Miércoles 18 de noviembre 2026

CASO ROMA GOLPEA A LA ROSCA JUDICIAL

Juez dicta prisión preventiva contra Quezada y Porras por seis meses



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Un juez cautelar determinó este martes la detención preventiva por seis meses para el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, y el exfiscal de sustancias controladas, Julio César Porras, procesados dentro del denominado caso Roma.

La audiencia cautelar se instaló pasadas las 15:00 de este martes 17 de noviembre de manera virtual, mientras ambos imputados permanecían aprehendidos en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). En su fundamentación, el Ministerio Público sustentó la imputación formal por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

Durante la intervención fiscal, los representantes del Ministerio Público solicitaron que Aldo Quezada cumpla la medida extrema en el Centro de Custodia de Patacamaya, mientras que para Julio César Porras se requirió su traslado al penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz.

LOS PILARES DEL CASO ROMA CONTRA LA ROSCA JUDICIAL

⚠️ Imputación directa por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

⚖️ Reclusión preventiva solicitada para Aldo Quezada en Patacamaya y Julio César Porras en San Pedro.

💣 Investigación por presunta red de protección a redes delictivas y manipulación informática en la Fiscalía.

📉 El Ministerio Público advierte que el proceso se ampliará a más funcionarios e instituciones.

De acuerdo con los antecedentes del expediente, el caso Roma —vinculado al denominado caso Mariaca— busca esclarecer la presunta conformación de una organización criminal que habría operado durante la gestión del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Entre los hechos centrales bajo pesquisa figuran la supuesta articulación de una red de protección a estructuras delictivas y la posible manipulación del sistema informático del Ministerio Público para alterar o direccionar causas sensibles.

El Ministerio Público anticipó además que las pesquisas no se cerrarán con estas dos exautoridades, ya que la recolección de nuevos elementos periciales e informáticos podría derivar en la ampliación de la investigación hacia otras personas e instituciones públicas.

La determinación judicial marca un giro en un proceso que mantenía en vilo a los operadores de justicia de Santa Cruz y La Paz por el alcance institucional de las presuntas irregularidades.

Con esta resolución cautelar, Quezada y Porras enfrentarán el desarrollo de la investigación desde los recintos penitenciarios asignados por el juzgado, mientras la Fiscalía profundiza el rastreo de la red de encubrimiento.


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