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Bolivia tiene un problema que durante muchos años se intentó esconder detrás de una palabra políticamente cómoda: subsidio, pero un subsidio hace desaparecer el costo real de un producto, alguien siempre termina pagando la diferencia.
El D.S. 5676, promulgado el 16 de agosto intenta, enfrentar precisamente ese problema. Su objetivo es reducir la carga fiscal que representa para YPFB importar y es comprar a precios internacionales y venderlos en el mercado interno a precios regulados subsidiados.
La nueva medida establece un precio referencial inicial de bolivianos 18 por litro para usuarios directos, clientes, directos y grandes consumidores, mientras mantiene el precio regulado para los demás consumidores. A primera vista parece una medida sencilla, pero detrás de esos bolivianos 18 existe una decisión económica de enorme importancia para el futuro del país.
El problema aparece cuando el Estado compra caro y vende barato; Supongamos que importar 1 L cuesta cerca de 18 bolivianos, Pero el consumidor paga 9,80; por eso el problema no es solo de surtidores, Es un problema que involucra déficit fiscal, dólares, reservas, Inflación y sostenibilidad de las finanzas públicas.
Desde esta perspectiva, el D.S. 5676 tiene una lógica económica correcta: no es posible mantener indefinidamente un combustible importado a precio internacional y venderlo internamente muy por debajo de su costo.
El decreto puede ayudar a reducir la presión financiera sobre YPFB. Esto puede mejorar además su flujo de caja y reducir la necesidad de que el Estado cubra permanentemente la diferencia. También introduce algo: que la economía necesita una señal de precio. Cuando el producto es demasiado barato de manera artificia, se consume más y se desperdicia más. Cuando su precio se acerca a su costo real las personas y empresas tienen mayores incentivos para ahorrar, ocupar con más eficiencia y utilizar tecnología menos dependiente del combustible. Hasta aquí el decreto tiene sentido, pero aparece el problema: el gran peligro los dos precios para el mismo Diesel.
El decreto crea en la práctica dos mercados: un consumidor que puede acceder al combustible regulado, y otro consumidor, dependiendo de su categoría y volumen tendrá, que pagar el precio referencial. Inicialmente, hablamos de una diferencia de aproximadamente 8,20 por litro y aquí debemos detenernos Porque 8.20 por litro es una diferencia enorme cuando se manejan miles o millones de litros.
Supongamos que alguien logra acceder a 50000 Litros al precio regulado subsidiado y venderlo a precio referencial, La diferencia sería de 410000 bolivianos No estoy diciendo que el decreto permita legalmente comprar combustible para revenderlo. La ley no lo permite.
Estoy explicando otra cosa: Una diferencia tan grande crea un enorme incentivo económico para intentar conseguir el producto barato y llevarlo hacia el mercado caro. Eso se llama especulación. Y cuando existe una ganancia importante, aparecen los intentos de desvío, reventa, intermediación y mercado negro.
Aquí puede aparecer la paradoja del subsidio: el Gobierno quiere reducir el subsidio para ahorrar recursos públicos, pero si el sistema tiene controles débiles, podría ocurrir algo perverso: que exista una brecha muy grande entre ambos precios sin un sistema de control suficientemente fuerte.
Esto no significa que el decreto esté mal, no necesariamente, ya que la idea de focalizar el subsidio puede ser correcta. No tiene mucho sentido que el estado subsidie de la misma manera a una familia que carga combustible para su vehículo que se usa para sus tareas particulares y a una empresa que consume decenas de miles de litros para desarrollar actividades económicas. La focalización puede permitir una transición ordenada; se reduce el subsidio a los grandes consumidores, y después se puede avanzar hacia un sistema donde el subsidio quede concentrado en quienes realmente lo necesitan
El problema está en hacerlo sin que se genere un mercado negro.
La segunda preocupación es la inflación, aquel otro punto que debemos entender claramente: Al consumidor particular de familia que mantendrá su litro de diésel a precio subsidiado de 9.80 no le va a significar que el aumento al gran consumidor y productor no vaya a generarle inflación.
Porque ese precio adicional de incremento se trasladará a los precios de los productos finales más caros.
Pensemos en el agricultor que necesitaría diésel para preparar la tierra, sembrar, cosechar y transportar su producción. Si su diésel aumenta, también aumentarán sus costos de producción, Después viene el transporte; el transportista también tiene mayores costos y, finalmente, estos costos se trasladan al producto.
El producto llega al mercado, La cadena suele ser: diésel más caro, producción más cara, transporte más caro, alimentos más caros y mayor inflación, Por eso el Gobierno puede mantener el precio del diésel para el consumidor final y aun así terminar enfrentando una mayor inflación.
En Santa Cruz, la economía depende fuertemente de la producción agropecuaria, el transporte, la construcción y otras actividades, que utilizan grandes cantidades de diésel.
El sector agrícola produce el 97% de los alimentos que el país consume. Por eso una subida importante del combustible para grandes consumidores puede terminar afectando los costos de producción de toda la economía.
El desafío será evitar que el ajuste necesario de los precios termine castigando la producción, porque una cosa es eliminar un subsidio ineficiente, y otra muy diferente encarecer los costos productivos hasta el punto de reducir la inversión y el empleo.
El D.S. 5676 también va a ayudar a disminuir la demanda del dólar, es decir, que existe un efecto positivo que a veces pasa desapercibido: Si el Estado necesita menos dólares para subsidiar combustible, disminuye la presión sobre las divisas y, por lo tanto, menor presión sobre las reservas.
Si además se permite y facilita que privados importen combustible con sus propios recursos, YPFB dejará de cargar con toda la responsabilidad de abastecer al mercado y esto ayuda a aliviar la presión cambiaria
Pero también aparece una condición: el ahorro generado debe utilizarse correctamente Si el Gobierno reduce el subsidio, pero continúa gastando por encima de sus posibilidades, el problema fiscal simplemente reaparecerá por otra vía.
Uno de los problemas principales respecto al decreto 50676 es que establece el precio referencial y debe considerar los costos de importación, los impuestos y dispone que el Ministerio de hidrocarburos determine la metodología correspondiente.
El ente regulador deberá publicar el precio referencial. Aquí está una de las claves del éxito o fracaso de esta medida:
La fórmula debe ser transparente; la población debe poder conocer cuánto cuesta el combustible en el mercado internacional. ¿Cuánto cuesta traerlo? ¿Qué tipo de cambios utiliza? ¿Cuánto representan los impuestos? ¿cuánto corresponde a transporte y almacenamiento? ¿Cómo se determinará finalmente el precio referencial?
Si todo eso es transparente, habrá mayor confianza; si no lo es, tendremos un precio administrado que simplemente se presenta como referencial.
Bolivia no puede seguir controlando un producto estratégico solamente con papeles de autorización. El D.S. 5676 no es una solución definitiva, El decreto ayuda a reducir el costo fiscal, ayuda a mejorar la situación financiera de YPFB, ayuda a reducir el incentivo al contrabando, ayuda a generar una señal de precio más racional; pero no le resuelve por sí solo el problema energético de Bolivia, no produce más petróleo, no descubre nuevos campos, no aumenta la producción de diésel, no genera dólares, no elimina la necesidad de inversión.
Por eso si el Gobierno quiere que esta medida sea realmente exitosa, debe acompañarla con una política energética mucho más profunda. Necesitamos más exploración, necesitamos más inversión, necesitamos más producción nacional, más participación privada, más competencia y, sobre todo, una estrategia para recuperar la capacidad de generar dólares.
El D.S 5676 una medida económica necesaria, pero incompleta. Es necesario comenzar a desmontar un sistema de subsidios que se volvió demasiado costoso para las finanzas públicas, pero hacerlo implica riesgos: el primero, la inflación, el segundo, el mercado negro, el tercero, la especulación entre los dos precios; el cuarto es que el aumento de costos termina afectando la producción nacional, y el quinto, quizá el más importante, sería que el Gobierno reduzca el subsidio sin resolver la falta de dólar y la baja producción de hidrocarburos.
Por eso el decreto no debe medirse simplemente preguntando cuánto recauda yacimientos con el diésel a bolivianos 18; la verdadera pregunta es cuánto logra Bolivia reducir su necesidad de dólares para importar combustible, y cuánto consiguió aumentar su producción y sus exportaciones. Si el resultado es menor déficit y mayor abastecimiento, más inversión y una economía productiva más fuerte, el decreto supremo 5676 habrá sido un paso importante.
Pero si solamente conseguimos diésel más caro, inflación más alta y la misma escasez de siempre, habrá traslado el problema de un bolsillo a otro.
El verdadero desafío es hacer que Bolivia deje de necesitar cada vez más dinero extranjero para importar lo que consume y vuelva a tener la capacidad para producir invertir y generar dólares. Porque el subsidio puede ser una ayuda temporal, pero no puede convertirse en una forma permanente de esconder el costo de una economía que urgentemente necesita ser transformada.
*Economista y Abogado