El campo de conflictividad no es provocado por la OEA

En un anterior art�culo que escrib�, el cual lleva por t�tulo: �Nada cambia si tu no cambias (..)�, mencion� in extenso y textualmente lo siguiente: �El vivir en democracia es un derecho colectivo tal como se�ala el art�culo primero de la Carta Democr�tica Interamericana (Instrumento Internacional que se encuentra �ntimamente ligada con la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos tal como menciona la SCP N� 0084/2017 de 28 de noviembre) por cuanto se trata de intereses comunes a un grupo o colectividad, cuyos miembros tienen una vinculaci�n com�n; colectividad que, por ello, se encuentra claramente determinada, esto es, la naci�n boliviana prevista en el art. 3 de la Constituci�n boliviana.

La Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (CADH, aprobada por Bolivia mediante Ley N� 1430 de 11 de febrero de 1993), define los derechos humanos que los Estados se comprometen internacionalmente a respetar y dar garant�as para que sean respetados; por ende, es uno de los principales instrumentos que el pueblo (enti�ndase sumatoria de individuos) cuenta para protegerse del abuso de poder, de las grandes atrocidades y cr�menes de gobiernos crueles y opresivos.

De all� que, si alg�n gobierno de cualquier pa�s del sistema interamericano decide retirarse de la Convenci�n y denuncia a la CADH, autom�ticamente se constituye en un r�gimen no democr�tico, tir�nico y dictatorial.

En el caso boliviano, existen los arts. 410-II y 256 de la Constituci�n Pol�tica del Estado (CPE), los cuales establecen que dicha Convenci�n se encuentra integrada y adherida al bloque de constitucionalidad de Bolivia y que la declaraci�n de los derechos consagrados en la CADH que sean m�s favorables a los contenidos en la CPE, se aplicar�n de manera preferente sobre �sta; por lo tanto, no es decisi�n de un gobierno de turno retirarse o no de la Convenci�n, pues �ste no solo incumplir�a la Constituci�n sino que adem�s se estar�a por someter al pueblo a violencia f�sica o moral (art. 114-I de la Constituci�n) constituyendo un grave atentado a los derechos de las personas y de la sociedad boliviana en su conjunto, pues las personas estar�an desprotegidas. La voluntad del Constituyente no debe ser desnaturalizada�.

Cabe mencionar que las elecciones son un ejercicio pr�ctico de Derechos Humanos. El logro de un proceso electoral aut�ntico y democr�tico es fundamental para el establecimiento de un sistema de gobierno que garantice el respeto de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y el desarrollo de instituciones democr�ticas.

De all� que todo fraude electoral implica vulneraci�n de derechos y en consecuencia para evitar tales extremos existen los est�ndares internacionales sobre elecciones, los textos clave pertinentes, una matriz de los compromisos adquiridos por cada Estado adem�s de informaci�n sobre est�ndares por �rea de evaluaci�n y un listado de referencias �tiles para mayor informaci�n al respecto.

En ese sentido, para el hemisferio sudamericano, son los gobiernos democr�ticos quienes deben respetar dichos est�ndares internacionales y entre ellos, se encuentran los compromisos que asumen ante la OEA en cumplimiento al Estado de Derecho, como lo son, la auditor�a "vinculante" frente a elecciones pol�micas.

Con todo ello, no se debe confundir COSA JUZGADA con verdad material, pues ya es por dem�s sabido, que cualquier pa�s que se encuentra dentro del sistema interamericano de protecci�n de DDHH, no puede alegar cosa juzgada para evitar sus responsabilidades por atentados a los derechos y libertades de las personas.

Al respecto, recordar que, la Corte Interamericana de DDHH en el Caso del Caracazo Vs. Venezuela, Sentencia de fecha 29 de agosto de 2002, estableci� claramente que en hechos de graves violaciones a derechos humanos no se puede invocar cosa juzgada para impedir que la verdad material sea realmente conocida.

Por lo tanto, si alg�n Estado, pretende acudir a esta antigua ma�a o mala pr�ctica, mediante sobreseimientos o absoluciones anticipadas, alegando Cosa Juzgada (una vez agotadas las v�as internas de impugnaci�n de orden nacional) para desnaturalizar una verdad material, tal situaci�n an�mala carece de total credibilidad ante el sistema interamericano de protecci�n de DDHH, conforme a la vasta jurisprudencia de la Corte IDH.

Finalmente, en protecci�n al derecho a vivir democracia en el marco de los procesos electorales conforme a los est�ndares internacionales sobre elecciones, los Estados democr�ticos que asumieron sus respectivos compromisos hist�ricos, no deben tratar de burlar una verdad material alegando una supuesta cosa juzgada interna; y, en el caso boliviano, tampoco un gobierno de turno puede ni tiene potestad de retirarse o denunciar a la CADH pues �sta se encuentra integrada y adherida al bloque de constitucionalidad de Bolivia, conforme as� ordena y dispone la propia Constituci�n boliviana, guardando una debida rigidez constitucional al respecto (art. 411 CPE).