Gobiernos del MAS protegieron abiertamente al crimen organizado en Bolivia

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El exdirector general de Migración, Marcel Rivas, denunció públicamente en el programa Que No Me Pierda de la red Red Uno la existencia de una red interna de protección estatal articulada durante las gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS). Las declaraciones de la exautoridad señalan que las instituciones de control migratorio y de identificación operaron de manera coordinada para facilitar la permanencia, el libre tránsito y la entrega de documentación oficial con identidades falsas a figuras del crimen organizado transnacional.

Rivas acusó directamente a Rebeca Barbosa Achacollo, hija de la exministra Nemesia Achacollo, de entregar personalmente credenciales y documentos bolivianos al prófugo uruguayo Sebastián Marset. La denuncia establece que Marset contó con pasaporte, cédula de identidad y registros migratorios bajo nombres falsos y un alias habilitado por esta red.

⚠️ FLUJO FRONTERIZO: El operativo coordinado en fronteras aéreas y terrestres permitió la circulación continua de mandos medios y cabecillas sin activar las alertas de Interpol en el sistema nacional.

Rivas sostuvo ante las cámaras que Marset ingresó y salió del territorio nacional en al menos 20 oportunidades entre 2018 y 2019. Según la versión del denunciante, esta movilidad impune fue posible gracias al amparo de funcionarios clave dentro de la Dirección General de Migración y del Servicio General de Identificación Personal (Segip).

La exautoridad confirmó la presentación de denuncias formales ante la justicia para investigar a exautoridades del Estado y del Ministerio Público, citando expresamente a los exministros de Gobierno Carlos Romero y Eduardo del Castillo, además del exfiscal general Juan Lanchipa, por presunta omisión de controles.

⚖️ PLAZO PROCESAL: Las acusaciones formales presentadas ante el Ministerio Público exigen la reapertura de cuadernos de investigación sobre omisión de deberes en la cadena de mando entre 2018 y 2023.

Rivas sufrió la persecución judicial ejercida en su contra. Permaneció privado de libertad durante 2 años y 11 meses en el penal de San Pedro tras ser aprehendido en noviembre de 2020, hasta que en abril de 2024 la justicia le otorgó detención domiciliaria y su posterior absolución definitiva en el caso de las alertas migratorias.

La exautoridad reveló que las irregularidades abarcaron trámites masivos concedidos a extranjeros que buscaban asentamiento legal mediante procedimientos al margen de la normativa vigente.

💣 ALCANCE REGIONAL: Informes de inteligencia cruzados revelan la presencia de nexos operativos vinculados directamente a estructuras del cártel de Sinaloa operando en territorio boliviano.

Entre los nombres citados por Rivas en la cadena televisiva figuran también el brasileño Pedro Montenegro y personas identificadas como descendientes del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, quienes habrían recibido facilidades de permanencia en el país.

El exdirector de Migración cuestionó el rol de Katherine Calderón en el área de Extranjería y el desempeño del Segip durante la gestión de Patricia Hermosa, asegurando que existieron mecanismos de coordinación institucional para validar los documentos de identidad solicitados por la red.

📉 AFECTACIÓN INSTITUCIONAL: Las auditorías a los sistemas informáticos de registro de cédulas y pasaportes revelan la alteración de protocolos biométricos para eludir la verificación de antecedentes.

Rivas concluyó en Que No Me Pierda que los discursos de pugna política en el oficialismo no reflejaban el trabajo permisivo que se desarrollaba internamente en las entidades de control. La exautoridad demandó que las pruebas recolectadas sean procesadas sin encubrimiento por los tribunales.

El uso de las instituciones de soberanía como una oficina de trámites para el crimen organizado demuestra que la impunidad en Bolivia no fue una falla del sistema, sino una política deliberada de amparo desde las cúpulas del poder.