Viernes 09 de enero 2026

Corrupción en Hidrocarburos: De un préstamo de $us 80 millones para Botrading, el Estado solo halla rastro de $us 25 millones

Cronología del Caso Botrading: La ruta de los $us 55 millones desaparecidos que sacude a Bolivia



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El país enfrenta uno de los escándalos financieros más complejos en el sector energético de los últimos años. La Procuraduría General del Estado, a través de la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos, ha logrado reconstruir la línea de tiempo del denominado Caso Botrading, revelando un "agujero negro" de 55 millones de dólares que debían garantizar el suministro de combustible.

Todo inició entre 2022 y 2023, cuando el Estado gestionó 80 millones de dólares para fortalecer la logística de importación de carburantes. Sin embargo, para 2024, las primeras auditorías del caso "Botrading I" ya apuntaban a un manejo irregular, resultando en la imputación de nueve exfuncionarios por conducta antieconómica, mientras el destino de los fondos seguía siendo un misterio.

El hallazgo del hueco financiero

Con la creación de la Comisión de la Verdad en 2025, liderada por el procurador Hugo César León La Faye, la investigación tomó un rumbo forense. Tras cruzar datos bancarios y reportes de ejecución en enero de 2026, el resultado fue alarmante: de los 80 millones comprometidos, solo 25 millones cuentan con respaldo documental real. Los restantes 55 millones simplemente se esfumaron de los registros contables oficiales.

La hipótesis que maneja la Procuraduría apunta a un esquema sofisticado de "pagos fantasma" por servicios de transporte y consultorías que nunca se realizaron. Esta tarde, miércoles 7 de enero, la ofensiva legal se traslada a Santa Cruz, donde se presentará una denuncia formal tras sospecharse que el dinero fue desviado a través de empresas fachada en el oriente boliviano.

¿Por qué el rastro lleva a Santa Cruz?

La elección de Santa Cruz como sede del nuevo proceso no es aleatoria. La mayoría de los contratos de servicios logísticos y almacenamiento de Botrading se firmaron con empresas domiciliadas en la capital cruceña. La justicia busca ahora determinar quiénes se beneficiaron del dinero que debía garantizar el diésel para el sector productivo nacional.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

FECHA/PERIODO HECHO CLAVE IMPLICACIÓN
2022-2023 Préstamo de $us 80 millones: Se gestiona un crédito/movimiento de fondos destinado a fortalecer operaciones de Botrading (logística y comercialización de hidrocarburos). La finalidad era asegurar la importación y distribución de combustibles.
2024 Apertura "Botrading I": Auditorías iniciales revelan irregularidades. Se imputa a 9 exfuncionarios por conducta antieconómica y contratos lesivos. El caso se enfoca en el "cómo" se administraron los fondos, pero el destino final de gran parte del dinero seguía incierto.
2025 Creación Comisión de la Verdad de HH: La Procuraduría, bajo el nuevo Gobierno, inicia una auditoría forense a fondo del sector hidrocarburos. La Comisión es instruida para rastrear el dinero y depurar responsabilidades sin distinción.
Enero 2026 Hallazgo de los $us 55 millones "desaparecidos": La Comisión identifica que de los $us 80 millones, solo 25 millones fueron justificables. El resto no tiene respaldo. Se confirma un "agujero negro" financiero de gran magnitud, afectando directamente al patrimonio del Estado.
Hoy, Miércoles 7 de enero Nueva denuncia en Santa Cruz: La Procuraduría presenta cargos adicionales. Se busca determinar si el dinero fue desviado mediante empresas fantasma en la capital oriental. El caso escala y se prevén nuevas imputaciones, esta vez enfocadas en el "dónde" fue a parar el dinero y quiénes lo recibieron.

¿Qué significa esto para usted?

    Economía: Los $us 55 millones desaparecidos equivalen a casi dos meses de importación de diésel para el sector agroindustrial, recurso que hoy escasea en todo el país.

    Seguridad: La impunidad en el manejo de fondos estratégicos debilita la capacidad del Estado para responder ante crisis energéticas futuras.

    Justicia: El éxito de este proceso en Santa Cruz definirá si el Estado boliviano tiene la capacidad real de recuperar activos robados al patrimonio público.


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