Justicia: Que se vayan todos...

Nada menos que quienes estaban convocados a cumplir con su responsabilidad con la mayor integridad, decencia y honestidad habían sido villanos: varios jueces y fiscales, que se convirtieron en los protagonistas del mayor escándalo de corrupción en el sistema judicial: Tribunal Supremo de Justicia y sus departamentales, Consejo de la Magistratura y Fiscalía General de la República.

No solo es el retirado de visas a algunos fiscales y jueces de parte del gobierno de EEUU, sino los altos niveles de corrupción al que han llegado desde sus espacios de poder, como autoridad judicial. La justicia es el pilar de todo sistema democrático, y si la misma está golpeada y contaminada, pues la democracia se debilita y corre muchos riesgos. La justicia está golpeada por las mismas autoridades judiciales.

El detonante fue la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, al que lo sindican de ser el jefe de una organización criminal y de lavado de dinero del narcotráfico y la huida del que fuera presidente del TSJ, Romer Saucedo, que un día antes de su aprehensión alistó maletas y se puso a buen resguardo en el exterior. Le llovieron los delitos y las acusaciones graves.

Las acusaciones entre las autoridades judiciales han sido de alto vuelo: corrupto, drogadicto, narcotraficante, sobornador, delincuente, etc:

Charles Mejía, vocal constitucional de Beni: «Corrupto, mentiroso y narcoconsejero”, refiriéndose al presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer.

Julio Cesar Porras: “Delmy guardaba la droga”, refiriéndose a la fiscal Delmy Guzmán.

Aldo Quezada, ex presidente del TDJ: "La esposa de Romer, Paola, fue a la oficina en agosto o septiembre, muy angustiada, para denunciar que Romer Saucedo consumía droga”.

Exdiputada Rojas: “El dueño de las 32 maletas es Romer Saucedo, le decían el alemán”.

Juez Hebert Zeballos: “Las maletas que tenían marihuana era de un tal alias el alemán, que era el Dr. Saucedo”.

A todos ellos y otros se los investiga por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, sobornos y confabulación, dentro del ‘caso Maletas’.

Cuando asesinan a un sujeto recibiendo varios disparos, la Policía dice que fue un ajuste de cuentas entre gente comprometida con el narcotráfico. Si bien entre fiscales vs jueces, jueces vs jueces no hay balazos ni torturas, pero sí es un ajuste de cuentas porque están sacando a la luz pública sus propios delitos, rencillas, odios y traiciones. ¿Nos merecemos esto?

Para no amargarnos más la vida, nos quedamos con estas acusaciones de quienes han tenido en sus manos la administración de la justicia, establecido en la Constitución Política del Estado como un derecho humano, al que todos tenemos acceso, el debido proceso, etc. Pero no había sido así: el sistema judicial está navegando en una crisis profunda, que, si no genera indignación general y provoca por lo menos la preocupación de otras instancias del Estado y de la sociedad, es que seguiremos nadando en la cloaca y en la corrupción.

La crisis del sistema judicial no es solo de estos personajes que nos han conducido a este extremo, es todo el Estado: desde el presidente de la república hasta las universidades que en sus facultades de derecho tendría que haber asumido por lo menos la preocupación y generar los espacios del debate y  de propuestas, pero el asunto no es con ellos, mejor aún sino participan o por lo menos hacen escuchar su voz.

Es notoria la ausencia del sistema universitario, de los colegios de abogados, de las academias constitucionales y otras instancias del sector que no hayan tomado parte activa de esta crisis en la perspectiva del estudio, la investigación, los documentos y la orientación que tanta falta hace. Recuerde que quienes se han corrompido y han usado a la justicia como un recurso económico y de poder son profesionales en Derecho que han egresado de las facultades de Ciencias Jurídicas de las universidades públicas y privadas, por lo que podemos preguntarnos, ¿entonces están fallando los niveles de formación en ética, moral, integridad y honestidad? Porque al fin y al cabo de eso se trata cuando uno asume un alto cargo o es designado fiscal o juez: que sea recto, que sea honesto y tenga la coraza para afrontar todo intento de sobornos, de cheques, de favores, de regalos.

Si fallan tantos fiscales y jueces es que también está fallando el sistema universitario y los colegios de abogados, que deberían tener mecanismos de censuras o de sanciones a toda aquella autoridad judicial y de otros campos, que tenga el título de Abogado, si es absorbido por los tentáculos de las ambiciones y del enriquecimiento fácil e ilícito, se le debería aplicar una medida disciplinaria.

“Con los hackers se puede robar, y con los abogados se puede legitimar los robos”, sentencia el escritor sueco David Lagercrantz, reflejando una realidad que viene a ser común en lo que respecta a la formación de los hombres y mujeres en leyes.

Al fin y al cabo, los bolivianos asistimos a un maremoto de ilegalidades, complicidades, contubernios desde el interior de los juzgados y de sus autoridades hasta las sombras de la delincuencia de cuello blanco y de los narcotraficantes, que no se hacían problemas de repartir los dólares a sus encubridores que tenían rostro de fiscales, jueces, alguna autoridad gubernamental o policías.

La gente está indignada, molesta, así lo viene demostrando haciendo uso de sus libertades de expresión y opinión en las redes sociales, lo que debería conmover a los propios administradores de justicia promoviendo profundas reformas en el sistema judicial, o de lo contrario, que se vayan todos a sus casas y empezar a reconstruir la justicia como derecho humano y el pilar fundamental del Estado de derecho.

“Todos somos iguales ante la ley, si pagamos lo mismo”, remata Lagercrantz.