Santa Cruz exige que el gobernador comande a la Policía

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La gobernadora en suplencia de Santa Cruz, Paola Aguirre, propuso abrir una vía legislativa para que la máxima autoridad ejecutiva del departamento recupere la atribución de ejercer como comandante de la Policía Boliviana en la jurisdicción regional.

La representante subnacional fundamentó la propuesta al señalar que la Gobernación aporta recursos de presupuesto para la compra de carburantes, mantenimiento técnico y provisión de vehículos, pero carece de capacidad de decisión al momento de planificar operativos y patrullajes preventivos en las calles.

Aguirre sostuvo que la actual centralización del mando ha resultado ineficaz para frenar el avance de organizaciones delictivas que tomaron la región como su base operativa, amparadas en la complicidad de funcionarios dentro de estructuras del propio Estado.

📌 LA BRECHA DE SEGURIDAD EN NÚMEROS:

⚠️ La fuerza policial en La Paz sobrepasa los 9.000 efectivos destinados a labores de resguardo y control.

⚖️ El departamento de Santa Cruz registra únicamente algo más de 5.000 policías en servicio activo.

💣 La tasa de resguardo en la sede de gobierno es de un policía por 300 habitantes frente a uno por 600 en suelo cruceño.

📉 La representación departamental solicitó la redistribución e ingreso de 5.000 agentes adicionales de forma inmediata.

La autoridad puntualizó que las vías de comunicación terrestre, los pasos de frontera, los aeropuertos y el volumen financiero cruceño atraen a redes dedicadas al sicariato y al lavado de dinero, las cuales actúan de manera pública infundiendo temor en la ciudadanía.

En ese sentido, remarcó que el refuerzo de personal policial anunciado por el Ministerio de Gobierno es insuficiente si no se transfiere el control operativo a la instancia subnacional y no se dota de infraestructura, equipamiento y logística adecuada a las unidades de combate contra el delito.

Finalmente, advirtió que el deterioro institucional y la falta de respuesta gubernamental contundente ponen en riesgo la actividad productiva de la región, exigiendo acciones judiciales para depurar a los elementos corruptos dentro de las entidades públicas.

El planteamiento de la Gobernación cruceña marca un punto de inflexión en el debate sobre la descentralización de la seguridad ciudadana y la autonomía operativa frente al poder central.