Roger Mariaca armó un estado mafioso para proteger su red criminal

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El exfiscal Roger Mariaca armó un estado criminal para proteger su red criminal dentro del crimen organizado que estructuró en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Órgano Judicial y la Policía Nacional y hasta en el propio Ministerio de Gobierno. La estructura operaba para garantizar la impunidad de la exautoridad mediante financiamiento económico directo a autoridades e intermediarios.

“Tiene bancada tanto en Diputados como en Senadores, tiene parlamentarios que le responden a él. Eran gente que estaba financiada por Mariaca”, afirmó el viceministro Peter Maldonado. La autoridad añadió que la organización incluía a “jueces coludidos y policías comprados que no respondían a sus mandos”, así como redes de lavado de dinero vinculadas al sector inmobiliario. El Ministerio de Gobierno era una de las entidades del Estado al servicio de Mariaca, dijo la autoridad.

Las investigaciones oficiales apuntan a desarticular la cúpula de legisladores, magistrados y jefes policiales subordinados al esquema criminal. El Ministerio de Gobierno alista las primeras órdenes de aprehensión contra los miembros del Parlamento y administradores de justicia involucrados.

📌 CONOCE LAS CLAVES Y CAUSAS DEL HECHO:

⚠️ EL HECHO: Revelan que Roger Mariaca financió una bancada de parlamentarios, jueces y policías a su servicio.

⚖️ LA CLAVE: El Ejecutivo prepara aprehensiones de legisladores y magistrados vinculados a la red de encubrimiento.

💣 EL TRASFONDO: La estructura criminal operaba con lavadores de dinero, empresarios e inmobiliarias para blanquear capitales.

📉 EL IMPACTO: La penetración del crimen organizado en el Órgano Legislativo y Judicial liquida la credibilidad de las instituciones del Estado.

El rastreo financiero del caso identificó el uso de 'palos blancos' y firmas desarrolladoras para la legitimación de ganancias ilícitas dentro del mercado inmobiliario. Las operaciones policiales abarcan la toma de declaraciones y la verificación de patrimonios no declarados por parte de los parlamentarios señalados.

La penetración de la estructura criminal en las instituciones públicas expone la severidad de la crisis institucional que enfrenta el país. El Poder Ejecutivo mantiene bajo reserva la nómina de investigados para evitar la fuga de los implicados antes de la ejecución de los mandamientos fiscales.

La desarticulación del esquema de impunidad busca procesar penalmente a la red de encubrimiento parlamentario y judicial.