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Desterrada la justicia, qu son los reinos sino grandes latrocinios? afirmaba San Agustn de Hipona (354-430 DC). Tantos siglos despus, aplicada la cita al contexto boliviano actual no de reinos sino de gobiernos, se puede firmar sin temor a equivocaciones que de la injusticia se cae en el latrocinio, del latrocino, al abismo de la indecencia, de ah a la cobarda y, de suyo, a las incompetencias polticas. En suma, estos gobiernos humillan a las sociedades que gobiernan.
Rescato el concepto decente del profesor y filsofo israelita Avishai Margalit en su libro La sociedad decente para enfrentarlo con el negativo indecente. Para Margalit una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad, ni los ciudadanos se humillan mutuamente. La humillacin, segn el profesor es un tipo de conducta o condicin tal que ofende a las personas en su dignidad. Las formas de humillacin, se basan en un concepto microtico, es decir en las relaciones entre individuos. Cuando estas conductas humillantes se desarrollan desde los mbitos institucionales donde se ejerce algn tipo de poder, estamos en presencia de conceptos macroticos, vinculados a la organizacin social del conjunto.
En seis aos el gobierno del MAS han dado suficientes pruebas de que Bolivia ha cado en las garras de la indecencia que humilla a la ciudadana, menosprecian su inteligencia y su capacidad de anlisis. Una de las tantas pruebas habidas en estos aos, es el informe del Defensor del Pueblo, Rolando Villena que confirma lo que el mundo vio en imgenes de televisin y circul por Internet profusamente: s, hubo vejmenes y torturas en la desmedida represin a la histrica marcha de los pueblos indgenas en defensa de su territorio, el Parque Nacional Isiboro-Scure (TIPNIS). Sin embargo, frente a las pruebas de esa punitiva accin contra esos pueblos del Oriente, el Defensor exonera de culpa al presidente del Estado, Evo Morales Ayma.
Es necesario aclarar una vez ms para desvirtuar la manipulacin informativa del gobierno, que los indgenas de Tierras Bajas no se oponen a que una carretera vincule a los departamentos de Beni y Cochabamba con La Paz, que integre el pas y lo integre con los pases vecinos. Exigan y exigen modificar el tramo II de la carretera que parte el territorio, y que ms bien se presente un tramo alternativo. Se opona y se oponen, como se opone la sociedad decente, a que esa carretera viole el corazn del TIPNIS para favorecer el imperio de la hoja de coca y de los cocaleros, su insaciable demanda de expansin de su frontera agrcola, as como el imperio de la economa poltica de la cocana, eslabn del capitalismo mundial ilegal de la droga, con sus concomitantes brazos delictivos del narcotrfico y sus mafias.
El informe del Defensor del Pueblo confirma lo que ya sabamos: en el trigsimo octavo da de aquella marcha de 66 das, el pasado 25 de septiembre, la polica se abalanz contra los pueblos indgenas y fue el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti quien dio la orden, aunque lo neg antes y lo sigue negando sin rubor en la cara. Por el contrario descarga la culpa en los uniformados. Burlaron ellos la verticalidad, la subordinacin y constancia segn el lema de la Polica Nacional? En reiteradas declaraciones a la prensa, Llorenti afirma que la polica actu por cuenta propia y quebr la cadena de mando.
En el gobierno del MAS, la responsabilidad de violaciones a los Derechos Humanos siempre la endilgan a otros: a la oposicin poltica, a la derecha, a la embajada de Estados Unidos, a los autonomistas y sus autoridades polticas y cvicas, a las onGs, a los infiltrados responsables de los dficits de electricidad, por ejemplo, como denuncia hoy Morales. Que ahora aparezca en un informe no del gobierno, sino del Defensor del Pueblo, el exministro de gobierno como responsable del monopolio del uso de la fuerza bruta, pareciera un avance pero no lo es . Y no lo es porque excluye al Presidente, adems Capitn General de las Fuerzas Armadas y la Polica. Al obviarlo, viola interesadamente la cadena de mando institucional del Gobierno y del Estado, igual que Llorenti, cuando acusa a los policas haber quebrado el mando al intervenir la marcha, sin que el lo supiera. Pero los policas dicen que recibieron rdenes directas va telfono celular, desde La Paz.
En un gobierno en el que el culto al jefazo -como le dicen a Evo Morales- es poltica de Estado, y que el centralismo en la toma de decisiones a todo nivel es resorte de su absoluto poder, resulta un insulto a la inteligencia la afirmacin de que las cadenas de mando fueron violadas. As, con tanta soltura, cuando la verticalidad y el autoritarismo son moneda comn en las acciones del gobierno de Morales y sus hombres? No es creble.
Justicia desterrada
Una decisin de la magnitud de la intervencin a la marcha en defensa del TIPNIS, solo la pudo tomar el Presidente, aunque la orden haya sido transmitida por autoridad subalterna. No obstante, si el entonces ministro tom la decisin y tambin dio la orden, se puede concluir que la represin a los marchistas burl la verticalidad del orden jerrquico del Estado, desde el Presidente-Capitn General de las Fuerzas Armadas para continuar en el Vice, ambos ausentes en el informe del Defensor. No estn, no aparecen, no saben, no responden, como si no existieran pero, eso s, se lavan la manos y al unsono dicen Yo no d la orden. Asumiendo que no la dieron, porque la dio un subalterno, quin tom la decisin, que es lo que vale a la hora de buscar responsables y sentar precedentes?
En esa accin hubo responsables intelectuales y responsables materiales. Es evidente que la polica, al cumplir una orden y descarar su fuerza bruta contra gente indefensa y pacfica, fue la autora material. Pero, quin es o quines son los autores intelectuales? Por qu exonera ese informe a Evo Morales, el jefazo? Podr eludir este tsunami poltico porque nunca asume estas u otras responsabilidades? Adems, el mismo se declara incompetente pues siempre que las papas queman dice No tengo competencia para solucionar ese conflicto como el actual de lmites entre los departamentos de Oruro y Potos, o como Huanuni, con 13 muertos entre sindicalistas y cooperativistas mineros, en 2006, entre otros. Otra vez la in-justicia favorece a quienes detentan el poder poltico.
El comn de las voces dice que es una actitud cobarde. No obstante, en esta coyuntura, ensayo una hiptesis, que no excluye la cobarda: una ltima encuesta privada hecha para el gobierno por expertos venezolanos, apunta a que la aceptacin de Morales ha cado a 29%. Por eso insiste en la construccin de la carretera pese a que promulg una ley anulndola- para remachar las bases de su podero poltico entre los cocaleros y afines, los ms leales hasta hoy.
Segn Justa Cabrera, reelecta dirigente de la Confederacin de Mujeres Indgena de Bolivia (CNAMIB) El presidente se comprometi con los cocaleros para entregar las tierras del TIPNIS, por eso est en contra de nosotros (El Da-26-XI-11).
En ese orden, Morales no ha dejado de instigar a otras comunidades del TIPNIS para que exijan la construccin de la va transcocalera y hasta ha hecho trasladar en avin hasta La Paz, en calidad de invitados, a dirigentes de comunidades que no marcharon en defensa de ese territorio. Es ms, esos invitados le han entregado a Morales un proyecto de Ley elaborado por hombres del gobierno, obviamente- para que la llamada rodovia da coca siga su curso, momentneamente postergado.Rechazamos las polticas que est haciendo este gobierno, quiere que nos confrontemos entre bolivianos apunta un dirigente de la Confederacin de Pueblo Indgenas de Oriente (CIDOB) Lzaro Tacoo, y no descarta una nueva movilizacin en defensa del TIPNIS. (El Deber-25-XI-11) El mismo matutino recoge declaraciones del diputado indgena Pedro Nuny, quien califica como una vergenza que el gobierno intente por todos los medios construir su proyecto carretero.
La CIDOB, en la asamblea de la V Comisin Nacional de la segunda quincena de noviembre, resolvi declarar al presidente Evo Morales y a su Gobierno enemigo de los pueblos indgenas de tierras bajas por insistir en la construccin de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Por habernos mentido sobre la proteccin del TIPNIS promulgando la Ley 180, que no tienen ninguna intencin de cumplir y ms bien mantiene su decisin de construir la carretera; por lo tanto, declaramos al presidente Juan Evo Morales Ayma y a su Gobierno como enemigos de las naciones y pueblos indgenas del oriente, Chaco y Amazonia, seala el documento aprobado.
En esa instancia denunciaron las acciones divisionistas del Gobierno, que en su afn de construir la carretera por el TIPNIS ha intervenido las comunidades indgenas, procediendo a desinformar, chantajear y sobornar a algunos dirigentes para que acepten su proyecto carretero. El presidente de la CIDOB, Adolfo Chvez, afirm que El Gobierno quiere seguir enfrentando a dos departamentos, como lo est haciendo con Oruro y Potos.
Sin poder asumir la derrota poltica que ech por tierra la imagen de Evo Morales como gua espiritual de los pueblo indgenas de Amrica, defensor de la madre tierra y de la naturaleza, los hombres del gobierno dieron muestras, una vez ms, que el imperio de la indecencia domina la vida poltica en Bolivia. Ahora no vale la palabra empaada ni el valor de la firma presidencial en una ley promulgada, si ella contradice compromisos econmico-polticos con nacionales los cocaleros- y con extranjeros, como la empresa brasilera adjudicataria de la construccin, con muchos millones de sobreprecio, segn denuncias en Bolivia y en Brasil.
En la llamada Ley Corta que anula la carretera, la dirigencia indgena logr que se incorpore el trmino intangible con la intencin de preservar el territorio de la angurria de nuevas tierras por parte de los cocaleros, pero de manera alguna para impedir que los pueblos que habitan el TIPNIS gestionen su territorio con emprendimientos econmicos sostenibles.
Las indecentes maniobras del oficialismo han convertido la palabra intangible en una humillacin tangible al prohibir a los indgenas del TIPNIS cualquier emprendimiento de esa naturaleza.
Si ninguna autoridad asume su culpa por la represin a los que defendieron y defienden al TIPNIS, tampoco por las muertes de La Calancha en noviembre de 2007, durante la espuria aprobacin de la Constitucin Poltica; ni por los muertos de Porvenir, en Pando campesinos azuzados y enfrentados entre ellos por las intrigas del ex ministro de la Presidencia, Juan Ramn Quintana, en 2008; ni por el asesinato de tres extranjeros mercenarios en 2009 en Santa Cruz; ni por los dems muertos de la lucha autonomista; ni por los muertos de Caranavi en 2010, en disputa por promesas incumplidas por el candidato Evo Morales, ni por las ms de 60 muertes violentas durante su mandato quin gobierna la esfera poltica, quin instruye el uso de la fuerza para reprimir o matar, quin manda en la administracin de justicia en Bolivia? Quin asume responsabilidades por el desamparo poltico, social, econmico, institucional, cultural, de gnero y generacional que sufre la poblacin boliviana? Tiene Bolivia un gobierno decente, que no humille a las personas y en el que la justicia se aplique con principio de igualdad, o al menos que ese principio no haya sido desterrado? No, si pensamos en las guillotinas judiciales inventadas para aplastar el Vice dixit- a los adversarios, o si recordamos el complot terrorista-separatista contra Santa Cruz y su dirigencia poltica y cvica, entre otras felonas judiciales.
Tiene Bolivia un gobierno decente, que no humille a sus ciudadanos? No, lamentablemente no. Porque hasta el rasgo positivo y encomiable que tuvo Evo Morales al inicio de su mandato, como la visibilizacin y empoderamiento de los pueblos indgenas -lo exiga en justicia la conciencia democrtica boliviana- ha sido tirado por la borda luego de su soberbia, desprecio, y represin inflingidos a los pueblos indgenas del Oriente.
Si hay que acudir a la realidad, no habiendo otra fuente de verificacin por aquello de que la prctica es la nica validacin de la verdad, el gobierno de Evo Morales ha instituido en Bolivia el dominio de la indecencia, la cobarda, la injusticia y la incompetencia en la prctica de la gestin poltica. Estamos, sin lugar a dudas, en manos de un gobierno que humilla a la sociedad boliviana.