Domingo 30 de agosto 2026

Palos de ciego


  • por

168 vistas

Con perdn de quienes padecen la condicin de ceguera, el presidente de Bolivia da golpes batientes como tuviera un bastn de palo que golpea sin cautela, pero a diferencia de los no videntes,  Evo Morales sabe bien cmo dar un rotundo palo contra la democracia.

Al abrigo interesado de izquierdistas no democrticos, con marcados rasgos totalitarios o bajo la influencia de intelectuales orgnicos, ora gramscianos, ora jacobinos, l cree que es el gobierno, el Estado, la Nacin. Y como tal, pretende reproducir en clave tnica-indgena-originaria-campesina-cocalera, lo que en otros contextos histricos se dio en clave clasista. Es decir, con una clase obrera portadora de su conciencia de clase como vanguardia de la revolucin proletaria. En Bolivia, sin proletarios, y en declive el embrujo de los tiempos revolucionarios y del proceso de cambio que anunciaban su partido -el MAS- Morales  le mete noms, como dice el mismo.

Poco le importa que le llamen autoritario, afirma , y menos todava las consecuencias que sufre esta secuestrada democracia-voto, pues sabe que su reproduccin poltica est ligada a gobernar sin restricciones y  sin limitaciones legales. Es la democracia aparente con veleidades  de poder total.
De los seis aos de  gestin de Evo Morales, los ltimos dos, con el nuevo Estado  Plurinacional, han sido calificados como los ms conflictivos de la historia contempornea, segn la Fundacin Milenio. Su informe seala que esta dinmica conflictiva entraa elevados costos y riesgos para el desarrollo del pas.

Sobre Morales, la Fundacin apunta que habiendo sido en su etapa de dirigente sindical cocalero  protagonista de muchos de los conflictos pasados, algunos pensaron que su experiencia o su identificacin con las organizaciones sociales le permitiran manejar la situacin y reducir los conflictos. Sin embargo, las estadsticas demuestran que no fue as, sino que ocurri todo lo contrario, al grado de mostrar al gobierno prisionero de su poltica ... debilitando el sistema institucional sistemticamente.

Defender la ex Repblica, la divisin y autonoma de los tres poderes, la democracia como espacio poltico pblico y plural,  el funcionamiento serio, eficiente y eficaz de las instituciones del Estado, incluidas las llamadas a hacer uso de la fuerza,  no es una beatera democrtica, como dicen en el vecindario. Es una responsabilidad tica frente a quienes lucharon contra las dictaduras por el restablecimiento de la democracia, poniendo en riesgo sus vidas y mucha otra gente, ofrendndola.  Hoy Bolivia sufre de impotencia poltica por ausencia de dilogos serios y de buena fe, con espritu crtico, voluntad de construir consensos sin aplastar al adversario -y a los autonomistas del Oriente, sobre todo- para planificar  el desarrollo sostenible y el bienestar de ciudadanos y ciudadanas, a pesar de los disensos frente a los otros y entre diferentes visiones de la economa y del mundo.

Las imposiciones polticas coercitivas que impone el gobierno de Morales-GracaLinera y compaa significan un mortal estocada a la institucionalidad  democrtica  y a la seguridad colectiva por la subordinacin real y formal de los  poderes legislativo y del judicial,  al poder ejecutivo.  En ese escenario, el oficialismo aplica segn su conveniencia el principio jurdico de la ley se cumple, no se interpreta. De ah que  hoy pretende abolir la llamada ley corta que anula la construccin de la carretera que atraviesa  el corazn del territorio yuracar-mojeo-chimn (TIPNIS). Esa anulacin lograda tras la histrica marcha de 66 das de Confederacin de los Pueblos Indgenas del Oriente (CIDOB), uni a indgenas del oriente y campesinos del altiplano, como nunca antes en la historia. Borrar Morales con su codo lo firmado con su mano? A eso apunta la promovida y manipulada contramarcha del Consejo Indgena del Sur (CONISUR) contrario a la CIDOB.  Para darle un viso popular a la ya tomada decisin de anular dicha ley corta, emborrachan la perdiz y hablan de consulta previa, a destiempo e ilegal.

Por qu el capricho de construir esa carretera?
A esta altura del proceso inconcluso para consolidar la proteccin al TIPNIS,  la pegunta obvia es cul es el poder que ejerce esa carretera, al punto que el gobierno de Morales la intenta construir contra viento y marea? Parece no importarle la imagen del primer mandatario muy deteriorada ya- como presidente indio, defensor intransigente de los pueblos indgenas y de la Pachamama.

La realidad es que el manipulado Conisur rechaz primero la Ley de Proteccin al TIPNIS, y exiga la construccin de la carretera de la discordia para unos, rodova da coca para brasileros. Luego, entre bambalinas legislativas, ahora pide consulta previa. Sin embargo, los marchistas de Conisur habitan lo que se llama el Polgono 7, zona dotada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) compuesta en su casi totalidad por colonizadores y sindicatos cocalero. El Polgono 7 est fuera del Territorio Comunitario de Origen (TCO) que es habitado por los indgenas del TIPNIS. En otras palabras,  no forma parte del TIPNIS.

Segn Adolfo Chvez, presidente de la CIDOB, La marcha del Conisur es una prebenda poltica. Ojala los hermanos no se arrepientan porque estn siendo utilizados, mientras que  el presidente de la Subcentral Scure del TIPNIS, Emilio Noza, sostuvo que Eso ya es una provocacin de parte del Gobierno, es entrar en confrontacin con las comunidades. Para el diputado indgena Bienvenido Zacu es inconstitucional el debate sobre la consulta previa: No tiene sentido que se apruebe esta norma, sera algo inconstitucional, ya que la Constitucin Poltica del Estado establece que la consulta debe ser previa e informada, y eso no respet el Gobierno, afirm y record que el contrato de crdito y de construccin para la obra est firmado.  Por eso el capricho de hacer la carretera, adems con sobreprecio, segn denuncias  fidedignas y desde adentro del aparato oficialista?

En apoyo a la preservacin del TIPNIS, el presidente del Comit Cvico de Cochabamba, Israel Mrida, inform ayer que la Alianza Cvica Nacional, que rene a comits de Pando, Beni, Santa Cruz, Oruro y Cochabamba -6 de 9 departamentos- se reuni en  Cochabamba y determin exigir al presidente Evo Morales respeto  a la ley corta que favorece al TIPNIS. Por su parte, la  Fundacin Tierra y el Centro de Estudios Jurdicos e Investigacin Social (Cejis) recordaron que llamar a una consulta previa no es viable legalmente, pues la mayora de los campesinos  e indgenas  del Conisur que exigen la construccin del camino, no viven en la TCO del TIPNIS y, por lo tanto, no son parte ni originarios de la propiedad colectiva de ese territorio.

Una de las claves del capricho por construir esa carretera si o si, son las declaraciones Rafael Puente, exprefecto de Cochabamba, ex viceministro de Rgimen Interior, cofundador del Instrumento Poltico por la Soberana de los Pueblos, antes de convertise en MAS, amigo o examigo de Evo Morales. El asever que el Conisur es parte de las Seis Federaciones de Cocaleros del Trpico de Cochabamba, de la cual el Primer Mandatario, Evo Morales, es su presidente.

Las denuncias de esa dualidad, incompatible por las connotaciones que acarrea ser el mximo dirigente de quienes producen la materia prima de la cocana,  al vez presidente de Bolivia, es de larga data. En los hechos, Bolivia y su presidente son  rehenes de los cocaleros, vidos por  expandir la frontera agrcola de la nada sagrada hoja de coca, a costa de parques y resevas ecolgicas. Beneplcito para la economa poltica de la cocana y las millonarias ganancias que produce  la comercializacin de la droga, va el narcotrfico!

En tanto, crece la alarma en Bolivia,  con siete violentos ajustes de cuentas solo en los primeros meses en 2012 en Santa Cruz, donde la violencia ya tom carta de ciudadana y puede asentarse en el resto del pas.  Negarlo, es dar palos de ciego.

Quin administra esta violencia?
Lo que se est viviendo  es una manifestacin del auge indiscriminado de economa poltica de la cocana y su espiral delictiva-delincuencial-criminal. No es solo obra del narcotrfico que acta en la esfera de la circulacin-comercializacin-trfico-distribucin-consumo y sus actividades ilegales. Si nos quedamos en el narcotrfico  escondemos las relaciones de produccin capitalista en la cadena productiva de la droga, que empieza en el campesino productor cocalero,  propietario de su parcela de coca donde produce la materia prima para  la mercanca  cocana. Los campesinos productores son el primer eslabn y el menos beneficiado de las hipermillonarias  ganancias de circuito globalizado del ilegal negocio de la cocana,  aunque debe haber algunos campesinos cocaleros ya  muy ricos en Bolivia.
 
Si seguimos hablando solo de narcotrfico, le negamos a la cocana la calidad de mercanca en el proceso de produccin capitalista, que empieza en el cultivo de la hoja de coca.  As le hacemos juego a Evo Morales y a los hombres de su gobierno que se jactan de ser "antiimperialista y  anticapitalista" . Sin embargo,  fomentan y protegen las plantaciones de coca excedentaria, que alimentan la produccin de la hoja de coca, materia prima de la cocana, a cargo de los cocaleros, rehenes de poder poltico o viceversa: el poder poltico, rehn de los cocaleros.   Es ms, la expansin de la frontera agrcola  de la coca en parque y reservas naturales como el Chore, Ambor  y el TIPNIS, tiene el subterrneo  apoyo, sin querer queriendo,  del oficialismo.

Negarlo es seguir dando palos de ciego, sin exigir rendicin de cuentas por los graves daos a la democracia, a sus instituciones, a la sociedad y al desarrollo sustentable, vctimas de la violencia administrada desde la economa poltica de la cocana.