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Jorge Landívar Roca y Jimmy Ortiz Saucedo
Bolivia atraviesa un punto de inflexión histórico: estamos dejando atrás la hegemonía centralista, un ciclo político agotado que asfixió a las regiones y no permitió crear una patria exitosa. Hoy el país camina hacia un nuevo tiempo, definido democráticamente en las urnas hace aproximadamente un año. Sin embargo, como ocurre en toda transición hacia la libertad, los fantasmas del viejo modelo se resisten a morir. Esta vez, el sabotaje no proviene únicamente de las esferas partidarias, sino de un sector que debería ser el faro del progreso y hoy actúa como el guardián del atraso: la dirigencia del Magisterio.
El reciente paro nacional, y la agresiva campaña desplegada por los sindicatos docentes en las calles y las redes sociales, exponen una contradicción flagrante. Los maestros marchan, bloquean y suspenden clases oponiéndose a una medida estrictamente constitucional y profundamente democrática: la transferencia de la administración de los institutos técnicos y tecnológicos a los gobiernos autónomos departamentales. La pregunta que la sociedad civil organizada debe hacerse es clara: ¿Por qué quienes tienen la tarea de educar a las futuras generaciones le temen tanto a la autonomía?
La respuesta es estrictamente corporativa. El magisterio boliviano ha desarrollado, a lo largo de las últimas décadas, una preocupante adicción al centralismo burocrático. Su relación histórica con los sucesivos gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) fue una coreografía de permanente confrontación estéril; una lógica de independencia sindical combativa que se tradujo en decenas de huelgas, paros de 24 y 48 horas, y piquetes de hambre anuales. Pero esa supuesta "rebeldía" sindical escondía una cómoda realidad: para la dirigencia nacional, es mucho más fácil negociar privilegios, prebendas y cuotas de poder con un solo ministerio, centralizado a miles de kilómetros de distancia, que rendir cuentas sobre la calidad del aprendizaje ante los ciudadanos y las autoridades de cada departamento.
Al aferrarse con uñas y dientes al monopolio educativo del nivel central, la dirigencia del magisterio está cometiendo un doble agravio. Por un lado, pisotea el texto constitucional que consagra el régimen autonómico del Estado boliviano y desconoce con soberbia el principio de subsidiaridad. Este principio; pilar de las sociedades modernas y eficientes, establece de forma nítida que los asuntos públicos deben ser gestionados por las autoridades más cercanas al ciudadano. Nadie conoce mejor las necesidades de las provincias que los propios departamentos. Pretender que un burócrata en una oficina paceña decida el perfil técnico de un joven en el Chaco o en la Chiquitania, es una aberración pedagógica y económica.
Por otro lado, la actitud del magisterio ignora deliberadamente el drama humano que esconden las aulas. Los diagnósticos consolidados por instituciones como la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa y la Fundación Milenio revelan una crisis estructural espantosa: en Bolivia, 7 de cada 10 estudiantes no comprenden lo que leen. Es un analfabetismo funcional generalizado. En matemáticas, 8 de cada 10 escolares de primaria no pueden resolver un problema aritmético básico, y en secundaria, 9 de cada 10 carecen de competencias científicas elementales. El centralismo uniforme que defienden los sindicatos, ha demostrado ser una fábrica masiva de mediocridad.
Para Santa Cruz, esta situación ya no es solo alarmante, es una afrenta intolerable a nuestra dignidad. Es hora de asumir una dolorosa verdad con absoluta autocrítica: hoy, Santa Cruz arrastra los peores indicadores educativos de toda Bolivia. Es ofensivo que los maestros que trabajan en Santa Cruz y que son parte de este problema, no quieran cambiar esta penosa situación de nuestra juventud, y peor aún, que rechacen la autonomía e la tierra de la autonomía, una total falta de consecuencia y lealtad con la historia Cruceña.
Nuestros contenidos educativos están completamente divorciados de la demanda laboral, tecnológica y agroindustrial de la región, y los institutos tecnológicos sufren el abandono logístico de la distancia burocrática. ¿Cómo es posible que el motor económico de Bolivia, la locomotora que alimenta al país y lidera la innovación, tenga a sus niños en el fondo de la tabla educativa nacional? No estamos dispuestos a permitir que esta injusticia se perpetúe.
El recelo de los maestros es técnicamente infundado y políticamente malintencionado. Sus derechos laborales, sus salarios y el Escalafón Nacional no corren ningún peligro; siguen plenamente blindados por el Tesoro General de la Nación (TGN), tal como dicta la Constitución. Lo único que cambia, y a lo que verdaderamente le temen, es al fin de su zona de confort. Al oponerse, también, a que la Gobernación defina el 50% de la currícula regionalizada, los sindicatos le están diciendo a Santa Cruz que prefieren mantener el adoctrinamiento ideológico uniforme y la teoría obsoleta, antes que permitir que nuestros jóvenes aprendan habilidades útiles para el empleo directo y el emprendimiento productivo. El mantenimiento del otro 50% como base común nacional, disipa cualquier discurso alarmista sobre la pérdida de la unidad del país.
El mandato de las urnas hace un año fue categórico: el pueblo boliviano votó por el desmantelamiento de las estructuras centralistas asfixiantes. Los derechos corporativos de un sector, por más ruidoso que sea en las calles o en las redes sociales, jamás pueden estar por encima del derecho supremo de nuestros niños y jóvenes a una educación competitiva y de alta calidad. La autonomía educativa no es una concesión partidaria del gobierno de turno; es una conquista histórica de las regiones que hoy se debe materializar por estricta supervivencia social y económica. Quien defiende el statu quo del fracaso centralista, es cómplice del rezago de nuestros hijos. Santa Cruz ha elegido el camino del cambio, de la productividad y de la libertad, y no va a dar un solo paso atrás.