato de propaganda culpa a los grandes consumidores y a las mafias por el desabastecimiento. Sin embargo, el ciudadano que busca carburantes para su vehículo particular también encuentra los surtidores vacíos, destruyendo por completo la farsa oficial.

No hay industrias ni grandes contrabandistas haciendo fila en las estaciones de servicio de los barrios. La escasez generalizada confirma que los buques están varados en puertos extranjeros simplemente porque el Gobierno de Paz ya no tiene dólares para pagar las importaciones.

Este tarifazo brutal, que dispara el diésel de 9,80 a 18 bolivianos, es en realidad un perverso globo de ensayo. Están midiendo la tolerancia social imponiendo un incremento de casi el doble al empresario, calculando fríamente que el ciudadano común no saldrá a marchar por los grandes productores.

Pero aquí radica la ceguera letal de esta medida: la cadena productiva no termina con la siembra o la industria, es exactamente ahí donde empieza. El drama apenas comienza, porque ese sobreprecio de más de 8 bolivianos por litro no lo absorberán las empresas, lo pagará la gente.

Cada centavo de este tarifazo se trasladará al flete logístico, al procesamiento de alimentos, al empaque y a la cadena de frío. El presidente Paz ha tercerizado la quiebra del Estado, obligando a las familias a financiar el déficit a través de una inflación invisible y letal en los mercados.

Mantener la tarifa de 9,80 bolivianos para el sector transporte es otra ilusión óptica insostenible. Cuando el chofer deba pagar el doble por sus propios alimentos, repuestos y aceites, el país enfrentará un inminente estallido social por fletes y pasajes.

La otra trampa macabra del decreto es el supuesto incentivo a la "importación privada". ¿Con qué divisas van a importar los privados si el propio Estado secuestró los dólares y provocó que trepen hasta los 11,58 en la calle?

Obligar al sector privado a buscar dólares en el mercado paralelo para importar diésel es una receta garantizada para la hiperinflación. El Estado se lava las manos, asume su derrota frente a la crisis y le tira una bomba de tiempo a la empresa privada.

Si el Gobierno logra consolidar este golpe sin resistencia, la eliminación total de la subvención para la clase media y el transporte será inminente. El tarifazo al diésel no es una victoria contra las mafias, es el principio del fin de nuestra supervivencia económica.

*Periodista