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- 2026-11-17
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La crisis institucional que golpea al sistema de justicia en Bolivia revela un quiebre sin precedentes: quienes dirigieron las entidades encargadas de perseguir el delito hoy figuran entre los detenidos y procesados por haber facilitado operaciones ilícitas desde el poder, tras admitir el fiscal general interino, José Armando Urioste Viera, una relación "simbiótica" entre organismos estatales y mafias que alcanzaron a la propia Fiscalía.
El diagnóstico lanzado ayer en Trinidad (Beni) durante el Primer Foro Nacional “Justicia en Transición: Desafíos Constitucionales, Penales, Agroambientales e Institucionales” refuerza la gravedad de la caída de las exautoridades judiciales y fiscales: “La corrupción y el crimen organizado son dos caras de una misma moneda”, sentenció Urioste al reconocer que la Fiscalía Superior especializada en crimen organizado tenía antes una "existencia teórica" sin brazo operativo real, lo que facilitó espacios de impunidad desde las altas esferas del Estado.
Mientras el boletín oficial de prensa de la Fiscalía General del Estado se concentró en exponer los pilares técnicos de su nuevo diseño operativo, una sistematización publicada por El Deber sobre esa misma exposición cruzó las palabras de Urioste con los expedientes abiertos para exponer las ocho vías concretas de infiltración del crimen organizado en el Estado.
LAS OCHO VÍAS DE INFILTRACIÓN EN EL ESTADO
⚖️ Captación de autoridades: El exfiscal general Róger Mariaca permanece detenido en Cantumarca bajo investigación por presuntos vínculos con una red de protección, alcanzando las pesquisas a exfiscales y policías.
🚨 Filtración de operativos: Se indaga si el entorno de Sebastián Marset recibió alertas previas antes del operativo del que escapó en Santa Cruz en julio de 2023.
💻 Acceso informático ilegal: Urioste denunció que personas ajenas a la Fiscalía, incluido Marset, ingresaron al sistema ROMA creado en la gestión Mariaca para revisar órdenes judiciales.
🏛️ Uso de influencias judiciales: El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia cruceño Aldo Quezada declaró que el entonces titular del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, le pidió gestionar permisos de viaje para las hijas de la exdiputada Laura Rojas, vinculada al caso Maletas.
🧳 Vulneración de controles: La Aduana investigó la salida sin revisión de 32 maletas en Viru Viru y el uso de un pasaporte diplomático caducado por parte de Rojas.
💰 Manejo ilícito de dinero y bienes: En el caso Mariaca se ejecutaron 33 allanamientos con el secuestro de más de Bs 5 millones, $us 407.000, 46 vehículos y cinco inmuebles, planteando la "neutralización financiera de la red criminal".
🚘 Descontrol de bienes incautados: Vehículos decomisados en operativos contra Marset pasaron al Órgano Judicial y uno terminó asignado a Saucedo, cuestionándose la falta de fiscalización sobre esos activos.
📉 Fragilidad institucional: El exfiscal superior especializado en crimen organizado de la gestión Mariaca, Martín Irusta, se encuentra detenido en Patacamaya tras operar una unidad que, según Urioste, trabajaba con "investigaciones fragmentadas sin una visión de estructura criminal".
El desglose reportado por El Deber a partir de las causas judiciales activas demuestra que la vulneración institucional abarcó desde la manipulación de sistemas informáticos internos y la entrega de bienes incautados hasta el tráfico de influencias en las más altas esferas judiciales, evidenciando cómo las estructuras criminales operaron desde ámbitos estatales y paraestatales.
Por su parte, el informe institucional de la Fiscalía General del Estado detalló que la nueva estrategia busca transversalizar las investigaciones articulando a las fiscalías de sustancias controladas y anticorrupción mediante equipos multidisciplinarios integrados por policías, psicólogos y técnicos informáticos, sumando el rastreo económico a través del Ecosistema MP - Integra.
En esa línea, Urioste defendió la aplicación de procedimientos abreviados como "mecanismos necesarios para desestructurar" a las organizaciones delictivas, figura bajo la cual Quezada y el exfiscal Julio César Porras recibieron sentencias de tres años en el caso Maletas antes de ser aprehendidos nuevamente y trasladados a La Paz por las investigaciones del caso ROMA.
La confesión del fiscal general interino José Armando Urioste en el Beni sobre una relación simbiótica con el delito y el cruce de expedientes judiciales confirman que la cúpula encargada de perseguir el crimen terminó presa o procesada mientras operaban ocho vías de infiltración interna.