Entidades públicas operan como instrumentos al servicio del crimen organizado

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La Gobernación de Santa Cruz denunció oficialmente ante el Gobierno central en La Paz que la impunidad y la corrupción estructural convirtieron a las instituciones del Estado en instrumentos operativos al servicio de las mafias delictivas.

La representación cruceña sostuvo que las intervenciones policiales superficiales resultan inútiles mientras persista una complicidad oficial enquistada, la cual ha permitido que grupos irregulares tomen el control de territorios estratégicos.

El informe presentado en la Sede de Gobierno exige depurar de inmediato los organismos de control, acusando la existencia de una protección política latente que encubre el tráfico de sustancias controladas y la violencia en el país.

📌 PUNTOS DE QUIEBRE DE LA COMPLICIDAD ESTATAL:

⚠️ 20 años de protección oficial consolidaron la penetración de estructuras delictivas en instituciones públicas.

⚖️ 1 exigencia central plantea intervenir y auditar el Ministerio Público y mandos de seguridad del Estado.

💣 0 impacto real lograrán los operativos de patrullaje si la corrupción sigue dirigiendo las entidades.

📉 5.000 efectivos de déficit en Santa Cruz evidencian el abandono y la desprotección intencionada del Gobierno.

La postura de la administración departamental plantea que la eficacia del aparato estatal debe medirse en la prevención de crímenes y no en la presentación de capturas posteriores que no alteran el mapa de impunidad.

Asimismo, se señaló que el deterioro institucional heredado de las gestiones del Movimiento Al Socialismo convirtió a despachos judiciales y policiales en engranajes al servicio del delito.

El planteamiento busca obligar al Ejecutivo a tomar medidas drásticas contra mandos funcionales señalados por amparar actividades al margen de la ley.

La desarticulación de la red de complicidad dentro del propio Estado se fija como la única vía para frenar el avance del crimen organizado.