El TSJ exige informes sobre uso de vehículos incautados a Marset

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La presidenta en ejercicio del Tribunal Supremo de Justicia, Rosmery Ruiz, exigió reportes oficiales a la Dirección Administrativa y Financiera nacional y a las sedes departamentales para determinar la ubicación y registro de los vehículos vinculados al caso Marset. La acción institucional busca esclarecer las denuncias sobre el presunto uso de estos motorizados por parte de servidores de la judicatura.

La autoridad confirmó la recepción del primer reporte correspondiente a un vehículo azul que ingresó al Órgano Judicial en la gestión 2023 bajo la figura de comodato. Dicho motorizado fue asignado a la oficina departamental de Santa Cruz para el uso de Romer Saucedo.

El procedimiento interno responde a las denuncias sobre presencia de vehículos de alta gama que pertenecían a la estructura del investigado Sebastián Marset. Entre los antecedentes expuestos se señala la permanencia de dos motorizados marca BMW estacionados frente a la infraestructura central del tribunal en Sucre.

RASTREO DE ASIGNACIONES INSTITUCIONALES

⚠️ La presidencia del tribunal requirió documentación a todas las direcciones administrativas para establecer el historial de registros.

⚖️ Un reporte inicial confirma la asignación de un motorizado en comodato a la administración judicial en Santa Cruz desde el año 2023.

💣 Las denuncias públicas señalan el uso continuo de dos motorizados de alta gama en las inmediaciones del edificio judicial de Sucre.

📉 La Sala Plena aguarda el consolidado de las inspecciones departamentales para emitir una resolución oficial sobre el tema.

Ruiz puntualizó que la revisión de datos continúa en marcha y que se esperará la entrega completa de la documentación requerida. La presidenta interina remarcó que el tema se encuentra bajo la atención directa de la Sala Plena.

La magistrada aseguró que la prioridad del proceso es garantizar la transparencia institucional frente al país. Los resultados de los peritajes administrativos se darán a conocer de manera pública una vez concluidos los informes.

El Tribunal Supremo de Justicia mantiene abiertas las indagaciones administrativas para determinar la responsabilidad en la asignación de los vehículos incautados.