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- 2026-11-18
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El traslado este miércoles del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, al penal de Patacamaya y del exfiscal antinarcóticos Julio César Porras a la cárcel de San Pedro consolidó el derrumbe de la cúpula judicial y fiscal vinculada a las redes de protección ilícita en Bolivia, aunque el destino final del cargamento de las 31 maletas continúa sin esclarecerse.
La reclusión preventiva por seis meses dictada por un juzgado de La Paz dejó en evidencia la ruptura de los acuerdos internos dentro del Ministerio Público y el Órgano Judicial. Apenas el viernes anterior, Quezada y Porras habían aceptado un juicio abreviado con sentencia de tres años en el denominado Caso Maletas buscando evitar el encierro, pero fueron inmediatamente procesados por el expediente del exfiscal general Róger Mariaca, actualmente detenido en el penal de Cantumarca en Potosí.
El caso desnuda una purga institucional sin precedentes donde los operadores encargados de blindar cargamentos ilícitos terminaron encarcelados mientras los eslabones financieros y aeroportuarios permanecen ocultos. El operativo aéreo se remonta al 29 de noviembre de 2025, cuando un vuelo chárter procedente de Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto internacional de Viru Viru con 31 maletas que franquearon los controles aduaneros y policiales bajo la cobertura de un pasaporte diplomático anulado portado por la exdiputada Laura Rojas.
LO QUE SE OCULTA DETRÁS DE LAS CELDAS
⚠️ De las 31 valijas ingresadas sin control aduanero, solo se secuestraron 79 kilos de sustancias controladas y equipos satelitales en un galpón de Santa Cruz.
⚖️ El expresidente del TSJ, Rómer Saucedo, señalado como propietario final del operativo por Quezada y la exdiputada Laura Rojas, permanece prófugo fuera del país.
💣 El exjuez Hebert Zeballos, socio de la empresa de seguridad Ebose donde se guardó la carga, fue recapturado y enviado a Palmasola y acusa a los fiscales presos de fabricar pruebas.
📉 El exfiscal general Róger Mariaca, recluido en Cantumarca, lidera una lista de exfiscales de La Paz, Sucre y Santa Cruz encarcelados por encubrimiento y redes delictivas.
El personaje central que acompañó a Rojas en aquel vuelo fue identificado como Gabriel Giuliano Leoni, registrado como ciudadano uruguayo-estadounidense sobre quien pesa una notificación roja de Interpol en 180 países. Pese al despliegue internacional, inteligencia policial admitió que persisten dudas sobre su verdadera identidad y que su rastro se perdió por completo tras abandonar la terminal aérea cruceña junto al cargamento.
Por su parte, la exdiputada Laura Rojas cumple detención domiciliaria las 24 horas en Santa Cruz luego de permanecer 210 días recluida en el penal de Palmasola y rechazar un acuerdo de juicio abreviado. Aunque Rojas declaró que conoció a Leoni en el avión por intermedio del exjuez Hebert Zeballos y afirmó que este simulaba ser un empresario rumbo a Dubái, declaraciones del entorno familiar de su exesposo revelaron que la exlegisladora y sus hijas vacacionaron con Leoni en Miami y Disney antes del viaje a Bolivia.
En el plano judicial, Rojas y Quezada coincidieron en señalar como propietario final del negocio de las valijas al prófugo expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, quien salió del país tras emitirse una orden de aprehensión en su contra, mientras su exasesor Mauricio Requena guarda detención en Palmasola y su presunto testaferro Walter Suárez accedió a detención domiciliaria como colaborador eficaz.
La red de encubrimiento alcanzó también al exjuez Hebert Zeballos, socio de la empresa de seguridad Ebose a cuyos galpones fueron trasladadas las maletas tras salir de Viru Viru. Zeballos, quien había obtenido arresto domiciliario en agosto, fue recapturado y devuelto a Palmasola tras incumplir el control biométrico, desde donde denunció que el exfiscal Porras intentó ocultar evidencia por orden de Mariaca y ofreció dinero a un guardia del depósito para fabricar pruebas, trabajador que recuperó su libertad hace cuatro días tras diez meses de prisión preventiva injustificada.
El desmoronamiento de la estructura fiscal incluye además la detención preventiva del exfiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, del exfiscal superior Martín Daniel Irusta, del mayor de Policía Rubén Aparicio Villarroel y del exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, aprehendido tras intentar borrar las grabaciones de las cámaras de seguridad de su despacho, mientras la exfiscal Delmy Guzmán continúa prófuga tras ocultar sustancias controladas en el operativo inicial.
Los peritajes oficiales confirmaron que en los allanamientos solo se recuperaron 79 kilos de marihuana de alta pureza, teléfonos satelitales y cuatro valijas vacías halladas meses después, dejando un vacío pericial sobre el resto de las 31 maletas que, según la hipótesis investigativa, contenían una fuerte suma de dólares y cargamento ilícito retirado antes de la intervención policial.
Pese al encarcelamiento de la cúpula judicial y fiscal de tres departamentos, el paradero del dinero, del resto del cargamento y la responsabilidad de las autoridades que autorizaron el paso libre en Viru Viru permanecen sin respuesta oficial.