Impunidad con firma legislativa. El costo de derogar el estupro

1 El espejismo del progreso: Una trampa legal bajo la lupa

Bolivia atraviesa un momento jurídico crítico. Bajo el argumento de modernizar la legislación penal y alinear nuestro ordenamiento con estándares internacionales de derechos humanos, ha ingresado a trámite legislativo el Proyecto de Ley N° 010/2023-2024 C.S., denominado “DE INCORPORACIÓN DEL TIPO PENAL DE VIOLACIÓN INCESTUOSA, ELIMINACIÓN DEL ESTUPRO Y RECONOCIMIENTO DE LA FALTA DE CONSENTIMIENTO COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DEL DELITO DE VIOLACIÓN PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA”. A primera vista, la iniciativa parece un avance civilizatorio. Hablar de consentimiento, erradicar figuras arcaicas y tipificar la violencia intrafamiliar suena, sin duda, a justicia. Sin embargo, al revisar el articulado con lupa técnica y perspectiva de víctimas, emerge una realidad alarmante, este proyecto contiene una trampa legal que, de aprobarse tal como está, blindará la impunidad de sujetos investigados o condenados, dejará en desamparo a adolescentes entre 14 y 18 años y servirá como escudo jurídico para actores con influencia política. No se trata de un error de redacción; es una consecuencia estructural que el legislador ha ignorado o, peor aún, ha normalizado.

1. La derogación del estupro y la extinción automática de la acción penal

Para comprender la gravedad del asunto, debemos empezar por el corazón del debate, la ELIMINACIÓN DEL DELITO DE ESTUPRO. Hasta hoy, el artículo 309 del Código Penal sancionaba con tres a seis años de privación de libertad a quien, mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal con una persona mayor de 14 y menor de 18 años. Esta figura no exigía violencia física; reconocía que la asimetría de madurez, experiencia y poder entre un adulto y un adolescente vicia cualquier aparente “voluntad”. El proyecto propone derogar esta norma y sustituirla por un nuevo régimen basado exclusivamente en el consentimiento. El problema no está en reconocer la autonomía sexual, sino en cómo se aplica a menores de edad. En la práctica, la derogación pura y simple sin una figura transicional equivalente genera un vacío de protección. Si un caso de estupro se encuentra en etapa de investigación, juicio o incluso con sentencia no ejecutoriada, y el tipo penal desaparece del ordenamiento, el principio de irretroactividad de la ley penal más benigna (artículo 123 de la Constitución Política del Estado) opera de manera automática, la nueva ley, al ser más favorable o al eliminar el delito, debe aplicarse en beneficio del imputado. Esto no es teoría; es dogmática penal básica. La consecuencia inmediata es la extinción de la acción penal. Investigaciones archivadas, procesos frenados y condenas suspendidas. Todo ello bajo el paraguas de una “modernización” que, en la práctica, se traduce en puertas giratorias para la justicia.

1. La “Disposición Transitoria”: Un parche inconstitucional

El proyecto intenta parchear este efecto catastrófico mediante una Disposición Transitoria Única que ordena a los tribunales continuar con los procesos de estupro hasta la emisión de sentencia ejecutoriada. A simple vista, parece una solución técnica. En realidad, es inconstitucional. El artículo 123 de la Constitución es claro, taxativo y de rango supralegal, la ley penal más benigna se aplicará de preferencia y con carácter retroactivo. Ninguna disposición transitoria puede suspender, limitar o condicionar una garantía constitucional. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha reiterado que las normas de transición no pueden operar como mecanismo para eludir la aplicación de la ley más favorable. Al mantener vigente un tipo penal derogado únicamente para “congelar” procesos, el proyecto viola el principio de legalidad, la seguridad jurídica y, sobre todo, la igualdad ante la ley. Si la derogación es necesaria, debe acompañarse de una reclasificación clara y de un mecanismo de adecuación procesal que no sacrifique los derechos de las víctimas. Lo contrario es ingeniería legislativa al servicio de la impunidad.

1. El blindaje procesal del poder político

¿Quiénes se benefician realmente de esta arquitectura jurídica? La respuesta duele, pero es evidente, aquellos con capacidad de influencia, recursos para litigar prolongadamente y, frecuentemente, con exposición mediática o poder político. Cuando un tipo penal desaparece y los procesos se estancan o se extinguen, el primer afectado es la víctima, pero el primer beneficiado es el sujeto investigado. En casos de asimetría extrema, como los que involucran a figuras públicas, líderes de movimientos o funcionarios de alto rango (Ex Presidente), la derogación del estupro se convierte en un escudo procesal. No se requiere conspiración ni colusión; basta con que el derecho opere en su letra fría. Mientras la víctima enfrenta la revictimización institucional, el desgaste emocional y la falta de acompañamiento, el denunciado puede invocar la nueva norma para solicitar la extinción de la acción, la absolución por atipicidad o la anulación de medidas cautelares. El mensaje que se envía a la sociedad es corrosivo, si tienes poder, el tiempo y la reforma legislativa jugarán a tu favor. Si eres adolescente, tu dolor se archivará como “caso resuelto por cambio de ley”.

1. Violación de estándares internacionales y del interés superior del niño

Este escenario choca frontalmente con el bloque de constitucionalidad y convencionalidad que Bolivia ha ratificado. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 8 y 25, garantiza el derecho a un debido proceso y a un recurso judicial efectivo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en que el Estado no puede erigir obstáculos normativos que obstaculicen la investigación de violaciones a derechos humanos, especialmente cuando involucran a personas en situación de vulnerabilidad. En casos como González y otras vs. México (2009) y V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua (2016), la Corte estableció que la violencia sexual contra menores exige una respuesta estatal reforzada, con investigaciones diligentes, perspectivas de género y de niñez, y sin exigencias probatorias desproporcionadas para la víctima. Eliminar el estupro sin sustituirlo por una figura que cubra el abuso de madurez o de autoridad contradice el deber de protección integral consagrado en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 60 de nuestra Constitución. El interés superior del niño no es una declaración retórica; es un principio rector que obliga al legislador a anticipar los efectos colaterales de las reformas penales. Aquí, el legislador ha fallado.

1. Consentimiento y carga probatoria: Trasladar el peso a la víctima

Además, la nueva definición de consentimiento, aunque bien intencionada, contiene riesgos procesales graves. El proyecto establece que el consentimiento no puede inferirse del silencio, la falta de resistencia, la vestimenta o las relaciones previas. Esto es correcto y alineado con estándares internacionales. Sin embargo, al no establecer presunciones legales claras sobre la ausencia de consentimiento en contextos de desigualdad de poder, dependencia económica, autoridad jerárquica o madurez asimétrica, se traslada tácitamente la carga de la prueba a la víctima. En la práctica, el sistema penal exigirá que una adolescente demuestre no solo que dijo “no”, sino que existió coerción explícita, amenaza o violencia. Esto ignora la realidad psicológica y social del abuso, muchas víctimas quedan paralizadas por el miedo, la confusión, el trauma o la lealtad distorsionada hacia el agresor. La jurisprudencia interamericana ha advertido que exigir resistencia física o verbal en casos de violencia sexual es una forma de revictimización que perpetúa estereotipos patriarcales. Sin un marco probatorio que reconozca la coerción implícita y el abuso de posición de poder, la nueva norma se convertirá en un filtro de exclusión para miles de casos que nunca llegarán a juicio.

1. El costo humano: Revictimización y silencio forzado

El costo humano de esta reforma mal diseñada es incalculable. Las víctimas de estupro, mayoritariamente adolescentes, ya enfrentan un sistema judicial hostil, lento y muchas veces indiferente. Sus testimonios son cuestionados, sus familias son presionadas para desistir, y los procesos se alargan durante años. De repente, se les informa que la ley cambió, que el delito ya no existe como tal, y que su caso debe adecuarse a una nueva figura que no contempla su realidad específica. El mensaje es devastador, el Estado retira su promesa de protección. Esto no solo genera impunidad; genera silencio. Si las jóvenes saben que denunciar puede resultar en un archivo por “cambio normativo” o en un juicio donde su palabra será insuficiente sin violencia visible, dejarán de hablar. El estupro, como figura, tenía límites, pero al menos reconocía que la adolescencia es una etapa de desarrollo que merece tutela reforzada. Su eliminación sin salvaguardas equivalentes es un retroceso disfrazado de progreso. La justicia no se mide por la cantidad de tipos penales que se crean, sino por la efectividad real de la protección a quienes no pueden defenderse por sí mismos.

1. Correcciones urgentes: Hacia una reforma con efecto útil

Es urgente que la Asamblea Legislativa Plurinacional corrija el rumbo antes de que esta norma se convierta en ley. La solución no es conservar el estupro tal como está, sino reformularlo con precisión técnica y perspectiva de derechos. Se debe eliminar la Disposición Transitoria Única que viola el artículo 123 de la Constitución y sustituirla por un mecanismo de adecuación procesal que garantice que los casos en curso se juzguen bajo la figura más grave aplicable si así corresponde, o se reclasifiquen bajo el nuevo tipo de violación si se acredita ausencia de consentimiento por asimetría de poder. Asimismo, debe incorporarse explícitamente la presunción legal de ausencia de consentimiento cuando medie relación de autoridad, dependencia, tutela, o diferencia significativa de madurez y experiencia. El legislador tiene la obligación constitucional de dotar de efecto útil a todas las medidas de protección (artículo 13.II CPE). Ignorar esta responsabilidad es convertir la reforma en un instrumento de impunidad selectiva.

1. La justicia no puede ser retroactiva para el abuso

La ciudadanía debe alzar la voz. Los medios de comunicación, las organizaciones de derechos humanos, las universidades y la sociedad civil en general tienen el deber de analizar este proyecto más allá de sus titulares. No se trata de oponerse al consentimiento; se trata de exigir que su reconocimiento no sirva como excusa para desproteger a las adolescentes ni para blindar a quienes abusan de su posición. El derecho penal no es un juego de equilibrios retóricos; es la última frontera de protección de los bienes jurídicos más sagrados, la vida, la integridad y la libertad sexual. Si permitimos que una reforma bienintencionada se convierta en un atajo para la impunidad, estaremos traicionando a las víctimas que confían en el Estado, y estaremos legitimando un sistema donde el poder se traduce en inmunidad jurídica. La justicia no puede ser retroactiva para el abuso, ni selectiva para la verdad. Exijamos una ley que proteja, no que borre. Porque mientras el estupro se elimina del código, las heridas de las víctimas no desaparecen. Y la impunidad, cuando se viste de progreso, deja de ser un error legal para convertirse en una deuda histórica con la justicia.