El Estado admite: Bolivia indefensa ante el ingreso de gasolina de mala calidad

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La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a través de su director Germán Jiménez, admitió el colapso de su sistema de fiscalización móvil, confirmando que el país carece de herramientas para detectar el ingreso de combustible desestabilizado en tiempo real. Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, la inoperatividad de dos de sus tres laboratorios móviles desde hace años explica por qué el combustible "basura" sigue fluyendo por los surtidores sin filtros técnicos que protejan el parque automotor nacional.

Esta vulnerabilidad institucional ha provocado un descalabro financiero que ya se traduce en cifras oficiales: el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) ha desembolsado Bs 8.956.022 para compensar a usuarios con motores destruidos. El Estado se ha convertido en un pagador de daños mecánicos en lugar de ser un celoso vigilante de la calidad de los carburantes, aceptando implícitamente que la gasolina que importa YPFB ha tenido graves deficiencias de pureza.

Ante la crisis, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, sostuvo una reunión clave con el sector transporte en Oruro para intentar frenar las medidas de presión. En dicho encuentro, se estableció un acuerdo de diez puntos donde YPFB se compromete a garantizar mejoras en la calidad mediante la suscripción de una adenda para la importación de gasolina con estándares más elevados, reconociendo tácitamente que los niveles actuales son insuficientes.

Sin embargo, el compromiso de realizar controles aleatorios en plantas de almacenamiento y estaciones de servicio choca frontalmente con la realidad técnica de la ANH: no hay laboratorios móviles operativos para ejecutar dichas pruebas fuera de La Paz. La creación de una comisión conjunta entre transportistas y la estatal petrolera corre el riesgo de ser una medida decorativa mientras el 66% de la tecnología de fiscalización permanezca oxidada por falta de mantenimiento.



EL ESTADO ESTÁ PAGANDO CON EL DINERO DE TODOS (BS 8,9 MILLONES) LAS CONSECUENCIAS DE NO HABER MANTENIDO LOS EQUIPOS QUE EVITARÍAN EL INGRESO DE GASOLINA BASURA.

El testimonio de los conductores en las calles es la prueba de que el problema sigue vigente a pesar de las firmas en Oruro; hoy mismo, choferes de base reportan que sus herramientas de trabajo han fallado repetidamente tras cargar combustible. "Van tres veces que se daña mi vehículo; mi hermano se acaba de quedar botado con su micro parado", relató un transportista, evidenciando que el daño al patrimonio familiar no se detiene con actas de entendimiento.

La urgencia para los afectados es máxima, ya que el calendario de compensaciones está en plena cuenta regresiva y el plazo para recibir reclamos vía WhatsApp vence en apenas 11 días, el 15 de abril. Para los casos especiales que requieran evaluaciones técnicas más profundas, la fecha límite es el 30 de abril, dejando poco margen de maniobra para miles de damnificados que aún no han documentado el daño estructural de sus motores.

El abandono de los laboratorios móviles desde 2021 y 2023 denota una negligencia administrativa que ha dejado la puerta abierta para que Bolivia sea el destino de excedentes energéticos rechazados en otros mercados regionales. Sin tecnología en las fronteras, la promesa del ministro Medinaceli de importar combustible con "estándares más elevados" queda sujeta a la buena fe de los proveedores externos, ante la incapacidad de verificación local.

Desde la otra acera, la dirigencia del transporte pesado mantiene el estado de emergencia, advirtiendo que los "controles aleatorios" prometidos por YPFB deben ser inmediatos y con presencia de laboratorios independientes. La desconfianza es profunda, pues mientras se discuten adendas y acuerdos, el SREC sigue sumando millones en pagos por un combustible que nunca debió entrar al país.

La transparencia en la importación de carburantes es hoy la mayor deuda de una administración que ha priorizado el subsidio a la negligencia sobre la inversión en fiscalización técnica preventiva. Bolivia no puede esperar hasta el 30 de abril para saber si tendrá combustible digno; la reactivación de los laboratorios móviles de la ANH es la única garantía real de que el país dejará de ser el basurero energético de la región.

El Dato de Cierre: El SREC ha procesado pagos por Bs 8.956.022 debido a gasolina desestabilizada, una cifra que crece mientras el plazo para reclamar por WhatsApp se agota este 15 de abril.