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¿De qué nos sirve tener una constitución que reconoce derechos si las instituciones encargadas de protegerlos no logran garantizar la justicia?
El informe de 2026 del World Justice Project vuelve a poner a Bolivia frente a una realidad incómoda: nuestro país ocupa el puesto 130 de 143 países evaluados en el índice de Estado de derecho. En América Latina y el Caribe se ubica en el puesto 29 de 32. Pero más preocupante es que Bolivia ocupa el puesto 140 de 143 en ausencia de corrupción, el 140 en justicia civil y el penúltimo lugar mundial, 142 de 143, en justicia penal.
Estos resultados no deberían pasar inadvertidos ni convertirse en una estadística más para el archivo. Son la señal de alarma sobre la capacidad del Estado para garantizar reglas claras, controlar el ejercicio del poder y combatir la corrupción. Y aquí aparece una pregunta que muchos prefieren evitar. ¿Puede llamarse Estado de derecho un país donde la justicia no consigue responder eficazmente a las demandas de sus ciudadanos? Porque no basta con proclamar la independencia judicial, hay que demostrarla; no basta con tener fiscales, jueces y tribunales, hay que garantizar que actúen con imparcialidad. profesionalismo y sometimiento exclusivo de la ley. No basta con Investigar la corrupción cuando el escándalo ocupa los titulares de canales, diarios y redes , hay que sancionar cualquiera sea el cargo, el apellido la afiliación política.
El problema no es solamente institucional es profundamente ciudadano, cuando una persona no encuentra justicia puede perder su patrimonio, su libertad su tranquilidad y hasta la confianza en el sistema democrático. Esto pasa cuando un proceso se prolonga indefinidamente, cuando una resolución no se cumple o cuando la influencia política parece pasar más allá de la ley.
*"El Estado de derecho" debe ser una garantía efectiva no convertirse en una promesa vacía.*
Por supuesto, el informe de World Project no constituye una sentencia judicial. Es una evaluación comparativa basada en indicadores, encuestas a ciudadanos y consultas a especialistas. Sin embargo, sus resultados son suficientemente contundentes como para exigir explicación y, sobre todo, respuesta. Lo verdaderamente preocupante sería acostumbrarnos a estos números. El puesto 130 parece normalizar que la corrupción se asuma como parte del paisaje de la ineficiencia judicial y que termine siendo aceptada como una característica inevitable del país. Bolivia no necesita más discursos sobre la justicia, necesita justicia. No necesita reformas cosméticas ni cambio de nombres, necesita instituciones independientes, jueces probos y fiscales profesionales. Necesita ciudadanos protegidos frente al abuso del poder. La discusión, por tanto, no debería limitarse a quién tiene la culpa; en esta situación, la pregunta de fondo es mucho más incómoda: ¿Quién se beneficia de que la justicia no actúe y quién está dispuesto a cambiar realmente la estructura judicial que permite esto? Porque si la justicia falla, no solamente pierde el ciudadano que acude al tribunal, pierde la democracia, pierde la institucionalidad y pierde el país entero. La pregunta queda abierta:
¿Es posible reconstruir la confianza en la justicia con los mismos actores y las mismas prácticas que nos llevaron a esto? Es hora de debatir sin consignas, sin complicidad y sin miedo a incomodar.