Tres fiscales generales montaron una estructura de impunidad

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Un esquema sistemático de encubrimiento y omisión del mandato constitucional operó en el Ministerio Público de Bolivia durante catorce años. Las gestiones de Ramiro Guerrero, Juan Lanchipa y Roger Mariaca, designados como fiscales generales del Estado en 2012, 2018 y 2024 con el respaldo de la mayoría legislativa del Movimiento Al Socialismo, incumplieron la obligación legal de institucionalizar la persecución penal, amparándose en una disposición transitoria para nombrar autoridades de forma discrecional.

El inciso II del artículo 33 de la Ley 260, promulgada el 11 de julio de 2012, establece expresamente que los fiscales departamentales deben ser designados mediante convocatoria pública y calificación de méritos por concurso. Sin embargo, los tres titulares recurrieron al artículo transitorio tercero de la misma norma, concebido para aplicarse por una sola vez, extendiendo ese mecanismo de excepción durante más de una década para designar a sus colaboradores sin ningún tipo de fiscalización independiente.

Esta falta de institucionalidad derivó en la consolidación de una estructura de impunidad que paralizó investigaciones sobre multimillonarios desfalcos estatales, abusos de poder y hechos de violencia social. La designación directiva de los fiscales departamentales sirvió como un filtro para determinar qué procesos avanzaban y cuáles quedaban archivados, transformando al aparato judicial en un instrumento de blindaje para figuras políticas y redes de corrupción.

📌 CONOCE LAS CLAVES Y CAUSAS DEL HECHO:

⚠️ EL HECHO: TRES FISCALES GENERALES MANIPULARON LA LEY DURANTE 14 AÑOS PARA NOMBRAR AUTORIDADES A SU ANTOJO Y EVITAR LA CARRERA FISCAL.

⚖️ LA CLAVE: ABUSARON DE UNA CLAUSULA TRANSITORIA EXCEPCIONAL PARA RETENER EL CONTROL TOTAL DE LAS DESIGNACIONES Y ANULAR LOS CONCURSOS DE MERITOS.

💣 EL TRASFONDO: CONVIRTIERON LA FISCALIA EN UN ESCUDO DE PROTECCION POLITICA Y PRIVATIZARON EL MANEJO DE LA JUSTICIA EN FAVOR DE GRUPOS DE PODER.

📉 EL IMPACTO: MILES DE CIUDADANOS QUEDARON INDEFENSOS MIENTRAS CASOS DE CORRUPCIÓN MULTIMILLONARIA Y CRIMENES GRAVES QUEDARON EN LA TOTAL IMPUNIDAD.

Durante el mandato de Ramiro Guerrero, iniciado en 2012 y concluido en octubre de 2018, la institución dejó inconclusas al menos dieciséis investigaciones de alto impacto nacional. Entre los expedientes paralizados figuran el millonario desfalco en el Fondo Indígena, las irregularidades en la empresa estatal Bolivia TV, el robo millonario en el Banco Unión, el caso de sobreprecio en la adquisición de taladros para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y los manejos anómalos en la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados.

Asimismo, la gestión de Guerrero sepultó el esclarecimiento de la crisis del agua gestionada por la empresa EPSAS en La Paz, los violentos atracos armados a las empresas Brinks y Eurochronos, y la adquisición irregular de bienes en la Administradora Boliviana de Carreteras. En el ámbito político y de conflictos sociales, quedaron sin resolución las muertes registradas en La Asunta, el fallecimiento de un estudiante en las protestas de la Universidad Pública de El Alto, el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes junto a cooperativistas, el denominado caso Zapata y los hechos históricos de Caranavi y Chaparina. Tras dejar el cargo, Guerrero fue nombrado viceministro en 2021.

Con la llegada de Juan Lanchipa en octubre de 2018, el discurso de la institucionalización se redujo a la implementación de sistemas informáticos y programas de formación de rango menor. Pese a posesionar inmediatamente a nuevos fiscales departamentales mediante la misma cláusula transitoria, la única convocatoria pública para institucionalizar las nueve fiscalías territoriales en 2020 fue declarada desierta al año siguiente. Bajo este esquema de dilación, la Fiscalía mantuvo el control discrecional de la persecución penal mientras los procesos de mayor sensibilidad continuaban estancados.

El ascenso de Roger Mariaca en octubre de 2024 perpetuó la misma lógica de elusión normativa. Antes de asumir la Fiscalía General, su gestión como fiscal departamental de Santa Cruz estuvo marcada por el paralizaciones y favorecimientos en doce casos de alta gravedad, entre ellos la inacción ante el secuestro armado en Las Londras, el encubrimiento de agresiones sexuales en un colegio privado y el trato privilegiado otorgado a exautoridades municipales procesadas por corrupción.

La gestión de Mariaca acumuló graves cuestionamientos por el manejo de bienes decomisados e investigaciones ligadas a estructuras ilícitas. Destacan la devolución y posterior siniestro de avionetas precintadas en el caso Cotoca, la ineficacia en los operativos realizados en Cuatro Cañadas, Pailón y el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, y la entrega irregular de un helicóptero incautado en San Ignacio de Velasco que volvió a ser utilizado para fines ilícitos.

A esta cadena de irregularidades se sumaron la pasividad judicial ante el hallazgo de cargamentos ilegales en un vuelo internacional desde el aeropuerto Viru Viru hacia Madrid, el siniestro de una aeronave con carga ilegal en el Chaco argentino y la fuga del prófugo uruguayo Sebastián Marset tras un operativo fallido en 2023. La detención de Mariaca en 2026, imputado por encabezar una red de corrupción dentro del Ministerio Público, confirmó el colapso definitivo del sistema.

El análisis de catorce años de administración fiscal evidencia que la falta de concursos públicos no fue un descuido burocrático, sino la herramienta central para garantizar un sistema de impunidad estructurada. El Ministerio Público fue despojado de su independencia funcional para servir como una barrera de protección legal a favor de intereses políticos y grupos de poder.

La vulneración sistemática de la Ley Orgánica del Ministerio Público por parte de tres fiscales generales consecutivos demuestra el uso continuado de vacíos legales para subordinar la justicia. Este patrón de conducta destruyó las garantías del ciudadano común frente al delito y garantizó la protección de quienes ejercieron el poder.

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