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- 2026-11-20
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Mientras los discursos oficiales prometen austeridad y estabilidad financiera para contener la crisis, el gabinete del presidente Rodrigo Paz Pereira multiplicó por nueve en apenas cuatro meses y diez días el techo presupuestario para sostener los carburantes y eximió al Ministerio de Economía de cumplir el reglamento de control presupuestario, según establece el Decreto Supremo 5778 promulgado el 19 de noviembre de 2026 que autoriza asignar "hasta Bs9.000.000.000.- (nueve mil millones 00/100 bolivianos), de acuerdo a disponibilidad del TGN y remisión de información del uso y destino de los recursos".
La secuencia normativa publicada en la Gaceta Oficial revela que el presupuesto original para cubrir el diferencial entre los costos de importación y el precio de paridad del petróleo crudo voló por los aires en tiempo récord. El 9 de julio de 2026, mediante la Disposición Adicional Quinta del Decreto Supremo 5652, el Ejecutivo autorizó de manera excepcional un fondo inicial de hasta Bs 1.000 millones.
Menos de dos meses después, el 27 de agosto, el Decreto Supremo 5683 tuvo que duplicar el límite a Bs 2.000 millones, y apenas dieciocho días más tarde, el 14 de septiembre, el Decreto Supremo 5705 triplicó la cifra hasta Bs 6.000 millones. La nueva norma firmada en Consejo de Ministros inyecta Bs 3.000 millones adicionales al margen vigente, consolidando un compromiso acumulado de nueve mil millones de bolivianos.
LA LETRA CHICA DEL DECRETO 5778
⚠️ El techo acumulado para subvención de carburantes saltó de Bs 1.000 millones en julio a Bs 9.000 millones en noviembre.
⚖️ La Disposición Final Única exceptúa al Ministerio de Economía de cumplir el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias vigente desde 2018.
📌 Las transferencias del Tesoro General de la Nación se ejecutarán a sola solicitud de YPFB mediante un formulario específico.
📉 El Gobierno amplió el periodo transitorio de precios alegando la necesidad de garantizar el abastecimiento en todo el país.
Más allá de la magnitud de las cifras, el punto más crítico del Decreto Supremo 5778 reside en su Disposición Final Única, donde se establece que, a solicitud de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el Ministerio de Economía efectuará las asignaciones mediante un formulario específico. Para viabilizar esa operación, el decreto exceptúa expresamente a dicha cartera de Estado de aplicar el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias aprobado por el Decreto Supremo 3607 del 27 de junio de 2018.
En la práctica administrativa, esta excepción desmonta los filtros ordinarios de reasignación de partidas fiscales y habilita una vía rápida para transferir recursos del Tesoro a pedido de la estatal petrolera. El decreto menciona que los giros estarán sujetos a la disponibilidad financiera del TGN y a la remisión de información sobre el uso y destino de los fondos, pero elimina las trabas burocráticas previas en el manejo presupuestario.
La norma se sustenta en la ampliación del denominado periodo transitorio para los precios de los productos derivados del petróleo y petróleo crudo, establecido originalmente en el Decreto Supremo 5516 del 13 de enero de 2026. En los considerandos del nuevo decreto, el Ejecutivo admite que la coyuntura económica exige sostener estas medidas de estabilización para evitar el desabastecimiento en el territorio nacional.
Este esquema financiero guarda un paralelismo directo con las políticas de excepción aplicadas en gestiones anteriores, cuando el gasto creciente en subvenciones terminó asfixiando la liquidez del Tesoro General de la Nación sin resolver el problema estructural de la producción interna de hidrocarburos. Con un salto de Bs 1.000 millones a Bs 9.000 millones en poco más de cuatro meses, la presión sobre las cuentas fiscales entra en una fase crítica.
El documento oficial lleva la firma del presidente Rodrigo Paz Pereira y de once integrantes de su gabinete ministerial, dejando la ejecución y el cumplimiento directo bajo responsabilidad de los ministros de Economía y Finanzas Públicas y de Hidrocarburos y Energías.
Con cuatro decretos aprobados entre julio y noviembre de 2026, el Gobierno elevó en un 800 por ciento el techo inicial de recursos comprometidos del TGN para financiar la subvención de carburantes a través de YPFB sin controles presupuestarios ordinarios.