Como muchas otras normativas legales, una ley no alcanzara su vigencia total sin ser reglamentada, de ah que es imprescindible que todas ellas cuenten con este instrumento aprobado por el Poder Ejecutivo, o por cualquiera de los otros rganos del Estado a los que se les reconozca potestad reglamentaria.
Esta inquietud nace de la necesidad de que todos los actos que nos exasperan a los bolivianos por su presunta ilegalidadadquieran un marco jurdico legaldefinitivo, atendiendo la preocupacin de S.E. de meterle noms y arreglar luego. Asimismo, nuestra preocupacin estriba en la perentoria necesidad de, sino legalizar, al menos hacerla ms comprensible a la mayora de los bolivianos mediante un instrumento que nos permita entender por qu la justicia se expide actualmente por el lado ancho, gil y veloz para unos y, para otros, por el lado opuesto, delgado, moroso y condenado a dormir el sueo de los justos.
El pas entero recuerda el furioso y rpido proceso que se instaur en contra del alcalde de Potos Ren Joaquino, por el delito de comprar un lote de vehculos de segunda mano, que an siguen en funcionamiento en dicho municipio, lo que le cost la destitucin de su cargo. Hoy, con sorpresa nos enteramos que el gobierno se apresta a comprar una partida de aviones usados y no existe ni una citacin fiscal para los adquirientes.
En Montevideo acaba de realizarse una cumbre presidencial del Mercosur para denunciar el atropello inferido a S.E. en su vuelo de retorno de Mosc a La Paz por el tenebroso caso del espa de la CIA Snowden. La declaracin conclusiva de dicho evento hace nfasis en la importancia del asilo y el compromiso de todos los pases latinoamericanos de respetarlo y honrarlo. Entretanto, ya van trece meses que el senador Pinto lleva asilado y ninguno de esos epnimos Jefes de Estado hizo la ms mnima alusin a este extrao caso, ni se apiadan ni se inmutan por su suerte.
Son numerosos los hechos que prueban esta aseveracin como es el caso de la orden de aprehensin que se ha dispuesto para los tres dirigentes del TIPNIS: Adolfo Chvez, Pedro Nuni y Fernando Vargas por no haberse presentado a declarar sobre una denuncia del dirigente cocalero Gumersindo Pradel por haber sufrido, en el marco de la justicia comunitaria, una zurra por parte de los indgenas que rechazaron su presencia. Entretanto, en los estrados judiciales sigue haciendo cola Don Marcial Fabricano, en espera de una justicia que nunca llega, por la azotaina que le propinaron sus congneres hace aos, con graves y visibles cicatrices que an persisten. Asimismo, recordamos con asombro que, mientras El secuestro del Canciller Choquehuanca vol en su trmite judicial, hoy se establece que su secuestradora era una agente policial infiltrada en la famosa marcha. Qu paso entonces,los marchistas fueron a parar a San Pedro y los otros a San Jorge?
Es en mrito a todas estas anomalas expresadas, que sugerimos la urgente reglamentacin de la Ley del Embudo.
