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- 2026-11-05
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El Ejecutivo nacional desató una ofensiva abierta contra la máxima autoridad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, tras confirmarse su huida al exilio. Desde España, el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, ratificó el quiebre institucional al afirmar que el magistrado "se va del país, porque hay una serie de acusaciones o investigaciones sobre nuestro modelo del sistema judicial", vinculando este escenario con el encarcelamiento del exfiscal general Róger Mariaca.
El mandatario boliviano remarcó que las decisiones del Gobierno buscan frenar la impunidad tras semanas de tensión interna. "Hace tres semanas atrás el fiscal general está en las rejas por ser parte de un entramado vinculado al narcotráfico", sostuvo Paz en el Encuentro Empresarial Iberoamericano, calificando la salida de Saucedo como una "penosa noticia, pero es alentadora a futuro" para concretar reformas estructurales.
De forma paralela, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, endureció el tono y apuntó a una relación directa entre el titular del TSJ y el exfiscal encarcelado. "Bueno, todos sabemos que eran muy amigos, todos sabemos que andaban juntos, vivían juntos, etcétera. Las investigaciones establecerán qué pasó, probablemente por eso se haya puesto nervioso", aseveró Oviedo al confirmar que Migración investiga la ruta de fuga.
El viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, aseveró que la salida de la autoridad "también tiene relación" con la presunta red criminal de Mariaca. "Muchos de los cómplices de Mariaca y de la delincuencia están escapando y se están poniendo a buen recaudo. Pero nuevamente les decimos, no vamos a dejar que este flagelo termine de hundir a nuestro país", enfatizó la autoridad policial.
Ofensiva del Ejecutivo y respuesta desde el exilio
⚠️ El ministro Marco Antonio Oviedo apuntó a la cercanía entre las autoridades señalando que "todos sabemos que eran muy amigos, todos sabemos que andaban juntos, vivían juntos, etcétera".
⚖️ El fiscal general interino, José Armando Urioste, reveló que Saucedo "tiene procesos abiertos en Santa Cruz" y que la intención es "invitarlo a que tome sus declaraciones en los diferentes casos".
💣 Desde la clandestinidad, Romer Saucedo denunció que "Bolivia dejó de ser un país seguro. Mi libertad y la vida de toda mi familia corren peligro" ante el acoso estatal.
📉 La decana del TSJ, Rosmery Ruiz, anunció que darán seis días a Saucedo antes de determinar que su inasistencia "será tomado como abandono" del cargo.
Desde el exilio, Romer Saucedo rompió el silencio en sus redes sociales y rechazó las acusaciones, denunciando una persecución política systematic. "Bolivia dejó de ser un país seguro. Mi libertad y la vida de toda mi familia corren peligro", alertó la máxima autoridad judicial, afirmando que las garantías jurídicas en el país se extinguieron por completo.
Saucedo aseguró que el aparato del Estado montó un esquema para encarcelar autoridades incómodas. "Se vienen construyendo relatos en base a mentiras", aseveró el magistrado, advirtiendo sobre la siembra deliberada de pruebas para desgastar la imagen de referentes institucionales en medios de comunicación y asestarles posterior y deliberadamente "la estocada judicial final".
Por su parte, el fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, confirmó la existencia de causas pendientes contra el magistrado en su departamento de origen. "Tiene procesos abiertos en Santa Cruz, no sabemos por qué él ha rehuido de la Justicia", indicó Urioste, precisando que "existen unos dos o tres" casos en los cuales se procederá a citarlo formalmente.
Urioste insistió en que el titular del TSJ cuenta con todas las garantías constitucionales para asumir su defensa en territorio nacional. "Se va a proceder a invitarlo a que tomen sus declaraciones en los diferentes casos, y eso va a continuar", afirmó la autoridad interina del Ministerio Público, agregando que formalmente Saucedo no presentó ninguna renuncia a su cargo.
Ante el vacío de poder, la decana del Tribunal Supremo de Justicia, Rosmery Ruiz, asumió la presidencia temporal de la institución. Ruiz explicó que se esperará un lapso de seis días para que el magistrado retorne al país y que "en caso de que no se constituyere en su fuente de trabajo transcurridos esos seis días, la sala plena nuevamente se va a reunir para determinar lo que corresponda en derecho".
Cumplido el plazo fijado por la normativa de residencia, la inasistencia del magistrado "será tomado como abandono", mientras la Sala Plena confirmó que la directiva definitiva para la gestión 2027 se resolverá en su próxima reunión.