Lunes 31 de agosto 2026

Estado de Derecho, separación de poderes y Derechos Humanos


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Susana Seleme Antelo

Como en elecciones anteriores, pero con descaro maysculo hoy, los hombres de Evo Morales vuelven a manipular el voto, esta vez para que los vlidos igualen a los nulos, sabiendo como sabemos, que son superiores y que junto a los blancos superan 65% de los votos emitidos.

En el marco de la democracia electorera impuesta a gusto del autcrata Morales, las elecciones de octubre le han dado un duro mensaje, aunque le vale madre, como diran en Mxico. Los resultados le han dicho que la democracia es mucho ms que un acto electoral y por lo tanto ni comienza ni termina con el voto; que la composicin del poder judicial no debe deciderse por sorteo, ni fuera de los cauces acadmicos y profesionales correspondientes y por ultimo que el Estado de Derecho estaba ya inventado antes de que Morales llegara al poder, democrticamente en 2005, es cierto, afirma el peridico El Pas de Espaa en su editorial del 28 de octubre pasado.

La mascarada electorera del pasado 16 de octubre, ms all del triunfo de los votos nulos y blancos, pone en riesgo mayor el desvencijado Estado de Derecho en Bolivia. Y es que los poderes Ejecutivo y Legislativo dominados por el presidente y sus hombres, hacen caso omiso y desprecian el principio de que el poder Judicial pertenece a una esfera de estatalidad diferente a la poltica por  su naturaleza y sus fines: la administracin de una justicia imparcial sujeta al Estado de Derecho sin injerencia del poder poltico.

Eso lo que menos ha habido en Bolivia en estos 6 aos de festn autoritario-totalitario como atestiguan, entre otros ejemplos,  el complot terrorista-separatista o juicio poltico a todas luces contra Santa Cruz sobre todo, pero tambin contra Beni y Pando sus dirigentes polticos y cvicos. Y de suyo  el caso Rzsa con los tres mercenarios extranjeros asesinados con premeditacin y alevosa en el Hotel Las Amricas de Santa Cruz de la Sierra, el 16 de abril de 2009. (ver ms adelante)

En ese marco, el objetivo de las elecciones fue que los destinos del rgano Judicial estn sometidos no precisamente a las pasiones del voto popular en el marco de una sana pluralidad poltica que no existe en Bolivia, sino al voto inducido por el oficialismo con sus candidatos nicos, sin contrincantes y sin campaa electoral. Todo bajo la pulsin totalitaria de Morales, Garca Linera  y sus atrabiliarios compinches, con lo cual  la justicia en Bolivia, como ya vena sucediendo, no estar en manos de hombres y mujeres polticamente independientes, con probados mritos y  carreras profesionales de prestigio, sino en manos del poder Ejecutivo y su complaciente Legislativo. La realidad del llamado proceso de cambio en la Bolivia actual , es lo que Fernando Mires  llama estatismo poltico, es decir la supresin del juego poltico en aras de la eternizacin en el poder del Estado de una determinada camarilla... afn al caudillo, aqu el autoritario, populista, demagogo y aprendiz de dictador Evo Morales.

El Complot terrorista-separatista: un juicio poltico. Nada halagador el futuro del Estado de Derecho y la democracia en Bolivia y poco favorable a esclarecer la verdad del complot poltico terrorismo-separatismo, que data desde 2009, cuyos antecedentes se remontan a 2006, desde el inicio del mandato de Morales. No fueron ni son terroristas los 39 imputados en ese complot, fueron y son autonomistas, como lo es la regin desde fines del siglo XIX, frente al centralismo de distinto cuo. La raz poltica del actual complot arranca con una lucha que sum voluntades, voces y actitudes de una apabullante  mayora ciudadana en la llamada Media Luna- Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, todo el Oriente y parte del Sur del pas- a favor de las autonomas. Ante ellas,   el oficialismo se sinti amenazado porque supo, como sabe todo proyecto de dominacin totalitaria, que las autonomas,  si algo dividen, no es a los pases, sino al poder centralista.

La propaganda oficial interna y externa contra los autonomistas fue brutal y para desvirtuar esa lucha y satanizar a sus mentores, los calificativos fueron  no solo separatistas y terroristas, sino divisionistas oligarcas, racistas, antipatrias, vendepatrias, neoliberales, derechistas ... y le falt diccionario. El meollo es que Santa Cruz concentra desde hace ms de 30 aos el mayor grado de desarrollo capitalista con asimetras socioeconmicas como todo capitalismo perifrico- sobre la base de una estructura productiva agroindustrial, pecuaria maderera de exportacin con valor agregado, y un importante sector hidrocarburfero. Adems produce 70% de la seguridad alimentaria y contribua hasta un par de aos con 32% al Producto Interno Bruto (PIB).  Hoy esa contribucin se ha visto reducida a 28%, pues la actividad productiva privada ha sido sometida a permanentes embates de oficialismo.

 En lo ms crudo de la lucha por las autonomas  en septiembre de 2008, el gobierno mand a sus movimientos sociales -clientes del poder poltico- a ejercer un cerco amenazante y armado durante una semana a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ante la amenza con todos sus ingredientes ideolgicos, econmicos, polticos y etnoculturales, la dirigencia crucea pretendi armar una estructura de autodefensa, nunca separatista, menos terrorista, o violenta,  pero s de autoproteccin. En esa estructura defensiva se habra infiltrado el doble agente Eduardo Rozsa Flores, una las vctimas  del ajusticiamiento mencionado.*

Sobre la base de declaraciones de un testigo clave  -Ignacio Villa Vargas El Viejo **, amn de  falsas pruebas, suplantacin de evidencias y bastardas incriminaciones a dirigentes polticos y cvicos, hay 39 personas presas, perseguidas, con detencin domiciliaria otras y muchos exiliados polticos. Todos ellos  a merced del fiscal Marcelo Sosa que acta por encargo de sus mandantes polticos e ignora el principio de territorialidad, del juez natural, la presuncin de inocencia y el derecho a un juicio justo, como estipula el Estado de Derecho.

Entre las 39 personas sometidas a torturas psicolgicas, incertidumbre y sufrimiento personal, amn del dolor de familiares y amigos, hay 4 enfermos de cuidado, con graves dolencias cardacas. Impedidos de asistir a las audiencias conclusiva en Cochabamba -a una altura de 2700 metros sobre el nivel de mar- y  en violacin al principio de territorialidad y del juez natural que correspondan a Santa Cruz de la Sierra, donde se habran cometido los nunca probados delitos de terrorismo-separatismo- se los cit a Yacuiba, surea poblacin del pas a 500 metros  de altura.

* Eduardo Rozsa Flores, hijo de emigrante hngaro, casado con una crucea, mercenario en la guerra de los Balcanes, aventurero de controvertida personalidad. La periodista espaola Mait Rico, afirma que fue contactado en Madrid en agosto de 2008 por agentes gubernamentales para infiltrarse entre los autonomistas con el anzuelo de dar preparacin militar. Siendo esta su ciudad natal, nada llamaba la atencin. El reclut al hngaro Arpad Magyarosi, y a irlands Martn Dwyer, asesinados aquel da, y a los sobrevivientes de la masacre: el croata boliviano Mario Tadic y el hngaro Elod Toaso. Sobrevivieron, dicen algunas versiones porque no se encontraban en el alojamiento y que  las vctimas fueron sacados con vida del Hotel, ejecutadas en otro lugar y llevadas a sus habitaciones, en las que se habra regado sangre, previo montaje de enfrentamiento. Eso explicara por qu las cmaras de seguridad del recinto fueron apagadas, lo mismo que las luces de todo el alojamiento.

**Sobornado con $us 30.000 segn consta en fidedigno vdeo, y luego detenido e imputado de terrorismo- separatismo por el gobierno,  cuando declar que sus acusaciones fueron obtenidas bajo amenzas y presin a el y su familia.

El juicio itinerante y sus concomitantes . Ya fue una violacin no haber instaurado el juicio en Santa Cruz de la Sierra obviando los principios antes mencionados. Fue otro mamarracho jurdico haber sustanciado en  La Paz toda la fase de investigacin para manipular sin cortapisas el debido proceso, como el respeto a la presuncin de inocencia, no en vano las normas del Derecho Internacional, aducen, sabiamente, que es preferible darle la libertad a un culpable, que condenar  a un inocente.  La ltima violacin ha sido dividir el procedimiento y la audiencia conclusiva: unas en Cochabamba, otra en Yacuiba, el prximo 3 noviembre otra vez  en Cochabamba,  hasta convertir esta aberracin en un juicio itinerante: de Herodes a Pilatos.

Entre esas personas delicadas de salud est el general de la Repblica Gary Prado Salmn de 72 aos, uno de los militares institucionalistas como les llambamos a los que urgan poner fin al ciclo de dictaduras militares en los aos 60-70, de aquellos oficiales cultos e instruidos ms bien escasos.

Prado Salmn, adems de problemas cardacos, se desplaza en silla de ruedas producto de un desafortunado accidente cuando combata una sublevacin armada de civiles en 1982. Fue l, en 1967,  quien en grado de capitn tom prisionero con vida a su adversario militar, el guerrillero Ernesto Ch Guevara, que yaca herido en una pierna, en un claro oscuro del monte vallegrandino, en la llamada guerrilla de ancahuzu. Militar de honor y hombre de bien, el capitn Prado lo hizo transportar con los soldados a su cargo,  en un camastro  improvisado hasta La Higuera, donde lo entreg  con vida a sus superiores. Lo dems es historia conocida: el asesinato del Ch se produjo por rdenes del Alto Mando Militar y los asesores de la CIA presentes en Bolivia.  
 En Yacuiba, el pasado 26 de octubre,  despus de dos aos y medio de acusaciones, intrigas y atropellos Prado Salmn   desmont Toda la tramoya que tiene por nico fin, en mi caso, cobrar venganza por la derrota del Ch escribi el general a sus ms allegados.  He sealado la labor de la embajada cubana, a los remanentes del Ejercito de Liberacin Nacional (ELN) los Peredo, Rada, Nez del Prado* y a otros como los autores de este montaje contra mi persona.  Ellos, al ver que el caso Rozsa ya no da mas, ahora hacen aparecer el disparate de una seora chilena que reclama lo que yo no hice ni hara jams: asesinar a un hombre, menos aun herido, aunque  fuese mi adversario.  El General apunt que el nico argumento que esgrime el Fiscal Sosa contra l, son los mapas de su primer libro sobre aquella campaa militar, La Guerrilla Inmolada publicado en  1987, veinte aos despus de los sucesos, y 24 aos antes de que Sosa los utilice en su contra.

En la Bolivia de Morales la justicia no ha sido ciega, ni parece que lo vaya a ser: es ms bien sectaria, perversa e hipcrita y mira con ojos bien abiertos para aplastar el verbo ms usado por el ltimo jacobino como se autodefine el Vicepresidente lvaro Garca Linera -  mejor a sus adversarios-enemigos polticos.

Llegados a este punto del complot terrorismo-separatismo, juicio poltico a todas luces,  al Juez Ricardo Maldonado le compete una enorme responsabilidad. O convalida las pruebas falsas, adulteradas y las declaraciones espurias acumuladas por el fiscal Sosa, o da un golpe de timn y rescata la administracin de justicia de las garras del poder poltico autoritario, vengativo y sin tica  para dictar una sentencia justa. En sus manos est definir el prximo 3 de noviembre el rumbo que podra tomar la justicia en Bolivia, al margen del poder poltico, luego de que los votos nulos y blancos le dieron un sopapo a la pulsin totalitaria de Morales.

* Todos funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Morales

Y Los derechos humanos  de los imputados?.  Durante los dos aos y medio que lleva instaurado el juicio poltico, desde mayo de 2009, salvo las familias y amistades cercanas a los imputados, nadie  ha reclamado por sus derechos humanos, sometidos como estn a un rgimen carcelario a 3.800 metros sobre el nivel del mar, en La Paz.  Tampoco ha reclamado nadie por los de los 3 mercenarios asesinados violentamente por la Unidad de Tareas Conjuntas (UTARC) grupo de elite de la polica al mando del capitn Walter Andrade y la polica Karen,  mantenida en el anonimato, pero se sabe quin es, ambos libres de paja y polvo.

De qu se imputa a 39 personas? De ser autonomistas que es lo que son? El complotjuicio poltico  con cartula judicial-terrorismo-separatismo, le explotar, ms temprano que tarde en la cara del tenebroso Fiscal Sosa, y su mandantes por insuficiencia de obrados, solo supuestos, indicios, hiptesis, suplantacin y siembra de falsas evidencias, contaminacin y manipulacin de pruebas. Aqu solo hubo terrorismo de Estado, como el atentado a la casa del Cardenal Julio Terrazas, un da antes del ajusticiamiento de los 3 mercenarios extranjeros , el 16 de abril de 2009. Las ltima fotos de esos asesinatos son francamente perturbadoras: el hngaro Arpad Magyarosi, yace en el suelo maniatado  en un charco de sangre. Segn Radio Netherland, citando otras declaraciones, apunta a que fueron vctimas de un asalto por las fuerzas de seguridad sin tener oportunidad de defenderse. En Youtube se lee que Eduardo Rosza Flores sobrevivi a la balacera y que antes de morir fue torturado. Lo real es que alcanzado el objetivo del gobierno que era infiltrar las filas autonomistas, eran hombres desechables y se tornaban incmodos porque exigan ms dinero.
 
Y a esta altura me pregunto si los derechos humanos tienen ideologa, pues pareciera segn lo que se ve en Bolivia, que  esos derechos les asisten solo a los que el gobierno consideran de izquierda en mi criterio izquierda sectaria, intolerante y estalinista en todo caso- mientras que todos los que no comulgan con esa ideologa,  es decir los de derecha, no merecen que se les respete sus derechos humanos. Al margen de lo que hubieren sido en vida, no se merecan tal final por el universal derecho humano del derecho la vida. Tanto que ahora Naciones Unidas exige esclarecimiento por los derechos del extinto Muamar Gaddafi, dictador y criminal contra su pueblo. 

Y los derechos humanos de los 39 imputados, muchos de ellos presos, otros con detencin domiciliaria y otros en forzado exilio? Se les aplicar el seremos implacables contra los terroristas del Vice, no con balas, pero con toda su mala o­nda? Son tan jacobinos todos, que quisieran pasar guillotinas a diestra y siniestra.  Por eso no distinguen que  as como hay una derecha ultraconservadora y hasta facha, hay una derecha letrada ms al centro y hasta progresista,  en cuyas filas deben inscribirse la gran mayora de aquellos 39, que merecen respeto  a sus derechos humanos.  Y as como hay una izquierda intolerante y sectaria, como la del grupo Comuna liderado por Garca Linera, que sedujo a personas como Emir Sader  -lo alababa en 2009 y habra que saber que piensa ahora luego de la represin al movimiento indgena- hay otra izquierda democrtica que apuesta por el Estado Social y Democrtico de Derecho.

Hoy, como ayer y siempre, me rebelo ante la fuerza bruta del poder poltico abusivo y tambin me rebelo ante el silencio de otros o muchos. No hay razn de Estado ni razn de poder  que justifique una injusta  sentencia o una condena equivocada en el complot poltico contra 39 ciudadanos de Santa Cruz, Beni y Pando. Mis respetos y solidaridad con ellos. Sus vida, su futuro y el de sus familias est en  manos  del Juez Ricardo Maldonado. Dios o los Iya del  Monte, como dicen los pueblos indgenas del Oriente,  lo iluminen para que dicte una sentencia justa, ante la ausencia de delito alguno.