- Destacadas
- 2026-03-02
-
-
-
Loading
Loading
[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]
El Ministerio Público ha oficializado la apertura de siete procesos penales dirigidos contra 51 personas implicadas en la sustracción de valores tras el accidente del Hércules FAB-81. La fiscalía ha segmentado las causas para procesar a 47 adultos y cuatro menores, estos últimos remitidos a la justicia penal juvenil, bajo cargos que reflejan la gravedad de la vulneración a la seguridad estatal.
Esta ofensiva judicial se analiza hoy bajo la lupa de La Mesa de Análisis, donde la fragmentación de los casos en siete procesos distintos busca agilizar las sentencias por delitos de alta complejidad. Sin embargo, la cifra de procesados resulta ínfima frente a los 5.000 ciudadanos que, según informes oficiales, desbordaron el perímetro de seguridad para hacerse con el botín.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, detalló que los saqueadores enfrentan una batería de cargos que incluyen robo agravado, asociación delictuosa y destrucción de bienes del Estado. La tipificación de "instigación pública a delinquir" sugiere que el Ministerio Público no considera el pillaje como un acto espontáneo, sino como una acción coordinada aprovechando el siniestro.
Desde la otra acera, sectores de la defensa argumentan que el ingreso masivo fue producto de la desesperación y el caos, minimizando la existencia de una asociación delictuosa organizada. No obstante, las evidencias recolectadas en el área muestran que los aprehendidos portaban herramientas para forzar los contenedores de billetes mientras el avión aún ardía.
La investigación técnica indica que el asalto ocurrió en los primeros minutos tras el impacto, cuando la turba sobrepasó a los escasos efectivos militares presentes. Los siete procesos penales activados buscan sentar un precedente sobre el "avasallamiento" de zonas de desastre, un cargo poco común que resalta la invasión del área colindante al Aeropuerto Internacional de El Alto.
El despliegue de la FELCC y la División Escena del Crimen ha permitido colectar indicios suficientes para sustentar la acusación por deterioro de bienes del Estado. El avión carguero, además de la pérdida humana, transportaba remesas estratégicas que fueron violentadas sistemáticamente por los saqueadores antes de que llegara el refuerzo policial necesario.
En cuanto a los menores involucrados, el Ministerio Público ha activado protocolos de protección y justicia diferenciada, aunque manteniendo la acusación por la sustracción de billetes. Este manejo dual de las causas penales pretende evitar vicios procesales que permitan la liberación inmediata de quienes fueron encontrados con fajos de dinero en su poder.
La fiscalía también investiga si hubo una omisión de socorro por parte de los saqueadores, quienes priorizaron el robo sobre el auxilio a las 22 víctimas fatales. Este componente ético-legal podría agravar las penas de los 51 detenidos, sumando el dolo de aprovecharse de una tragedia humana para beneficio propio.
Finalmente, el éxito de estos siete procesos dependerá de la solidez de las pruebas audiovisuales y testimoniales que vinculen a cada aprehendido con el robo específico de las remesas. El país observa con atención si esta respuesta judicial será suficiente para frenar la sensación de impunidad que dejó el asalto masivo al Hércules FAB-81.
El Dato de Cierre: Los cargos de robo agravado y asociación delictuosa podrían derivar en penas de hasta 10 años de cárcel para los 51 procesados por el pillaje en El Alto.
