Caso Samantha: La bebé que le puede costar al Estado un millón de dólares

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El exministro Arturo Murillo ha sido condenado por el delito de difamación tras haber usado el aparato estatal y las redes sociales para destruir la imagen de una ciudadana inocente. En 2020, durante el mediático rapto de la bebé Samantha, Murillo presentó a Lourdes Pacheco ante todo el país como la autora del crimen, basándose en un video de seguridad sin realizar las verificaciones mínimas. Hoy, la justicia le pasa la cuenta a la exautoridad, pero el resarcimiento económico apunta directamente a la caja del Estado.

Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, este caso es el ejemplo perfecto de las "vueltas que da la vida" y el peligro del ejercicio abusivo del poder. En aquel entonces, Murillo operaba bajo una lógica de espectáculo mediático, sentenciando a personas en conferencias de prensa antes que en los juzgados. Seis años después, el escenario ha dado un giro de 180 grados: el "Ministro de Hierro" está recluido en el penal de San Pedro y la víctima que él estigmatizó reclama una indemnización de un millón de dólares.

El sustento legal para que el Estado "meta la mano a la caja" radica en la responsabilidad subsidiaria. Al haber cometido la difamación en ejercicio de sus funciones como Ministro de Gobierno, el Estado boliviano debe asumir el pago si el sentenciado no tiene los recursos. El abogado de la víctima, Frank Campero, ha sido claro: la demanda es millonaria porque el daño moral y el hostigamiento que sufrió Pacheco en redes sociales, impulsado por la cuenta oficial de Murillo, fue devastador e irreparable.

La narrativa del caso recuerda que Pacheco fue aprehendida y expuesta al escarnio público mientras la verdadera raptora seguía libre. La ligereza con la que se manejó la información sensible en aquel momento se convierte hoy en una factura millonaria que el Tesoro General de la Nación deberá enfrentar en un contexto de profunda crisis económica y escasez de divisas.

El Dato de Cierre: Aunque la parte demandante aspira al millón de dólares, un juez de ejecución de sentencia será quien determine la cifra final, la cual sentará un precedente histórico sobre el costo que tienen los errores de los ministros para el bolsillo de los ciudadanos.