La economía no puede prosperar bajo la sombra del crimen organizado

Bolivia enfrenta una amenaza que va mucho más allá de narcotráfico y la violencia callejera. Cuando el crimen organizado logra penetrar las instituciones llamadas a investigar los delitos y administrar justicia, el problema deja de ser exclusivamente policial: se convierte en una amenaza para la economía, a la democracia y el futuro del país.  

 Las investigaciones abiertas contra presuntos integrantes de redes criminales de narcotráfico vinculadas al Ministerio Público, junto con la escalada de violencia Y sicariatos, han puesto al descubierto la dimensión del desafío que enfrenta el Estado boliviano. Los hechos deben esclarecerse con pruebas y respeto al debido proceso. Pero la gravedad de las denuncias obliga a actuar con firmeza y sin contemplaciones frente a cualquier estructura que pretenda convertir las instituciones públicas e instrumentos de protección criminal.

El presidente Rodrigo Paz y los ministerios de Gobierno y Defensa, junto con la Policía Boliviana tienen ante sí una responsabilidad histórica. Los operativos y las investigaciones deben traducirse en resultados sostenibles capaces de recuperar la confianza ciudadana y demostrar que ningún poder económico o político está por encima de la Ley

El primer costo de la inseguridad institucional es económico. Ningún inversionista serio evalúa un país únicamente por su recurso naturales o sus oportunidades comerciales. También analiza la seguridad jurídica la independencia de sus tribunales, la eficacia de las investigaciones y la posibilidad de proteger sus inversiones frente a la extorsión, la corrupción y el delito.

Cuando estas garantías se debilitan el capital se vuelve más cauteloso. Los proyectos se postergan, aumenta la percepción de riesgo y se encarece el financiamiento. Bolivia puede tener enormes potencialidades productivas pero difícilmente las convertirá en empleos y crecimientos sostenidos si quienes invierten no confían en las instituciones encargadas de hacer cumplir los contratos y proteger sus derechos.

 El daño también alcanza la producción nacional. Un comerciante que debe gastar más en seguridad, un transportista que teme circular por determinadas zonas o un empresario que enfrenta extorsiones dispone de menos recursos para ampliar sus operaciones, incorporar tecnología y contratar trabajadores. La violencia no solamente destruye vidas y bienes: reduce productividad encarece la actividad económica y castiga a quienes trabajan dentro de la legalidad.

 A ello se suma una amenaza menos visible, pero igualmente peligrosa: el lavado de dinero. Los recursos provenientes de narcotráfico pueden infiltrarse en actividades comerciales bienes inmuebles y operaciones financieras distorsionando la competencia. Y otorgando ventajas ilegitimas a quienes disponen de capitales ilícitos. Si además existen funcionarios que presuntamente facilitan estas operaciones, la capacidad del Estado para perseguirlas queda seriamente comprometida.

 Bolivia necesita fortalecer su inteligencia financiera modernizar la unidad de investigaciones financiera y utilizar tecnologías avanzadas para rastrear transacciones sospechosas identificar beneficiarios finales y seguir el patrimonio de origen ilícito. El análisis de datos, la cooperación entre países y la trazabilidad de los activos debe convertirse en un instrumento centrales de esta lucha. Todo ello requiere controles independientes transferencia transparencia y garantías legales para evitar abusos. Pero ninguna tecnología será suficiente si no existe integridad institucional. La depuración de las estructuras comprometidas con el delito debe realizarse mediante investigaciones independientes, protección de denunciantes y testigos, controles patrimoniales y sanciones efectivas cuando se demuestre la responsabilidad penal. El objetivo no es someter la justicia al poder político sino liberarla de cualquier influencia criminal .

Por su dimensión transnacional, esta batalla tampoco puede liberarse en solitario Bolivia necesita profundizar la cooperación con Naciones Unidas, la organización de los Estados Americanos y los organismos especializados en la lucha contra las drogas, el lavado de activos , el crimen organizado y el narcoterrorismo. La asistencia técnica internacional, la formación especializada y el intercambio legal de información puede contribuir a desarticular redes que se operan más allá de nuestras fronteras. Los mecanismos interamericanos de derechos humanos, por su parte, deben contribuir a que la respuesta estatal preserve las garantías fundamentales y el Estado de derecho. Hay, además, una dimensión que no puede medirse indicadores económicos: la moral. Una sociedad en la que los ciudadanos temen denunciar desconfía de los fiscales  o consideran que el dinero ilícito tiene más poder que la ley corre en riesgo de normalizar la impunidad. Y cuando se pierde la confianza en la justicia se habilita también la confianza en la democracia.

La seguridad ciudadana es parte esencial de esta ecuación. Poder caminar por las calles, llevar a los hijos a la escuela, abrir un negocio regresar a casa sin temor a convertirse en víctima de un ataque no es un privilegio: es una condición básica para vivir y trabajar con dignidad. El estado debe garantizarla mediante prevención, investigación eficaz y Justicia oportuna.

La lucha contra el crimen organizado exige por lo tanto una alianza nacional el Gobierno, la Policía, el Ministerio Público, los órganos judiciales, sector privado las universidades y la sociedad civil deben asumir que esta amenaza no distingue colores políticos ni respeta fronteras sociales.

El gobierno de Rodrigo Paz merece ser evaluado por su capacidad para convertir las acciones emprendidas en instituciones más sólidas mayor seguridad y resultados verificables. Quienes arriesgan su vida y la de sus familias para enfrentar esta red necesitan protección recursos y respaldo institucional. Pero también se requiere transparencia rendición de cuentas y respeto y restricto a la ley.

 Bolivia está ante una disyuntiva histórica: permitir que el crimen organizado siga erosionando las instituciones o recuperar la autoridad moral del Estado y garantizar que el estado honesto el trabajo honesto vuelva a ser el fundamento del progreso.

Cuando el crimen penetra en la justicia ,no solamente está en peligro la seguridad de los ciudadanos: está en peligro la capacidad del país para producir invertir generar empleo y construir un futuro digno para sus hijos.
* Economista y abogado