Viernes 20 de noviembre 2026

CAPTURA POLÍTICA EN SALUD

Tres diputados se apoderaron de la Aisem y tomaron el control total



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Mientras los hospitales públicos del país esperan equipamiento y obras que no arrancan, tres diputados oficialistas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) tomaron el control operativo del sistema nervioso de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), tras pedir 50 cargos e incrustar a 40 recomendados, según reveló la exdirectora Daniela Quiroga en declaraciones a ERBOL y Correo del Sur al denunciar que "los tres definían a quién me enviaban, era como un clan".

La dimensión real del copamiento queda al descubierto al cruzar la denuncia con la estructura oficial de la entidad: la Aisem es una institución descentralizada sin directorio cuya planta completa consta de 65 ítems permanentes en todo el país. Haber colocado a 40 personas de confianza política equivale a capturar el 61,5% de todos los escritorios técnicos, jurídicos y administrativos donde se cocinan las licitaciones y se administran más de Bs 324 millones destinados a infraestructura hospitalaria.

Según el testimonio de Quiroga, las presiones comenzaron con recomendaciones de hojas de vida durante sus siete meses de gestión, pero escalaron en los últimos cuatro meses hasta convertirse en órdenes directas y amenazas de destitución cuando rechazaba postulantes sin formación. La exautoridad identificó como integrantes de ese grupo coordinado a la diputada Claudia Bilbao, al diputado suplente Alejandro Medinaceli y al jefe de bancada oficialista Óscar García, quien paradójicamente preside desde marzo la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

ASÍ CAPTURARON LA CAJA DE LA SALUD POR DENTRO

⚠️ Incrustaron a 40 recomendados políticos dentro de una estructura de planta que solo tiene 65 ítems en todo el país

⚖️ Enfrentan denuncias penales ante la Fiscalía por uso indebido de influencias tras admitir la autenticidad de los audios

📌 Exigen su renuncia inmediata al curul y el envío del caso a la Comisión de Ética presidida por uno de los señalados

📉 Controlaron más del 61% de los escritorios de una entidad sin directorio que administra más de Bs 324 millones

De acuerdo con el desglose entregado por la exdirectora, Bilbao envió aproximadamente 30 hojas de vida mediante mensajes de WhatsApp y carpetas físicas —utilizando inicialmente como intermediario a Alejandro Aparicio— e indicaba exactamente qué cargos debían ocupar, llegando a exigir una jefatura de auditoría para una persona que ni siquiera había terminado la carrera universitaria.

Por su parte, Medinaceli convocaba a Quiroga a reuniones en una oficina del piso 19 de la Casa Grande del Pueblo para reclamar por las designaciones pendientes, lo que quedó registrado en la grabación difundida el 17 de noviembre donde el legislador le advierte: "¿Daniela, quieres seguir trabajando o no? No entiendo, porque nos estás generando problemas". La exdirectora resumió el hostigamiento con una frase contundente: "Si no pones, te vas; tienes que ponerlo porque si no te vamos a sacar".

Tras la difusión de los audios, Bilbao y Medinaceli reconocieron que las voces les pertenecen, pero alegaron que las grabaciones fueron editadas y justificaron sus reclamos asegurando que buscaban retirar a funcionarios vinculados al anterior gobierno del MAS, mientras Óscar García atribuyó la crisis a un supuesto ciberataque político y defendió la incorporación de militantes que hicieron campaña. Al mismo tiempo, la defensa de Quiroga, encabezada por el abogado Eduardo León, denunció el inicio de una persecución judicial tras conocerse un informe policial por presuntos cobros ilícitos y una denuncia penal por discriminación interpuesta por el funcionario Gonzalo Muñoz.

La crisis política ya escaló al ámbito penal y parlamentario con las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por el exdiputado Rafael Quispe —junto al abogado Frank Campero— y el activista René Suntura por el delito de uso indebido de influencias tipificado en el artículo 146 del Código Penal. Paralelamente, la diputada Adriana Jiménez y el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, exigieron la renuncia inmediata de los legisladores implicados, la diputada Lissa Claros pidió investigar el uso de la oficina del piso 19 en Palacio de Gobierno y senadores de oposición remitieron una Petición de Informe Oral a la ministra de Salud, Marcela Flores.

Con 40 operadores políticos incrustados en una planta de 65 cargos y con el presidente de la Comisión de Ética señalado como parte del mismo grupo, el caso Aisem deja en evidencia cómo el cuoteo parlamentario logró capturar por dentro una de las cajas más sensibles de la salud pública boliviana.


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