Golpe de 10 millones de dólares a la minería ilegal en el río Quendeque

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La Armada Boliviana, en una acción conjunta con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), ejecutó un operativo de alto impacto que desarticuló nueve campamentos de minería ilegal. Las intervenciones se concentraron en la desembocadura del río Quendeque y el río Beni, una zona crítica por su proximidad al Parque Nacional Madidi, reserva estratégica del país.

Este golpe a la minería furtiva se encuentra hoy bajo la lupa de La Mesa de Análisis, debido a que los campamentos funcionaban como centros logísticos avanzados. No se trataba de minería artesanal, sino de una infraestructura compleja con dormitorios, talleres y centros de acopio de maquinaria pesada diseñada para la explotación masiva de oro sin autorización estatal.

Durante la incursión, los efectivos inutilizaron cuatro retroexcavadoras, una volqueta y una draga modificada, herramientas clave para la destrucción de los lechos fluviales. El operativo también logró neutralizar 25 tambores de carburantes que alimentaban la operación, cortando de tajo el flujo energético de estas organizaciones criminales que depredan el ecosistema.

Desde la otra acera, sectores locales denuncian que, aunque se destruye la maquinaria, los cabecillas de estas redes pocas veces resultan aprehendidos, permitiendo que el ciclo de ilegalidad se reinicie en pocos meses. La crítica se centra en la necesidad de una vigilancia permanente y no solo de intervenciones esporádicas en áreas de difícil acceso.

Además de la maquinaria, el secuestro de sustancias peligrosas como mercurio y bórax revela la magnitud del daño ambiental. Estos elementos son utilizados para separar el oro, pero terminan contaminando las fuentes de agua, afectando la salud de las comunidades indígenas y la biodiversidad de una de las zonas más ricas del mundo.

Las Fuerzas Armadas estiman que la afectación económica a estas estructuras delictivas alcanza los 10 millones de dólares. Este monto incluye no solo el costo de la maquinaria destruida, sino también la pérdida de la infraestructura logística que permitía la extracción y el transporte de minerales de forma clandestina.

El Estado busca con estas acciones enviar un mensaje de fuerza ante el avance de las mafias del oro en el norte paceño. La recuperación del control soberano sobre los recursos naturales depende ahora de que estos operativos se traduzcan en procesos judiciales reales contra quienes financian el saqueo del patrimonio nacional.

El Dato de Cierre: El uso de mercurio en el río Beni ha incrementado los niveles de toxicidad en peces, superando en algunos casos los límites permitidos para el consumo humano.